En medios diplomáticos de Washington se comenta que los gobiernos de Argentina y Perú anunciarían medidas contra jerarcas del gobierno de Venezuela. Las sanciones seguirían a las impuestas por EEUU, Canadá y la Unión Europea: congelamiento de bienes, prohibición de entrada y de realizar negocios con personas y empresas de esos países. El tema forma parte de la agenda del Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, en su gira por Latinoamérica que arrancó el 02FEB18 y en la cual uno de los asuntos claves es el impacto de la crisis venezolana en la economía y la seguridad continental.

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Las negociaciones Maduro-MUD están virtualmente paralizadas desde la ronda celebrada el 12ENE18 en República Dominicana. La delegación opositora optó por no asistir a la ronda prevista para el 18ENE18, mientras que el gobierno de México anunció el 23ENE18 su decisión de abandonar las negociaciones a las cuales había sido invitado por la oposición venezolana. Posteriormente, el partido Voluntad Popular encabezado por el preso político Leopoldo López abandonó las negociaciones por lo que la ronda celebrada entre el 29 y el 31ENE18 vio una representación opositora disminuida. El gobierno chileno, en tono de advertencia, no envió a su canciller Heraldo Nuñez y delegó su representación en el embajador Gabriel Gaspar. La negativa del gobierno Maduro para convenir la designación de nuevas autoridades electorales y garantizar condiciones de transparencia se sumaron al anuncio de que las elecciones presidenciales se realizarían en fecha adelantada dejando sin razón las negociaciones con la Oposición a juicio de un creciente número de gobiernos.

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El 31ENE18 el presidente dominicano Danilo Medina, quien personalmente dirige las sesiones de la negociación Maduro-MUD, informó que las partes suscribieron un “acta de avances” negándose a leerla en razón del principio de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Medina precisó que sólo existe un ejemplar del acta del cual él sería custodio. Fue la primera vez que la delegación opositora accedió a firmar un documento y permitir ser fotografiada interactuando con los enviados oficialistas. Hasta ahora las fotografías colectivas fueron en formato “pool spray” tomadas en la sala de reuniones antes del inicio de las deliberaciones privadas. El anuncio de Medina y las fotos dieron pie para que el aparato propagandístico del régimen chavista anunciara la existencia de un “preacuerdo”, mientras el vocero opositor Julio Borges hacía esfuerzos por explicar que no había acuerdo sino avances en algunos temas. El asunto sustantivo sobre las condiciones electorales permanece paralizado.

Al final del día 31ENE18, la cancillería chilena emitió un comunicado en el cual afirmó que “el Gobierno de Chile suspenderá indefinidamente su participación como acompañante del diálogo gobierno–oposición venezolana, al que fue invitado, si no se concretan a la brevedad las condiciones entre las partes para la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y conforme a estándares internacionales”. De esta manera el gobierno chileno condicionó su participación en las negociaciones y, simultáneamente, desmintió al gobierno venezolano: Chile confirmó que no existe un acuerdo.

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Según cables de noticias provenientes de Santiago de Chile el 01FEB18, el subsecretario de Relaciones Exteriores chileno, Edgardo Riveros, habría afirmado que su gobierno “suspendió indefinidamente” la participación en las negociaciones Maduro-MUD. Sin embargo, fuentes oficiales de la cancillería chilena consultadas por este Informe desmintieron que su gobierno ya hubiera abandonado el papel de acompañante-garante. “Lo que ha sido publicado hoy es una confusión en las declaraciones del Subsecretario” explicó una vocera de la cancillería chilena a este Informe. Chile aún no se ha retirado de las negociaciones pero amenaza con hacerlo ante lo que califican como “falta de seriedad” del gobierno Maduro.

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El 19ENE18, un grupo de doce miembros de la Cámara de Representantes de EEUU, todos ellos afiliados al Partido Demócrata, hicieron llegar una correspondencia al Embajador de Brasil en Washington, Sergio Amaral, referida a uno de los siete procesos judiciales que enfrenta el expresidente brasileño Lula da Silva por corrupción. Para el día 24ENE18 estaba prevista la realización en Porto Alegre, Brasil, de la sesión de un tribunal colegiado de tres miembros que consideraría como segunda instancia, la sentencia emitida a mediados del 2017 con la cual un tribunal federal condenó a Lula a prisión de nueve años y medio. El 12JUL17, el tribunal federal de primera instancia presidido por el juez Sérgio Moro encontró culpable a Lula de delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero ya que el exmandatario izquierdista recibió de la empresa constructora OAS un apartamento de tres niveles en la costa de São Paulo como contraparte de contratos de la petrolera estatal Petrobras. Los doce congresistas estadounidenses acusaron en su carta obviamente redactada por manos cercanas a Lula, que el juez Moro había violado los derechos del procesado en lo que calificaron como una “persecución judicial políticamente motivada”. Incluso, sin haberse producido la sentencia del tribunal de segunda instancia, los congresistas firmantes de la carta se permitieron poner en duda su “imparcialidad”.

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Los congresistas estadounidenses contrarios al enjuiciamiento de Lula son, Ro Khanna, Steve Cohen, Raúl Grijalva, Keith Ellison, Frank Pallone Jr, Barbara Lee, Henry “Hank” Johnson, Pramila Jayapal, Karen Bass, Mark Pocan, Marcy Kaptur y Jan Schakowsky. Ocho de esos congresistas suscribieron el 28SEP17 una comunicación dirigida a Donald Trump en la cual, a propósito del huracán Irma, solicitaban crear facilidades para que las empresas de EEUU vendan productos al gobierno cubano. Dos de los firmantes de la carta en defensa de Lula, las representantes demócratas por el estado de California Barbara Lee y Karen Bass, viajaron a La Habana el 26ENE18 como invitadas especiales del gobierno cubano con motivo de la inauguración de una estatua ecuestre de José Martín. Quedó en evidencia que la diplomacia cubana está movilizando sus recursos, incluyendo sus cultivadas relaciones políticas en EEUU, para intentar crear un clima internacional de presión política sobre las instancias judiciales brasileñas involucradas en los procesos contra Lula da Silva.

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Mientras en Washington recolectaban firmas a favor de Lula entre parlamentarios amigos de Cuba, en Brasil los partidarios del expresidente amenazaban con crear una situación de violencia generaliza. El 19ENE18, la presidente del Partido de los Trabajadores, senadora Gleisi Hoffman, afirmó que “para detener a Lula van a tener que detener a mucha gente, pero, más que eso, van a tener que matar gente”.

A nivel global el aparato propagandístico castrochavista realizaba una recolecta de firmas con la consigna “Elección sin Lula es fraude” la cual pretende imponer la idea de que el expresidente tiene derecho a participar en las elecciones presidenciales marcadas para el 07OCT18 pese a estar imputado y condenado en casos de corrupción. Los exmandatarios castrochavistas Manuel Zelaya, Cristina Kirchner, José Pepe Mujica, Ernesto Samper y Rafael Correa encabezan un listado de celebridades de la izquierda planetaria que exigen que Lula sentenciado pueda ser candidato. El castrochavismo aspira recuperar Brasil movido por encuestas que muestran a Lula como el precandidato presidencial con mayor intencionalidad de votos.

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El 24ENE18, el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, confirmó en segunda instancia la sentencia contra Lula y aumentó a doce años la condena de cárcel. El mismo tribunal acordó suspender la ejecución de la condena hasta que los abogados defensores agoten los recursos de apelación en esa instancia, lo que permite que Lula no sea llevado inmediatamente a la cárcel. Según la llamada “Ley de Ficha Limpia” aprobada en 2010, los condenados por delitos de corrupción mediante decisión colegiada en segunda instancia, quedan inhabilitados para aspirar a cargos de elección popular. Los numerosos y onerosos abogados que defienden a Lula ya comenzaron a actuar sobre la cúpula de las instancias judiciales intentando impedir el encarcelamiento y, especialmente, tratando de bloquear la inhabilitación política. En las próximas semanas el tema del encarcelamiento y la inhabilitación deberán ser considerados por el Tribunal Federal Electoral y por el Supremo Tribunal Federal, ya que amigos de Lula con fuerza en esas instancias judiciales intentan modificar la interpretación de leyes y normas. En medios de la cúpula del PT ya evalúan como un fracaso la operación iniciada en 2017 para salvar a Lula de la cárcel promoviéndolo como candidato. En todo caso, el futuro político de Brasil está en manos de la cúspide judicial donde algunos influyentes miembros fueron promovidos a sus cargos por el propio Lula. En los próximos meses es probable que Lula reciba nuevas sentencias en su contra. El 15JUL18 cierra el lapso para la inscripción de candidatos presidenciales en Brasil y la situación judicial de Lula para esa fecha determinará el clima de las elecciones.

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El gobierno de Nicolás Maduro ordenó el emplazamiento de aviones de combate F16 en una base aérea próxima a la frontera con Colombia. El 29ENE18 la “Aviación Militar Bolivariana” en su cuenta oficial en Twitter @AviacionFANB informó que “Se da inicio a la “Operación Aricagua 01-2018”, desde BAEL hacia BAVIVAS, de 58 militares y 04 aeronaves F-16 adscritas al G-16”. El 30ENE18, la cuenta Twitter de la Base Aérea My. Buenaventura Vivas informó que “dando cumplimiento a la orden emanada por el G/J @Vladimirpadrino de garantizar la soberanía e incrementar el patrullaje fronterizo, @Bavivas_AMB recibe al Grupo Aéreo de Caza No. 16”. La Base Aérea Buenaventura Vivas está localizada en el fronterizo estado Táchira al occidente del país.

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