Por solicitud de los representantes de Argentina, Canadá, Chile, EEUU y Perú, la presidente del Consejo Permanente de la OEA, la costarricense Rita Hernández Bolaños, convocó a una sesión extraordinaria el viernes 13JUL18 para tratar la situación en Nicaragua. En medios diplomáticos de Washington se comenta sobre los esfuerzos que un grupo de países realiza para alcanzar los votos necesarios y aprobar una resolución sobre Nicaragua que exija la realización de elecciones presidenciales adelantadas. Como ya ha ocurrido en el caso venezolano, algunos países caribeños y centroamericanos procuran impedir la aprobación de una resolución desfavorable para el gobierno de Ortega.

Ya el 11JUL18, el Consejo Permanente, en una sesión ordinaria había incluido en su agenda la “situación actualizada de los derechos humanos en Nicaragua para conocer un informe actualizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH” ante la ola represiva que ha llevado a más de tres centenares el número de manifestantes asesinados por fuerzas policiales y paramilitares del gobierno de Daniel Ortega. Para esta sesión viajó a Washington el canciller de Ortega, Denis Moncada, quien durante su intervención rechazó el informe de la CIDH. Según el canciller nicaragüense, las protestas populares en su país son “embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado trasnacional con el fin de realizar un golpe de estado”. Sólo la enviada del gobierno Maduro, Carmen Velásquez, tomó la palabra para secundar a Moncada.

Los representantes de Nicaragua y Venezuela intentaron, sin éxito, impedir la sesión del 13JUL18.

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El partido de Lula da Silva ejecutó un estructurado plan para liberar al expresidente de la cárcel donde cumple condena por corrupción. El viernes 06JUL18 arribaron a la ciudad de Porto Alegre los diputados militantes del partido PT Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous. Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, es la sede del cuarto tribunal federal regional TRF4, instancia que sirve de segunda instancia y que confirmó la sentencia a 12 años contra Lula por haber recibido un apartamento playero de manos de una empresa constructora. En la noche del 06JUL18, los tres diputados introdujeron una solicitud de habeas corpus a favor de Lula argumentando que se trata de un precandidato presidencial en razón de lo cual no debería cumplir condena anticipada. La petición de los diputados coincidía con un hecho particular: ese fin de semana, en razón de calendarios aprobados con larga anticipación, estaría de guardia el juez de segunda instancia (“desembargador” en la juerga judicial brasileña) Rogerio Favreto, políticamente vinculado con el PT y quien siendo miembro del cuerpo de 27 jueces del TRF4 no participó en el proceso contra Lula.

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En la mañana del domingo 08JUL18 el juez Favreto, sobrepasando sus facultades como juez de guardia (plantão) ordenó a la Policía Federal la inmediata puesta en libertad de Lula en una decisión que dejaba sin efecto sentencias colectivas firmes del TRF4. El partido PT concentró grupos de militantes alrededor del cuartel policial en Curitiba (estado de Paraná) donde permanece Lula, mientras el aparato propagandístico del PT dentro de Brasil, con fuerte apoyo de medios internacionales controlados desde La Habana, Caracas y Moscú, iniciaban una intensa campaña exigiendo el cumplimiento de la decisión de Favreto. En Internet la fuerte campaña de ataques contra el juez Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia, dejaba ver que la jugada para liberar al expresidente preso había sido un plan diseñado en sus detalles y no la simple iniciativa de unos diputados.

La intervención del juez João Pedro Gebran Neto, quien actúa como relator del TRF4 en los casos de corrupción del proceso Lava Jato, y la decisión en la noche del domingo del presidente del TRF4 Carlos Thompson Flores Len, abortaron la maniobra petista. El juez Favreto se había excedido en sus facultades como “desembragador plantonista” afirmó el 09JUL18 la presidente del Supremo Tribunal de Justicia Laurita Vaz. La maniobra había sido neutralizada pero dejó en evidencia la desesperación que concentra a Lula y su gente ante la evidencia de que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 07OCT18, cuyo lapso de inscripción de candidaturas cierra el 15AGO18.

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El ajedrez político brasileño está cada vez más atado a los procesos judiciales. Los rumores políticos en Brasilia dejan ver que el PT pudiera intentar nuevamente liberar a Lula mediante una jugarreta judicial. El presidente Michel Temer planea viajar a México y Suráfrica a finales del mes de julio y muy probablemente la presidencia de Brasil será asumida por la presidente del Supremo Tribunal Federal STF Cármen Lúcia. En esa circunstancia, la Presidencia del STF recaería en el magistrado José Dias Toffoli quien antes de pertenecer al máximo tribunal brasileño actuó como abogado del partido PT y laboró para el presidente Lula da Silva.

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El gobierno de Ecuador debe retirar a su país de UNASUR como condición para recuperar el edificio que sirve de asiento a la organización. El 05JUL18, el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno anuncio su decisión de solicitar a los gobiernos miembros la devolución del edificio que su antecesor y antiguo aliado político Rafael Correa donara a UNASUR. El anuncio de Moreno se corresponde a la continuación de su ruptura con Correa y con el eje castrochavista, a la vez que refleja el derrumbe del organismo suramericano.

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El entonces canciller de Ecuador Ricardo Patiño y la colombiana María Emma Mejía, quien ejercía como Secretaria General de Unasur, suscribieron el 16JUN11 un “Acuerdo de Sede” fijando las condiciones para el funcionamiento de la nueva organización en territorio ecuatoriano, incluyendo el reconocimiento de la personería jurídica, el régimen de inmunidades y privilegios para los funcionarios y el compromiso del gobierno de Rafael Correa para proveer a la Secretaría General de “una sede temporal en Quito” hasta que cuente con “su presupuesto ordinario propio”. El organismo creado en 2008 en Brasilia apenas había entrado en funcionamiento legal a principios del año 2011 y carecía de oficinas propias.

Sin embargo, ya desde finales del año 2009 el gobierno ecuatoriano había anunciado la construcción en la Mitad del Mundo, en las afueras de Quito, de un edificio para ser donado a UNASUR. El denominado edificio “Nestor Kirchner” fue inaugurado el 05DIC14 como sede permanente de la Secretaria de UNASUR y las bases legales para la entrega en donación fueron establecidas en el “Acuerdo sustitutivo de sede” firmado el 06NOV15 por Ricardo Patiño y el entonces secretario general Ernesto Samper Pizano. Ese nuevo acuerdo previó que la donación del edificio se revertiría a favor de Ecuador en tres posibles escenarios: si los países miembros deciden cambiar la sede de la Secretaría General a otro país miembro; si la República del Ecuador se retira de UNASUR denunciando su Tratado Constitutivo o, si los países miembros deciden la disolución de UNASUR. El cambio de sede o la “terminación del Tratado Constitutivo” sólo son posibles mediante una improbable decisión unánime de los 12 miembros, por lo que la única vía pronta para que se materialice la decisión del presidente ecuatoriano de recuperar el edificio es que Ecuador abandone UNASUR, medida que entraría en vigencia seis meses después de su anuncio oficial.

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El presupuesto de gastos de UNASUR para el año 2018 asciende al monto de US$ 9.786.876 de los cuales US$ 1.090.208 están destinados a financiar un ilusorio “Centro de Estudios Estratégicos de Defensa” con sede en Buenos Aires.

Brasil, que se comprometió durante el gobierno de Dilma Rousseff a aportar el 39% del presupuesto para el funcionamiento de UNASUR, no ha pagado su cuota desde el año 2016. Los gobiernos de Mauricio Macri y Nicolás Maduro (responsables del 16,5% y el 11,6% respectivamente) no han realizado su aporte anual desde 2017. Paraguay no hace efectivos sus aportes desde 2014. A mediados del 2018 sólo Bolivia ha pagado su cuota del año la cual representa un simbólico 1,1% del total de ingresos esperados. Según un informe elaborado por el jefe del gabinete de UNASUR, el colombiano Yuri Chillán, dirigido a la cancillería de Bolivia y datado el 13JUN18, los países miembros adeudan US$ 23 millones cifra equivalente a casi tres años de presupuesto. Según Chillán, UNASUR entrará en cesación de pagos el 30JUL18 y deberá proceder a la recisión de contratos y liquidación de empleados especialmente en un “Instituto Suramericano de Gobierno en Salud”, con sede en Rio de Janeiro, el cual consume US$ 1.360.000 al año.

UNASUR está en quiebra financiera, la cual no refleja la falta de interés de los gobiernos suramericanos de continuar con el proyecto. El organismo estaría pronto a quedar sin finanzas, sin sede y sin miembros de concretarse el retiro definitivo de Colombia, Chile, Argentina y Ecuador en una primera oleada.

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