ROMA.- La policía de Italia investiga a una empresa de este país por su presunta vinculación a un caso de corrupción, a través de sobornos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, razón por la cual allanó sus oficinas y le ha hecho una incautación preventiva de 42 millones de euros.

Las autoridades del país europeo sospechan que la empresa Lattonedil Spa, fabricante de techos prefabricados, pagó al menos 22 millones de euros en sobornos a personas "cercanas al gobierno venezolano y a las jerarquías militares" de Venezuela, para obtener dos pedidos de 13.500 paneles por un valor total de 71 millones de euros, que serían usados en la construcción de miles de viviendas en el país caribeño dentro de un plan social llamado Gran Misión Vivienda.

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Según informó el periodista David Placer, la policía italiana sospecha que la empresa pagó casi el 30 % de toda la facturación en sobornos a funcionarios chavistas, es decir, que por cada 100 euros que pagaba Venezuela por las viviendas, la trama corrupta se quedaba con 30 euros.

La operación, según Placer, contó con varios intermediarios, que utilizaron para los pagos una red internacional a través de empresas pantalla en España, Irlanda, Holanda, Bulgaria y México.

El dinero era traspasado a sujetos aún no identificados, pero referidos como "los venezolanos", radicados en Panamá, y quienes según la acusación serían los corruptos que hicieron posible el pedido de 71 millones a favor de la empresa.

Los destinatarios finales de los presuntos sobornos fueron la alta dirección de la petrolera estatal venezolana que habría confiado directamente, sin licitación, a Lattonedil los pedidos de los paneles aislantes.

En la trama, están implicados Carlos Medina, responsable de compras en la petrolera estatal venezolana PDVSA y Ower Manrique, expresidente de PDVSA Industrial, quien pertenece al círculo de confianza del exministro de Energía y Petróleo de Venezuela y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien es solicitado por el régimen de Maduro que lo investiga por presuntos delitos de peculado doloso propio durante su gestión al frente de la petrolera venezolana.

Uno de los investigados es Sergio Lujambio Irazabal, un mexicano que ha tenido altos cargos en empresas de prestigio como el Grupo Editorial Norma, de Colombia. Lujambio declaró ante la policía italiana y agentes de la policía española y se defendió diciendo que cobró de forma legal una comisión de intermediario con la empresa Lattonedil Spa.

Otro intermediario era Jorge Cladellas Noguera, quien viajaba regularmente a Caracas para asegurar el cierre de los contratos. Cladellas utilizó una empresa en Irlanda para enviar los pagos a los jerarcas chavistas.

Un tercer involucrado es el mexicano Carlos Hérnández, dueño de la empresa mexicana CHT, quien era el enlace entre el grupo de venezolanos radicado en Panamá y la empresa Lattonedil Spa.

La corrupción "chavista"

El régimen chavista está vinculado a numerosos casos de corrupción. Uno de los más emblemáticos es el del teniente retirado Alejandro Andrade, quien fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien lo nombró como Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010.

En ese lapso, Andrade se enriqueció dando acceso a ciertos empresarios privilegiados a miles de millones de dólares que él manejaba gracias al sistema de control de cambios instaurado en ese país.

Andrade fue juzgado por la justicia de EEUU, que lo condenó en 2018 a 10 años de prisión por lavado de dinero.

Durante el juicio, Andrade reconoció haber cobrado sobornos por US$1.000 millones y se comprometió a entregar a las autoridades estadounidenses un monto equivalente. Le fueron decomisadas cinco propiedades, diez vehículos de lujo, 17 caballos de competencia, 35 relojes de marca, así como el dinero depositado en nueve cuentas bancarias en EEUU y Suiza.

Otro caso emblemático de la corrupción "chavista" es el que involucra a la banca de Andorra, país donde están siendo juzgados varios exfuncionarios de PDVSA acusados de cobrar US$2.300 millones en sobornos.

Hasta febrero de 2021, en Estados Unidos se estaban investigando 38 casos que involucraban a 164 personas y numerosas empresas, de acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela.

El pasado 21 de abril, un tribunal de Florida condenó a Edoardo Orsoni, un exrepresentante legal de la estatal PDVSA, por haber aceptado sobornos de empresarios a cambio de la concesión de contratos con la petrolera venezolana, reseñó BBC Mundo.

El caso Saab

En julio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó al empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, y su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero, relacionados con un “plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.

La acusación indica que desde 2011 y hasta 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema del soborno de más de $350 millones de dólares.

Según el texto, en noviembre de 2011 Saab y Pulido obtuvieron un contrato para construir viviendas de bajos ingresos. En ese contexto, habrían aprovechado del cambio oficial venezolano presentando documentos de importación falsos para bienes y materiales que nunca llegaron y sobornando funcionarios para la aprobación esos documentos.

FUENTE: LAPROVINCIADICOMO.IT/CORRIERE DELLA SERA/ILGIORNO.IT/BBC Mundo

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