La CIDH condena inhabilitación de María Corina Machado

El organismo emitió un comunicado en el que advirtió que este tipo de decisiones no hacen más que contribuir a "un ambiente de persecución" que desalienta la participación ciudadana, y alimenta un patrón de detenciones arbitrarias de opositores y sindicalistas y de proyectos legislativos que obstaculizan las asociaciones civiles.

"Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno", apuntó la CIDH.

En este contexto, el organismo interamericano recalcó que, "de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado", ningún órgano administrativo tiene capacidad de restringir los derechos políticos a través de sanciones de inhabilitación o destitución, sino que estas sanciones tan solo pueden ser impuestas por la justicia.

La CIDH recordó que cualquier Estado debe "garantizar la participación política en condiciones de igualdad" y, en el caso de Venezuela, señaló que "es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana".

"La CIDH llama a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos. Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas", concluyó la CIDH

El TSJ, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, ratificó el pasado viernes la inhabilitación por 15 años de Machado, por lo que no podrá ocupar cargos públicos ni presentarse a las elecciones presidenciales de este año. La opositora acusó al Gobierno de intentar acabar con los acuerdos de Barbados, que planteaban unas elecciones libres.

Rechazo generalizado

Poco después de que se conociera el dictamen del TSJ, la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró que la acción contra la candidata ganadora de las primarias y la "prisión política" de actores vinculados a esa candidatura dejan claro que el régimen venezolano "no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes".

Para el organismo internacional, un eventual reemplazo de la candidatura de Machado significaría pasar por alto “el pronunciamiento popular indiscutible” en las elecciones primarias de junio y “liquida una vez más para Venezuela la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes”.

Asimismo, la inhabilitación de Machado fue condenada por varios gobiernos latinoamericanos.

Costa Rica, República Dominicana y Ecuador emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su "rechazo" a la decisión del TSJ venezolano al considerar que "atenta contra la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos".

El Gobierno de Chile expresó "su preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país", señaló la Cancillería chilena en un comunicado.

Asimismo, la cancillería de Panamá divulgó un comunicado en sus redes sociales a través del cual expresó "su preocupación ante la situación en Venezuela y las acciones que puedan constituir un retroceso a los acuerdos de Barbados".

Panamá hizo un llamado "a que se propicien las condiciones para unas elecciones presidenciales libres, transparentes y con la más amplia participación de los venezolanos". Y pidió "que se privilegie el bienestar de los venezolanos y la estabilidad social de su país".

Del lado europeo, el gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, expresó "su preocupación tras las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que confirman la inelegibilidad de varias figuras políticas", según señaló la Cancillería francesa en un comunicado.

En ese sentido, Francia pidió "el respeto y la plena aplicación del acuerdo de Barbados del 17 de octubre de 2023 sobre derechos políticos y garantías electorales, celebrado entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, para que las elecciones presidenciales del segundo semestre de 2024 puedan ser libres y transparentes".

En tanto, el gobierno español, en voz del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, señaló que "esta decisión no ensancha el pluralismo, no es algo que vaya en la línea de lo que a nosotros nos gustaría ver".

FUENTE: Con información de Europa Press / AP