MADRID/WASHINGTON.- Los delegados de las Naciones Unidas y de la Unión Europea en La Habana aseguraron que seguirán de cerca la Marcha Cívica por el Cambio que tendrá lugar el próximo lunes, 15 noviembre . Es la respuesta a la tensión previa que ha suscitado la convocatoria –que será replicada en casi un centenar de ciudades de todo el mundo– y a varias peticiones urgentes, tanto por parte de los organizadores de la marcha como de algunos eurodiputados, para acompañar a los manifestantes y evitar así que sean víctimas de la violencia del régimen cubano.
"La Oficina continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas", afirmó en un correo electrónico Marta Hurtado, quien justificó la no presencia de observadores sobre el terreno explicando que su oficina actualmente no tiene el mandato de participar en el monitoreo in situ en Cuba.
"La Oficina continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".
Esta declaración respondía a la carta dirigida a la comunidad internacional el pasado lunes, emitida por miembros del grupo Archipiélago, organizador de la marcha. En ella, tras señalar el aumento de la represión en la isla desde la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel Bermúdez –una represión que "ha traspasado el marco de la oposición política, implicando a activistas, intelectuales, artistas, médicos y periodistas independientes"–, los organizadores recuerdan las acciones del régimen contra quienes se manifestaron el pasado 11 de julio y las que está llevando a cabo – persecución, acoso, estigmatización, despidos...– contra quienes han convocado y apoyado la marcha del 15-N, calificada como ‘ilícita’ por el régimen cubano, según explica el ABC Internacional.
Ante el temor de que se vuelva a repetir lo sucedido tras el 11-J, con miles de detenciones y acusaciones que suponen penas que superan los 25 años de cárcel, el grupo Archipiélago hace en la misiva un llamamiento "a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarles a que estén pendientes de las calles el venidero 15 de noviembre". Ya que consideran que "el acompañamiento de actores internacionales podría persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra manifestantes pacíficos".
Observadores
No solo el grupo Archipiélago se ha movilizado para pedir ayuda a la comunidad internacional, también lo han hecho varios europarlamentarios, que el pasado 20 de octubre remitieron al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, una carta en la que solicitaban que enviara observadores a la marcha del 15-N.
Una petición que fue contestada por Borrell pocos días después, según ha podido saber ABC. Fuentes de Bruselas, a las que ha tenido acceso este periódico, confirman que el Alto Representante se ha comprometido a seguir de cerca la marcha de la próxima semana, si bien no habría especificado si tiene la intención de que los diplomáticos de la UE salgan a la calle ese día para acompañar a los participantes o lo harán desde sus despachos.
Por otra parte, Borrell apoyaría su decisión de seguir todo aquello que pueda afectar a la sociedad civil, según explican dichas fuentes, vinculándola con el cumplimiento del Convenio sobre Relaciones Diplomáticas firmado en Viena el día 18 de abril de 1961. Según señala dicho texto, entre las funciones de una misión diplomática se encuentra «la de enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al Gobierno del Estado acreditante".
