El paro, iniciado desde el lunes en rutas de la capital, San Salvador, y ciudades como San Miguel, San Vicente, Zacatecoluca, Chalatenango y Usulután; es ordenado por pandillas tras el reciente asesinato de seis conductores, un pasajero y la quema de dos autobuses, al parecer, en un intento de estos grupos delincuenciales por lograr acuerdos con el Gobierno que les beneficien.
Asesinatos de conductores
Tres de las víctimas fueron asesinadas a primeras horas del lunes mientras realizaban sus trayectos habituales entre la capital y la ciudad de San Miguel; el otro homicidio de un chófer y un pasajero sucedió el domingo. Un pandillero arrojó una granada en un autobús de transporte público sin que esta detonara.
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Unos 50 conductores han sido asesinados por pandillas este año, según reiteraciones del presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), Catalino Miranda.
Como es usual en este país centroamericano, a raíz del paro miles se las han ingeniado para llegar a sus trabajos y centros de estudio caminando, o contratando el servicio de vehículos improvisados cuyos dueños aprovechan el momento para obtener algunos ingresos.
Otros lo hacen a pie, en motos o bicicletas, desafiando así la amenaza.
Acción contra el Gobierno
La Policía Nacional Civil (PNC) atribuye a una acción desestabilizadora de las pandillas contra el Gobierno del mandatario Salvador Sánchez Cerén, la actitud contra el transporte nacional.
Las rutas que no han sido las rutas que no han sido amenazadas por las pandillas han dejado de funcionar por voluntad propia ante el temor de perder sus vidas. En algunas rutas de San Salvador la PNC ha dispuesto de sus vehículos para trasladar a usuarios del transporte público, además de redoblar la protección a los transportistas que aún laboran, según confirmación del subdirector general de policía, Howard Cotto.
Miembros de la "Mara 18" permanecen detenidos tras haber sido capturados en un operativo anti pandillas. (EFE ARCHIVO)
La protección “permanente” no solo es a los empresarios de transporte. También incluye a los 60 autobuses, 29 microbuses y 45 pick up que el gobierno dispuso como plan de contingencia para se movilicen los usuarios del centro de San Salvador hacia distintos puntos del área metropolitana.
El terror generada por estos grupos delincuenciales se debe a que están “defraudados y molestos porque el gobierno tercamente se niega al diálogo”, por los “abusos policiales”, los “grupos de exterminio” y la intención de “suspender o restringir privilegios que les proporcionan la Ley Penitenciaria” a los pandilleros, según declaraciones a la prensa internacional del mediador de la tregua entre pandillas realizada en 2012 Raúl Mijango. Con ello demuestran el poder acumulado durante dos décadas de existencia, asegura.
Mijango ha pedido a estos grupos desistir de la violencia y las amenazas para que los conductores puedan abandonar el paro, problema que afecta mayormente a los pobres por su impedimento de movilizarse.
A las declaraciones se han sumado organismos de derechos humanos y cámaras de comercio que piden al gobierno redoblar vigilancia policial a las rutas del país.
El ejecutivo dice que no cederá a este chantaje con el que los antisociales buscan un pacto, según el secretario de Comunicaciones de El Salvador, Eugenio Chicas, quien aseguró que el objetivo de las pandillas "es doblegar a la población, conminar al gobierno para hacer un pacto".
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"Eso es terrorismo indudablemente, y con eso lo que se va a acentuar es el repudio de la población a estos grupos criminales", dijo el secretario de Comunicaciones, quien prometió seguridad ciudadana y que los asesinatos a conductores no quedarán impunes.
"Estos grupos criminales han encontrado en este Gobierno, en el presidente Salvador Sánchez Cerén, un hombre firme, un hombre claro de su compromiso de impulsar una estrategia de persecución del delito, una estrategia de no darles ninguna tregua", sostuvo.
Las pandillas ya cobran peajes a pequeños y medianos negocios salvadoreños para dejarlos operar, fricción que ha dejado incluso a algunos comerciantes asesinados.
Más de 60.000 pandilleros circular por las calles
En El Salvador hay 12,851 pandilleros encarcelados, pero en las calles circulan otros 60,000, según estimaciones oficiales.
El Consejo Nacional de Seguridad, que aglutina a representantes del Gobierno y la sociedad civil, estimó que El Salvador deberá invertir 2,100 millones de dólares en los próximos cinco años en el combate a la violencia.
"Estamos trabajando directamente para golpear a los grupos criminales que existen en el país. Hemos desarticulado 200 grupos de estructuras criminales y hemos llevado a la cárcel a 10,000 personas que han cometido delitos", destacó el mandatario Sánchez Cerén en mayo anterior, al hacer un balance de su primer año de gobierno.
Antes del paro de transporte, trascendió que la Fiscalía salvadoreña abrió una investigación para determinar la existencia de un pacto entre el Gobierno y las pandillas para reducir los índices de violencia en el país.
Como Parte de la investigación fueron citados a declarar el director de la prisión de máxima seguridad, Julio Hernández y el director general de Centros Penales, Rodil Hernández.
Portavoces del Gobierno y la PNC han descartado cualquier pacto con las pandillas, grupos a los que se vincula con la mayoría de los asesinatos en el país.
Una polémica tregua entre las pandillas iniciada en 2012 y que se prolongó por 15 meses, permitió que el promedio diario de homicidios en El Salvador bajara de 12 a 5.
A la ruptura de esa tregua, de la que el pasado Gobierno salvadoreño siempre se desvinculó, se atribuyó en 2014 el incremento de las muertes violentas en esta nación centroamericana.
