La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla afirmó que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son "equiparables a crímenes de lesa humanidad"
Expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla
Europa PressSAN JOSÉ.- La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla calificó el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua como "irrefutable" y condenó las "graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos" documentadas por ese organismo, incluyendo las que afectan a niños y estudiantes.
El informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, al que se refiere la exmandataria fue publicado el 29 de febrero de 2024. Revela que el Estado nicaragüense sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas, afirman que la situación empeoró en 2023.
Documenta una serie de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, y restricciones a la libertad de expresión y reunión.
Chinchilla se pronunció sobre el tema en su cuenta de la red social X, antes Twitter, y afirmó que las violaciones del régimen sandinista son "equiparables a crímenes de lesa humanidad" y que el dictador Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, sus hijos y el cada vez más reducido grupo de cómplices "servilistas no escaparán al juicio de la historia y de los tribunales internacionales", sentenció.
Nicaragua no es signatario del Estatuto de Roma por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene jurisdicción sobre el país. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir el caso a la CPI, organismo jurídicamente independiente de la ONU, aunque cuenta con el respaldo de la Asamblea General. Pero esa posibilidad es poco probable que sea aprobada en el seno de ese Consejo donde China y Rusia, aliados del régimen de Nicaragua, son miembros con derecho a voto.
Jan Simon, presidente del Grupo Independiente de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), dijo “El tirano Ortega, Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, afirmó.
En 2023, Simon explicó que aún cuando el Estado nicaragüense no es firmante del Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la CPI, "los crímenes que se han documentado desde la brutal represión del 2018, permitirían que las víctimas u organizaciones defensoras de los derechos humanos inicien procesos contra las autoridades que integran la cadena de mando de los abusos fundamentales". En ese sentido añadió, que al haber concluido que la nación centroamericana está violando la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, "cualquier país puede demandar al Estado de Nicaragua frente a la Corte Internacional de Justicia", un órgano de la ONU.
La expresidenta instó a la comunidad internacional a tomar medidas para "detener la represión en Nicaragua y garantizar el respeto de los derechos humanos". Chinchilla mencionó la posibilidad de aplicar sanciones individuales a los responsables de las violaciones.
Las declaraciones de la expresidenta Chinchilla se suman a la creciente presión internacional sobre el régimen de Nicaragua. La comunidad internacional está cada vez más preocupada por la situación de los derechos humanos en el país y está considerando medidas para hacer rendir cuentas al gobernante sandinista Daniel Ortega.
Simon afirmó que Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida, tanto en el interior como en el exterior.
Además, “la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, dados los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, así como otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan ampliamente las condiciones para subsistir”, mencionó la experta del Grupo Independiente Ángela Buitrago.
También, revela el informe, que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos son objetivo del régimen sólo por estar relacionados con opositores reales o percibidos como tales. Estas “violaciones por extensión” son particularmente graves cuando se trata de niños y niñas.
“Los niños y niñas son violentados debido a su relación parental o a las actividades y opiniones expresadas por sus padres o familiares. Las deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua conlleva a la separación de varios niños y niñas de sus padres. A varios de ellos se les niega la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero”, reza el documento.
Asimismo, el informe destaca la alarmante consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado en manos del dictador Daniel Ortega y su mano derecha Rosario Murillo. El documento pone especial énfasis en el control total que ejercen sobre el poder judicial.
La experta independiente del Grupo de Expertos Ariela Peralta, señaló que esta centralización del poder no solo garantiza la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, sino que también socava cualquier esfuerzo por lograr la rendición de cuentas.
Peralta describe cómo el régimen de Ortega y Murillo se encapsuló en una burbuja cada vez más sólida con el objetivo de perpetuarse en el poder y aplastar cualquier intento de disidencia.
El Grupo de Expertos de la ONU denunciaron que la Ley de Amnistía promulgada por la dictadura nicaragüense fortalece la impunidad al proteger del procesamiento a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Entre estas violaciones se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura.
Enfatiza que las disposiciones de la Ley de Amnistía son incompatibles con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. En particular, la ley contraviene la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La Ley de Amnistía representa un grave obstáculo para la justicia y para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La ley niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
El Grupo de Expertos hizo un llamado a la comunidad internacional para que presione al régimen de Nicaragua para que derogue la Ley de Amnistía y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Exhortaron a la comunidad internacional a actuar con premura. Entre sus recomendaciones, destacan la ampliación de las sanciones contra personas e instituciones responsables de las violaciones a los derechos humanos. En un contexto donde la impunidad y la criminalización de la democracia imperan, las sanciones se presentan como una medida mínima de rendición de cuentas.
Recomiendan garantizar un acceso justo a los procesos de identificación y determinación de estatus para los nicaragüenses que fueron privados de su nacionalidad, forzados al exilio o les negaron la entrada al territorio nacional. Esta medida busca proteger a los ciudadanos afectados por la crisis y garantizar sus derechos básicos.
El informe pone de relieve la necesidad de una acción concertada por parte de la comunidad internacional. Solo mediante la presión y el compromiso con la justicia se podrá lograr un cambio significativo en la situación de Nicaragua.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2022. Su objetivo principal es llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
FUENTE: Cuenta de la red social X, antes twitter, de la expresidenta Laura Chinchilla, Oficina de Alto Comisionado de los DDHH de la ONU, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Voz de América
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