El presidente izquierdista peruano Pedro Castillo ya presenta en las encuestas los números más bajos de aprobación tras ocho meses de mandato, en contraste con los gobierno previos de los últimos 20 años.
El presidente izquierdista peruano Pedro Castillo ya presenta en las encuestas los números más bajos de aprobación tras ocho meses de mandato, en contraste con los gobierno previos de los últimos 20 años.
Y en simultáneo en las calles y carreteras de más de 10 regiones de Perú se producen protestas y bloqueos de vías en manifestaciones por el alto costo de la vida, la subida de los combustibles y la difícil situación socioeconómica.
Esto obligó al gobierno peruano a decretar súbitamente un criticado toque de queda durante casi 24 horas, en un intento de apaciguar la situación, pero que fue rechazado desde gremios empresariales, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos por ser arbitrario, restrictivo a las libertades constitucionales y perjudicial para la actividad económica.
De acuerdo con la encuestadora Ipsos, en un estudio de opinión levantado los primeros días de abril se obtuvo que en menos de un año el presidente Castillo tiene solo 19% de aprobación.
Y pese a su origen humilde como maestro rural, y su discurso de izquierda de justicia social para los peruanos, el rechazo a su gestión es transversal en todos los estratos socioeconómicos, oscilando entre 89% en las clases A y B y el 70% en la clase E, que representa a los peruanos más humildes.
Al respecto el director del Grupo Fides y especialista en relaciones gubernamentales, Jeffrey Radzinsky, comenta a Diario Las Américas que hay “mucha convulsión” en Perú, donde están “convergiendo una serie de expectativas con políticas públicas pésimas y el gobierno no puede demostrar resultados. Siguen con un discurso similar a las primeras semanas de gestión, y la ciudadanía reclama que luego de 8 meses tienes que mostrar algún resultado”.
Las protestas han provocado desconcierto en el Ejecutivo, que ha reaccionado con errores y premuras. El propio presidente Castillo caldeó los ánimos cuando afirmó la pasada semana que las manifestaciones eran “paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados por algunos dirigentes y cabecillas [...] es necesario decirles acá, que pondremos orden en las próximas horas”, lo que agravó el ánimo de los manifestantes.
Además, como intento de atajar los reclamos, se anunció un aumento de 10,21% en el salario mínimo, hasta 1.025 soles (unos 273 dólares), y se eliminaron impuestos a combustibles e insumos de cadenas productivas como el pollo, fundamental en la dieta del peruano.
Pero los retos para Castillo a corto y mediano plazo son grandes. Radzinsky cree que el presidente peruano “tiene poca posibilidad de atender el descontento con este equipo. Tiene que replantearse (este gabinete), con este equipo es insostenible, no hay con que llevarlo a cabo, y la conflictividad social no solo seguirá en aumento por demandas de distintos sectores, sino porque en 6 meses tendremos elecciones municipales y regionales”.
El diagnóstico sobre el equipo ministerial es que hay “incapacidad de gestión, militantes partidarios, funcionarios en direcciones sin formación. Incluso entre funcionarios honestos el resultado es pésimo porque el perfil es inadecuado”, advierte Radzinsky.
A los reclamos sociales se le suma la perpetua inestabilidad política en el Ejecutivo, en el que se han acumulado rumores de renuncia de varios ministros en el actual Gabinete -el cuarto que designa Castillo en poco más de un semestre- y con el Congreso listo para avanzar en su agenda de confrontación contra el Jefe de Estado y sus cuestionados ministros, y que ya implicó la censura y renuncia del exministro de Salud, Hernán Condori.
Según el estudio de Ipsos, el 62% de los peruanos desaprueba la gestión del Jefe de Gabinete, Anibal Torres, quien ha acompañado a Castillo desde que inició su gobierno, pero cuyo estilo dado al choque no le ayuda a forjar alianzas políticas en un Congreso fragmentado, o avanzar en una agenda o programa de gobierno. Y esto le cuesta cada vez más ante los votantes.
“Castillo no ha logrado establecer ninguna agenda, y el rechazo es generalizado, no solo en la lógica del espectro (ideológico) clásico de derecha o izquierda”, subraya Radzinski.
Esta misma semana estaba prevista una gran manifestación en Lima convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) y la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), dos gremios asociados a la izquierda tradicional.
“Están marchando contra el gobierno, o por ejemplo las protestas de la semana pasada tuvieron a los agricultores como protagonistas, cuando el presidente Castillo en las zonas rurales ganó muy holgadamente” en las elecciones de 2021, enfatiza el analista político.
Aunque Pedro Castillo superó apenas la semana pasada una votación para destituirlo en el Congreso, el pronóstico político entre analistas es que el Presidente no completará su mandato. En la opinión pública (62% de los encuestados) no sentó bien que en el Parlamento no se alcanzaran los votos para removerlo del cargo, mientras que el 61% de los peruanos cree que Castillo “no está capacitado para gobernar, no sabe gobernar”.
Castillo, en una coalición conformada por el partido de gobierno, Perú Libre (de formación marxista leninista) y otros partidos de izquierda y centro, ha mantenido los votos parlamentarios para permanecer en el cargo, pero a cambio ha debido ceder “cuotas” de poder para determinados clanes políticos de la izquierda.
La propia presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, lo reconoció en una entrevista televisiva al señalar que los votos de la izquierda blindan al mandatario. “Lamentablemente, creo que es momento de que el presidente evalúe dar un paso al costado”, expuso la jefa del Parlamento.
“Ese es el ambiente”, dice Radzinsky. “Y lo que pasa es que las salidas jurídicas, constitucionales, están bloqueadas. No le veo a Castillo intenciones de renunciar, porque está aferrado al puesto y porque hay un factor judicial: sabe que será procesado”, por varias causas de presunta corrupción por las cuales están prófugos de la justicia peruana algunos familiares y exasesores del Presidente.
Según Ipsos 60% de los peruanos estarían de acuerdo con “la iniciativa planteada por el ex presidente Francisco Sagasti para que la ciudadanía recolecte firmas y solicite el adelanto de nuevas elecciones generales”. Pero esto requeriría un acuerdo político que de un marco legal, algo que luce difícil de lograr, dice Radzinsky.