A lo largo de mi experiencia legislativa y de gestión pública, he podido constatar que las amenazas asociadas a las Armas de Destrucción Masiva (ADM), los materiales peligrosos y el narcoterrorismo no son riesgos abstractos ni lejanos para nuestra región. Por el contrario, forman parte de un entorno de seguridad cada vez más complejo, donde convergen crimen organizado, vulnerabilidades institucionales y actores hostiles. Este texto busca aportar algunas reflexiones sobre esos desafíos y sobre la necesidad de fortalecer nuestras capacidades de prevención, control y respuesta.
Introducción
Durante años, temas como las armas químicas, biológicas o radiológicas parecían asuntos reservados a las grandes potencias o a conflictos distantes. Sin embargo, las transformaciones del escenario internacional, el auge de la guerra híbrida y la creciente articulación entre terrorismo y crimen transnacional nos obligan a ver estas amenazas desde una perspectiva más cercana. En el Gran Caribe, y particularmente en nuestra isla, existen vulnerabilidades que requieren mayor atención estratégica, capacidad institucional y visión de largo plazo.
Del control de sustancias peligrosas a la seguridad del Estado
Hace años me tocó impulsar como legislador, por solicitud de las autoridades de la ONU, la firma y aprobación del tratado de prohibición de armas químicas. Resultaba extraño que Haití y República Dominicana no lo hubieran suscrito y ratificado.
Quise averiguar por qué, durante tantos años, no lo habían hecho. Una versión plausible tenía que ver con los controles que se exigen tener sobre las sustancias químicas, especialmente, de los precursores, que al parecer ciertos sectores con poder resistían. No se si han establecido cabalmente esos controles, pero en la legislación antiterrorista- de mi autoría-era responsabilidad de la comisión nacional de lucha antiterrorista establecerlos. En estos días me llamó la atención que el Ministerio de Defensa de RD fue el organismo coordinador de un ejercicio regional de reacción ante ataques químicos o de accidentes en infraestructuras asociadas a sustancias químicas.
Ese tema de alta seguridad nacional e internacional de la Prohibición de las Armas de Destrucción Masiva (ADM) me interesó especialmente porque viví la experiencia de un accidente por un depósito inadecuado de desechos radiactivos de cesio en el techo del Hospital Oncológico de Santo Domingo, contingencia que me tocó denunciar en el Congreso con información que me suministró un científico dominicano… y que obligó a una intervención de emergencia de la OIEA. Le di seguimiento al asunto, que podría causar daños a la población en la zona universitaria y sus proximidades. Esa denuncia contribuyó a que hoy contemos con depósitos mucho más seguros y mejor ubicados.
También, siendo legislador, canalicé una denuncia de tráfico internacional de materiales radiactivos para fines médicos, que ingresaban ilícitamente al territorio nacional. La empresa local que tenía autorización de importar en RD dio la voz de alarma, ya que al mercado estaba llegando mucho material radiactivo, y se sospechaba que era traficado por vía aérea desde un país de la región, o que ingresaba por la frontera con Haití, desde el mismo país de origen que tenía la capacidad de producción.
Ya al frente del Ministerio de Energía y Minas, que tuve el honor de fundar, incluimos el asunto en la agenda prioritaria nacional, que comprendía desde detectores de materiales radiactivos para ser colocados en todas las fronteras, hasta la supervisión y calibración de equipos radiológicos, pasando por irradiadores ionizantes de las exportaciones y mejor supervisión de las fuentes y los deshechos.
Pusimos también atención especial a los proyectos de ciclotrones con operaciones irregulares o al margen de la ley, uno de los cuales fue clausurado luego de una inspección acompañada por la OEIA; y se instruyó un expediente judicial que, sin embargo, fue bloqueado por muchos actores de influencia y poder.
Guerra híbrida, amenazas biológicas y narcoterrorismo
Participé en varios seminarios de alto nivel que me dieron una visión más amplia de los riesgos de empleo de ADM, en especial, “de las bombas atómicas sucias”. Salió a relucir que las armas de destrucción masiva más peligrosas son las biológicas (virus modificados y bacterias), que algunos líderes de Oriente Medio llamaron “la bomba atómica de los pobres”. No solo son más fáciles y económicas de producir, sino que en estos tiempos de drones y otros vectores, resultan más factibles de emplear.
En ocasión de estos recuerdos, pienso que hace muy bien el ministro de Agricultura en elevar, en las actuales circunstancias, los controles fitosanitarios en la frontera con Haití, para prevenir el ingreso de plagas y zoonosis que afecten la producción agropecuaria nacional… que es una variante de la guerra biológica, aunque se propaguen “sin intención de dañar”, de manera accidental. Se trata de un capítulo oscuro de la biopolítica.
Aquí hemos tenido evidencias de lo desestabilizador que puede ser este tipo de eventos: solo hay que recordar cómo penetró el cólera con una virulenta cepa de Nepal, provocando en Haití decenas de miles de muertos y afectados. RD se salvó de ser golpeada severamente porque el sistema de defensa sanitaria funcionó.
En el contexto de guerra híbrida global por el que atravesamos, el Gran Caribe es de nuevo un campo de batalla crucial: no es casual que los países miembros del Escudo de las Américas hayan declarado a la Guardia Revolucionaria de la República de Irán y su aliado Hezbolá como grupos terroristas.
Aliados como están ambos a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado transnacional, como se evidenció en las investigaciones de la mediatizada Operación Casandra, constituyen gravísimas amenazas terroríficas.
También resulta muy válido y oportuno el cambio de enfoque de Estados Unidos bajo la administración Trump, de virtualmente asimilar el tráfico de drogas, en especial, el fentanilo, a ataques con armas químicas, y a actuar en consecuencia con una lógica de guerra. Su saldo mortífero anual, así como todas sus secuelas de disolución, no dejan lugar a discusión… ¡Era hora de que EE. UU. dejara de tratar este fenómeno como un asunto sanitario y de criminalidad organizada, y lo asumiera como un asunto de seguridad nacional y continental!
Recomendación
Frente a un panorama internacional marcado por amenazas híbridas, proliferación ilícita y actores no estatales con creciente capacidad operativa, los Estados del Caribe y América Latina deben adoptar una doctrina de seguridad integral que articule defensa, inteligencia, salud pública, energía, agricultura y control fronterizo. Esto implica reforzar los mecanismos de supervisión de materiales químicos y radiactivos, modernizar los sistemas de detección en puertos y fronteras, fortalecer las capacidades de inteligencia preventiva y ampliar la cooperación regional frente a amenazas convergentes, incluyendo el narcoterrorismo, la guerra biológica accidental o deliberada, y la infiltración de redes criminales transnacionales.
Asimismo, resulta esencial que las democracias del hemisferio desarrollen marcos normativos y capacidades institucionales capaces de responder a un entorno de seguridad donde las amenazas ya no responden únicamente a formas convencionales de conflicto.
Conclusión
La seguridad del siglo XXI ya no puede entenderse exclusivamente desde paradigmas militares tradicionales. Las amenazas químicas, biológicas y radiológicas, combinadas con el poder disruptivo del narcotráfico, las organizaciones terroristas y los actores estatales hostiles, exigen respuestas multidimensionales y una visión estratégica de largo plazo.
La experiencia dominicana demuestra que la prevención, la supervisión institucional y la acción temprana pueden reducir riesgos de alto impacto. Pero también evidencia que las vulnerabilidades persisten cuando intereses económicos, debilidad institucional o falta de voluntad política obstaculizan la aplicación de controles. En un Caribe nuevamente atravesado por disputas geopolíticas y dinámicas de guerra híbrida, la defensa de la soberanía y la seguridad regional requiere preparación, cooperación y claridad estratégica.
Autor
Pelegrín Castillo Semán es un líder político, jurista y estratega nacional con amplia experiencia en gobernanza energética, soberanía y políticas de seguridad. Se desempeñó como el primer Ministro de Energía y Minas de la República Dominicana (2014–2020), tras una extensa trayectoria legislativa en la que fue elegido en múltiples ocasiones como diputado al Congreso Nacional y se convirtió en uno de los legisladores más votados del país en 2006. Candidato presidencial en dos ocasiones (2012 y 2016), Castillo ocupa actualmente la presidencia de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), donde ha sido una voz central en los debates sobre modernización del Estado, integridad territorial y desarrollo estratégico. Ha impartido docencia en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Pensamiento Político en destacadas universidades dominicanas, y mantiene una activa participación en plataformas como ProNación, el Club Formosa, CONFENAGRO y el Observatorio Geopolítico de UNICARIBE, además de ser miembro fundador y presidir FHL y FOPPREDOM. Guiado por una visión centrada en la nación, es un destacado defensor de la soberanía, la estrategia energética y la geopolítica regional.
Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com
