CARACAS.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseveró este miércoles que, a su criterio, el Estado necesita un "reordenamiento" que permita un entendimiento entre todos los factores políticos del país caribeño, para poder solventar la fuerte crisis económica, política y social que atraviesa el país caribeño.
Ortega Díaz, indicó que la Fiscalía posee denuncias de personas que han sido obligadas a firmar para determinados eventos gubernamentales, y si no lo hacen son amenazados con quitarles los beneficio que hayan obtenido a través del Estado venezolano.
"Eso es como una esclavitud, una perversión, someter a las personas, que si no hacen tal o cual conducta, o no actúan de cierta manera, son castigados. Es un estado de amenaza permanente, entonces yo solidaria con el pueblo venezolano, creo que el Estado necesita recomposición, reordenamiento (...) entendimiento con los otros, que cesen los acosos, las persecuciones", precisó la funcionaria durante una entrevista por el canal privado Venevisión.
La ley en Venezuela se maneja por caprichos
La fiscal general también resaltó que el sistema judicial penal de Venezuela "se ha venido manejando por caprichos" , ya que no se ha respetado las boletas de excarcelación que tienen aquellos jóvenes, políticos y policías, detenidos por el Gobierno.
"La justicia en este país se ha venido manejando por caprichos. Hay un capricho de alguna persona que ha ordenado que ellos permanezcan privados de libertad, aun cuando hay boletas de excarcelación", detalló.
Ortega Díaz, sostuvo que estas violaciones se evidencian en casos como el de los 14 policías de Chacao que permanecen detenidos, y el del diputado opositor, Wilmer Azuaje, quien se le otorgó recientemente la medida de arresto domiciliario, pero todavía está privado de libertad mientras lo mantienen "encadenado a una escalera".
"No sabemos las razones por las que está detenido, hemos pedido que nos remita el expediente a los tribunales militar. Además, este ciudadano debe estar detenido en su casa, pero esto no se ha materializado (…) No hay una autoridad que cumpla ordenes en este país, no hay una persona sensata con criterio republicano a la que le duela el país y le ponga orden a todo esto", puntualizó.
En cuanto a la detención de los funcionarios policiales que, según un video difundido en las redes sociales, se pudo observar como golpearon salvajemente a un joven con Asperger, Ortega Díaz indicó que presume que no están privados de libertad, porque no han sido puestos a la orden de la Fiscalía, a pesar de que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, indicó recientemente que si fueron arrestados.
La designación de nuevos magistrados no será reconocida por el Gobierno
Ortega Díaz, considera que la designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que hará el Parlamento venezolano, serán desconocidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, de la misma manera que ella lo hizo con la vicefiscal designada por la máxima corte, Katherine Haringhton.
"Ese es el mismo problema también que designaron una vicefiscal al margen de la ley, designan unos magistrados... Yo creo que el Estado hay que ordenarlo. La gente está cansada de esas cosas anormales que no permiten que el Estado funcione y avance", concluyó quien se ha convertido, tras romper con el oficialismo, en una de las voces más duras con el Gobierno venezolano.
Venezuela vive una guerra abierta de poderes entre el Legislativo, en manos de la oposición, por un lado y el Ejecutivo y el Judicial. Este último es acusado de servir al Gobierno del presidente Maduro y cuya legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la propia fiscal.
Ortega denunció en abril la ruptura del "hilo constitucional" por parte del Supremo después de que este tribunal declarara en "desacato" al Parlamento y se atribuyera las funciones de la Cámara, una decisión vista como un "autogolpe" de Maduro por detractores del presidente que fue después parcialmente revocada.
La oposición ha arropado y aplaudido el posicionamiento respecto al TSJ y las denuncias de "terrorismo de Estado" por parte de Maduro de la fiscal, a quien el Supremo ha congelado las cuentas y prohibido salir del país mientras determina si hay motivos para enjuiciarla por "faltas graves" en el desempeño de su cargo.
La materialización del nombramiento de los jueces es parte de la "fase superior" de presión contra Maduro activada por la oposición tras la consulta del domingo pasado, celebrada por la oposición sin el reconocimiento del Gobierno y en la que participaron 7,5 millones de venezolanos, según los organizadores.
Un 98 por ciento de ellos rechazaron la Asamblea Constituyente activada por Maduro -que debe elegirse el 30 de julio- y pidieron la renovación de los poderes públicos. El Parlamento ha anunciado la formación de un "gobierno de unión nacional" para dar respuesta al "mandato del pueblo".
FUENTE: REDACCIÓN / EFE
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