SALVADOR DE BAHÍA.- El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil (la Fiscalía) ha presentado una acción civil pública contra la empresa de radio y televisión Jovem Pan, acusando a la emisora de difundir desinformación y atentar contra el régimen democrático. Se alega que la empresa transmitió contenidos que minaron la confianza de los ciudadanos en los procesos cívicos y la importancia de preservar el régimen democrático. El MPF argumenta que la conducta de Jovem Pan violó la Constitución y la legislación que rige el servicio público de transmisión de radio y televisión.
La acción civil pública presentada por la Fiscalía contra Jovem Pan solicita el cierre de la estación y la condena al pago de daños morales por un valor de R$ 13,4 millones (2.8 millones de dólares). El organismo estatal acusa a la radio y televisión de transmitir contenido que socava la confianza de la población en la democracia, incluyendo desinformación sobre el funcionamiento de las instituciones públicas nacionales e incitaciones a la violencia y a la ruptura del régimen democrático brasileño. La Fiscalía de Brasil también ha recomendado a la Contraloría General de la Unión (CGU) impedir que Jovem Pan firme contratos con la Administración Pública Federal, y que repitan por 15 veces al día durante 4 meses, un mensaje que ellos definan.
Jovem Pan es uno de las principales empresas de comunicación con más de 80 años de existencia, y cuenta con más de 3.000 estaciones. La Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert) ha expresado su preocupación por la actuación del Ministerio Público Federal (MPF) y ha destacado la importancia de la libertad de programación de las emisoras para el ejercicio libre del periodismo y el pluralismo de opiniones. Abert también ha afirmado que estará atenta en la defensa de la libertad de expresión y de prensa, siguiendo el desarrollo de la acción. Jovem Pan, en un comunicado, ha informado que su defensa se manifestará exclusivamente en el expediente.
La empresa de comunicación ha tenido una línea editorial de pluralismo ideológico y tenía periodistas y columnistas de los más diferentes signos ideológicos. Entretanto, en los últimos años ha dejado espacio para periodistas y comentaristas de derecha como Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino y otros que hacían críticas fuertes al Partido de Los Trabajadores (PT), a la Suprema Corte de Brasil y al Tribunal Electoral. Ese tipo de línea editorial ha provocado la ira de las fuerzas que ahora son gobiernistas.
Preguntamos a jueza jubilada, Ludmila Lins Grilo sobre esa acción de la fiscalía. Grilo ha dicho que el instituto de la acción civil pública es muy positivo, pero en algunos casos ha sido distorsionada para hacer persecución política/ideológica. La magistrada aclaró: “Lo que hicieron los periodistas de la Jovem Pan fueron dar sus opiniones, y lo que está haciendo el MPF es dar una interpretación ideológica de la opinión de los periodistas. Es decir, como el MPF no le gustó la opinión que se dio, están utilizando la maquinaria pública para realizar este tipo de persecución, que no debe admitirse de ninguna manera.”. Ludmila Lins aún contextualizó que las amenazas contra la libertad de prensa y expresión empezaron contra el periodista Allan dos Santos, y desafortunadamente hubo una omisión de amplios sectores de la prensa frente a esa persecución.
El periodista Paulo Polzonoff ha escrito sobre el tema: “Esta es la democracia autoritaria del MPF. La que tienes que tragar en seco. Sin quejarte ni cuestionar. De lo contrario, serás castigado de manera ejemplar, como lo hicieron los escuadrones de adoctrinamiento durante la Revolución Cultural Maoísta".
Las similitudes entre Brasil y los regímenes autoritarios de la región siguen creciendo. Medidas tomadas en Venezuela, Nicaragua, Cuba o China parecen cada vez más habituales en Brasil. Ya sea acusando a diputados, persiguiendo a periodistas, instituciones tomadas por partidos políticos, y ahora hasta amenazas de fiscales de cerrar radios y televisiones bajo el pretexto de "preservar la democracia".