Un funcionario comprueba los documentos de migrantes que esperan para regularizar su situación en México frente al Instituto Nacional de Migración de Tapachula, estado de Chiapas. Migrar es pagar, aunque no siempre sea a un traficante.
AP/Marco UgarteTAPACHULA.- Migrar es pagar, aunque no siempre sea a un traficante. Y los migrantes lo descubren nada más llegar al principal punto de entrada en el sur de México, la asfixiante ciudad de Tapachula, donde no hay trabajo ni oportunidades pero sí miles de extranjeros ansiosos por seguir su viaje al norte y trámites burocráticos que se extienden durante meses.
Con el constante aumento del flujo migratorio se han multiplicado en el país los abogados e intermediarios dispuestos a aprovechar la situación y proporcionar documentos o asesoramiento a aquellos migrantes que pueden permitirse pagar y no quieren arriesgar sus vidas hacinados en un camión rumbo a Estados Unidos.
En casi dos docenas de entrevistas con The Associated Press, migrantes, funcionarios y ex agentes migratorios describieron una red que opera en los límites de la legalidad, que coopera y, a veces, soborna a servidores públicos de un área con una gran corrupción enquistada, y que, en ocasiones, trabaja directamente con los coyotes o traficantes de personas.
El negocio no es nuevo pero la estrategia de México durante el último año, de administrar el imparable número de llegadas facilitando ciertos permisos sin criterios claros, ha alimentado estas redes prestas a acelerar trámites o revertir una detención por unos cuantos cientos de dólares.
Permisos de tránsito, visas temporales, todo está disponible por un precio. Y aunque son documentos legales eso no impide que puedan ser destruidos en algún punto de la ruta o que el migrante sea detenido o devuelto al sur de México debido a una aplicación arbitraria de la política migratoria o a la acción de funcionarios corruptos en cualquier puesto de control.
Atravesar México, un país plagado de cárteles que ganan millones con el tráfico de migrantes, siempre es un riesgo. Hacerlo legalmente puede reducir ciertos peligros.
Los migrantes suelen optar por pedir refugio en el país aunque no esté en sus planes quedarse y sólo aspiren a llegar a la frontera de Estados Unidos con su situación regularizada.
En el año fiscal estadounidense, que terminó el 30 de septiembre, los inmigrantes fueron detenidos 2,38 millones de veces en la frontera entre Estados Unidos y México, un 37% más que el año anterior y más del doble del nivel más alto registrado durante la presidencia de Donald Trump, en 2019.
No está claro lo que podría suceder si las restricciones al asilo que Estados Unidos impuso al inicio de la pandemia y que su Corte Suprema decidió esta semana mantener, se eliminarán finalmente el próximo año.
Pero el actual récord de llegadas ya ha causado estragos en el sistema mexicano porque la inmensa mayoría de esas personas cruzaron México por tierra, muchos después de permanecer tiempo varados en el sur, un cuello de botella donde a más gente, más esperas, más desesperación y más protestas.
Por eso, desde hace un año el gobierno mexicano ha intentado aplacar esta tensión descongestionando Tapachula mediante la flexibilización de los criterios para otorgar ciertos permisos temporales y de tránsito a aquellos migrantes difíciles de devolver a sus países o que, por haber solicitado protección mexicana, no pueden ser retornados. Este grupo de personas no susceptible a ser devueltos fueron 290.000 este año, casi diez veces más que en 2019.
Ante este panorama, los procesos de regulación migratoria puede llevar meses y cualquier oferta para agilizar esos trámites es tentadora. En el sur las opciones proliferan promocionadas en redes sociales y ajustadas a todas las urgencias y presupuestos. Más al norte, son más escasas y pagar a operadores específicos que monopolizan el negocio puede ser la única forma de salir de un centro de detención.
Los extranjeros raramente denuncian los abusos porque asumen que estos desembolsos -voluntarios o forzosos- son parte del precio a pagar para llegar a Estados Unidos.
Las autoridades pocas veces actúan de forma contundente contra funcionarios corruptos con el argumento de falta de pruebas.
En diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo con el principal compromiso de combatir la corrupción y reconoció que el Instituto Nacional de Migración (INM) era una de las instituciones más corruptas de México. Sin embargo, en los cuatro años que lleva su gobierno sólo una de cada 1.000 investigaciones internas abiertas por la agencia migratoria llegó a la fiscalía, según datos obtenidos a través de solicitudes de información.
El Instituto Nacional de Migración no respondió a múltiples peticiones de comentarios sobre sus esfuerzos para combatir la corrupción ni aceptó diversas solicitudes de entrevistas con sus responsables. Este mes, en un comunicado, indicó que había seguido todas las recomendaciones emitidas por la oficina de control interno como parte de su compromiso contra la corrupción.
Sin embargo, la falta de rendición de cuentas ha facilitado que los gestores operen e intercambien pagos e información con los funcionarios.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública, los abogados del Estado que desde 2019 tienen en la migración una de sus prioridades, es de las pocas entidades oficiales que ha levantado la voz para denunciar arreglos entre agentes migratorios y gestores privados aunque eso ha conllevado amedrentamientos y amenazas hacia algunos de sus trabajadores.
“Esto no va a acabar nunca porque están involucrados muchos altos mandos que están percibiendo muchísimo dinero”, comentó Mónica Vázquez, abogada pública de Puebla, en el centro del país. Y la situación va a peor, aseguraron ella y algunos de sus compañeros.
Comprar documentos, sin embargo, no es garantía de nada. Las autoridades de un estado los emiten, las de otro pueden romperlos.
Un cubano de 37 años que ya está en Estados Unidos y que pidió no ser identificado por temor a que sus declaraciones puedan afectar a familiares y amigos que todavía están en la ruta, contó que unos días después de conseguir sus documentos, previo pago de 1.800 dólares, fue detenido.
El autobús en el que viajaba, y que venía incluido en el precio, paró en una gasolinera del estado de Puebla, al este de Ciudad de México. Agentes de migración subieron al vehículo y, según explicó, fueron directo adonde estaba el grupo de cubanos, les quitaron los “salvoconductos” y los rasgaron.
Según su relato, al llegar al centro de detención migratoria uno de los agentes le explicó cómo funcionaban ahí las cosas. El cubano recordó que el funcionario lo miró a a la cara y le dijo que para quedar libre tenía que pagarle 1.500 dólares y él, con ayuda de una abogada, lo pondría en un autobús hasta la frontera.
El cubano no aceptó y se declaró en huelga de hambre junto con otros compañeros. Por mediación de funcionarios de las Naciones Unidas que visitaron el lugar se contactó con la abogada pública Mónica Vázquez, que acabó sacándolo de forma gratuita.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública lleva tiempo denunciando la forma de trabajar de los agentes migratorios en las oficinas de Puebla y se ha quejado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de una presunta colusión entre funcionarios y un bufete de abogados privado que está afectando los derechos de los migrantes.
Las autoridades migratorias se negaron a contestar preguntas específicas sobre las denuncias de corrupción en Puebla.
De 2020 a 2021, cuando la Defensoría Pública comenzó a hacer públicas estas irregularidades, el general retirado José Luis Chávez Aldana era el jefe de la delegación. Según el portal oficial que ofrece información sobre servidores públicos, en septiembre de 2021 dejó el cargo y fue trasladado a un puesto similar en las oficinas de migración en el Estado de México, en el centro del país.
El Instituto Nacional de Migración no aclaró a AP si sigue trabajando para ellos o si está en investigación, sancionado o procesado. Chávez Aldana tampoco contestó a una solicitud directa de comentario.
David Méndez, quien fue nombrado titular de migración en Puebla a principios de 2022, reconoció que había irregularidades cuando asumió el cargo pero no hizo denuncias porque “una cosa es que resulte evidente una situación que se da y otra que se generen los elementos duros para acreditar una responsabilidad”.
Sí intentó “cerrar las llaves de fuga de información” con nuevas reglas e hizo convenios con la Defensoría Pública para promocionar a sus abogados gratuitos, explicó en entrevista con AP. A los seis meses, Méndez fue trasladado y dejó el gobierno federal. No quiso aclarar los motivos.
Vázquez ha presentado tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciando la situación en Puebla, la última en agosto de 2022. La Comisión, preguntada por AP, indicó que una de las quejas seguía abierta y las otras dos habían sido cerradas pero no explicó cuál fue el resultado de las investigaciones. Vázquez indicó que ella tampoco había sido informada de los detalles.
La oficina del Instituto de Migración en Puebla está dirigida ahora por quien fuera el número dos del general Chávez Aldana.
FUENTE: Con información de AP
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