La sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas opera como uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro, donde más de cien reos, entre ellos veinte militares de alto rango, permanecen aislados en sótanos sin ventilación, ni luz solar; donde viven una pesadilla que muchos jamás imaginaron.
Así lo denunció a DIARIO LAS AMÉRICAS, Molly De La Sotta Quiroga, hermana del capitán de navío Luis De La Sotta, detenido en el DGCIM, acusado de estar involucrado en la llamada Operación Armagedón, un caso fabricado por el régimen de Maduro en 2017 que involucra a la líder opositora María Corina Machado, otros altos oficiales de los comandos de la Brigada de Mar y otros civiles.
El horror que viven los De La Sotta no es distinto al que padecen las familias de la mayoría de los presos políticos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, en este momento hay 859 personas encarceladas por motivos políticos, cifra que podría aumentar debido a las detenciones de los últimos días como la ocurrida el pasado miércoles contra el general Lozada Saavedra, a quien involucran con otro supuesto intento de golpe.
En entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, Molly De La Sotta relató cómo opera la red de tortura en la que no sólo están involucrados los funcionarios de la DGCIM, sino que también son cómplices jueces militares, médicos forenses, fiscales y abogados.
“Mi hermano, el Capitán de Navío Luis De La Sotta, fue detenido arbitrariamente el 18 de mayo de 2018 en su lugar de trabajo en la Bahía de Turiamo [en la zona oriental del país]. Para ese momento, era el segundo en jerarquía de los comandos de la Brigada del Mar (un escuadrón élite). Allí, ocho hombres fuertemente armados lo detuvieron como un delincuente, y se lo llevaron a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas”.
Ese día comenzó la tortura. Según relata la hermana, lo ingresaron a un cuarto oscuro, con las muñecas atadas a la espalda con un par de esposas que quedaron severamente ajustadas. “Lo tiraron en el piso, lo golpearon con palos. Cuatro hombres lo torturaron para que hablara del supuesto complot. Le colocaron una capucha y le metieron gas lacrimógeno; le practicaron asfixia mecánica con bolsas plásticas. Allí estuvo cuatro días sin alimentos, sin agua, sin ir al baño”.
Explica que a los cuatro días fue revisado por el médico forense, Luis Manuel Hugo Pinto, quien debía constatar el “buen estado de salud” de él y de otros compañeros detenidos, quienes según el relato de De La Sotta, también fueron torturados. Se trata el Capitán de Corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rausseo. Comentó que los cuatro detenidos tenían los rostros tapados con capucha, y aun así el especialista forense aseguró que estaban en perfecto estado de salud.
“Luego de ser torturados, con la misma ropa ensangrentada, fueron llevados a la audiencia de presentación ante la jueza Claudia Carolina Pérez de Mogollón, quien estaba con la fiscal militar, Keyla Ríos Lara y un grupo de defensores públicos. La juez le asignó como defensor público, al capitán Enrique Simeone quien solo fue a visitarlo una sola vez en cinco meses para recomendarle que se declarara culpable”.
Explica que en esta primera audiencia su hermano denunció la tortura del cual fue víctima, y que además no había recibido la atención médica adecuada por ser hipertenso; pero ante sus relatos la jueza Pérez de Mogollón aseguró que no era su competencia, y que la fiscal presente debía investigar tal situación; pero esto jamás ocurrió.
"La Operación Armagedón es un caso de conspiración en el que supuestamente estaban involucrados varios comandos de la Aviación, de la Guardia Nacional y de la Armada con la dirigente del partido Vente Venezuela, María Corina Machado. Se suponía que mi hermano era el enlace de esa gran conspiración entre Estados Unidos, Colombia y esta dirigente política. Por eso los agarran a todos, no solo a los Comandos del Mar, sino también al jefe de la Brigada 20 de la Aviación, el teniente coronel Ruperto Molina; al mayor Ramos Suárez de la Guardia Nacional, entre otros, quienes fueron exhortados a declararse culpables”.
Afirma que una vez denunciada la tortura de la cual había sido víctima, lo regresan a la sede del DGCIM donde conoce al famoso cuarto “El Tigrito”.
Lo describe como “una habitación oscura, de paredes blancas pero donde no hay luz y ni siquiera se podía ver las manos. Lo tiraron en el suelo como a un animal y allí dormía y comía porque los alimentos se los lanzaban al suelo, donde también hacía sus necesidades fisiológicas. Estuvo 32 días sin salir de allí, sin ver la luz, sin hablar con nadie. Aislado, solo. Sin tener conocimiento de si era de día o era de noche. Mientras tanto, nosotros no sabíamos dónde estaba, ni su estado de salud. Allí le aplicaron no solo tortura física sino psicológica, diciéndole que le iban hacer algo a la familia”.
Molly De La Sotta cuenta que en este tiempo, mientras su hermano estaba en un sótano de la DGCIM, la familia denunció el caso ante la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo por detención arbitraria y desaparición forzosa, pero en ambas instancias nunca se pronunciaron.
Cuenta que al sacarlo de esa celda, desorientado y asustado, lo llevan a otra celda muy pequeña de 2 metros cuadrados (21 pies cuadrados) donde no tenía ventana, la puerta estaba cerrada y le lanzaban la comida por un pequeño hueco. En esa otra celda nunca apagan las luces y allí permaneció junto a otras cuatro personas, quien jamás salían ni para ir al baño.
“A mi hermano, en ese momento le tocaba la visita semanal de tres horas los sábados. Podía hablar con sus familiares en un sitio llamado la pecera, donde vigilan permanentemente a los detenidos. Ese día era cuando lo dejaban usar el baño para luego ver a sus familiares. Aquí estuvo tres meses”.
Asegura que en este momento comparte una celda más grande con 60 reos, con un sólo baño, donde solo ven la luz del Sol, si tienen suerte, y son sacados durante 15 minutos a la azotea de la edificación, ya que allí no hay patio, ni zonas de esparcimiento como en otros penales.
“Esa estructura fue construida para 20 detenidos, pero ahora están más de 100. Entre civiles y militares, quienes sufren de hacinamiento. Cuando los apagones de marzo, ellos estuvieron más de 48 horas a oscuras, sin atención. Y luego los sacaron al techo del edificio y los dejaron allí todo el día, bajo un sol inclemente”.
Cadena de tortura
De La Sotta explica que la orden de aprensión tanto de su hermano como de los otros funcionarios son órdenes genéricas, aportan pocos datos de los detenidos con el único fin de poder involucrar a todo aquel funcionario que sea incómodo para el régimen.
“Mi hermano había denunciado a un superior que se estaba robando unos pollos, y que además estaba construyendo su casa con la mano de obra de los mismos militares. Y luego lo involucran en un caso, que no tiene sustento”.
Recalca que ante esta serie de eventos, los familiares lograron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le dictara el pasado año medidas cautelares para proteger su salud y su vida, pero hasta la fecha estas medidas han sido obviadas por el régimen.
“La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, está en conocimiento del caso de mi hermano y de los otros militares involucrados en ese supuesto complot, asegura la hermana de La Sotta en sus declaraciones.
“En su reciente visita a Venezuela, Bachelet escuchó el relato de los familiares y designó a dos expertos para investigar el caso. Por lo que estamos esperando qué ocurrirá con esa investigación”.
Aclaró que ni la señora Bachelet, ni su equipo de trabajo conocen los sótanos de la DGCIM, por lo que exhorta a los representantes de las Naciones Unidas a acudir a este lugar en Caracas y verificar la existencia de ese centro de tortura, amparado por el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el único testigo del régimen en este caso se escapó de Venezuela, y es un desertor. Aun así ellos continúan viviendo una pesadilla colmada de tortura y terror.
