Trabajadores y pensionados no reciben aumento de su remuneración desde 2022, lo que amenaza con destapar un conflicto social en medio de maniobras del régimen
Protestas contra el salario mínimo en Venezuela
EFE (archivo)CARACAS.-Un trabajador activo o uno retirado en Venezuela lleva más de tres años percibiendo el mismo salario mínimo, o pensión si es el caso, de 130 bolívares mensuales, lo que equivale a menos de 0,3 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial, en una economía que naufraga entre la presión inflacionaria, la corrupción y la ineficiencia oficial.
El monto es el más bajo de América Latina, inclusive que el de Cuba (87 dólares al cambio oficial al cierre de 2025) según índices salariales, y amenaza con agudizar la ya severa crisis económica y destapar la “olla de presión social” ante la precariedad del salario que impacta la vida nacional.
“La restitución del valor del trabajo es indispensable para la recuperación de la economía en Venezuela”, sostiene Monitor Sindical, una plataforma que agrupa las denuncias de los sindicatos y gremios autónomos del país, y emplaza a apoyarlos.
Las organizaciones realizarían este 26 de febrero una movilización nacional que no se hacía desde 2024, debido a la represión de las protestas contra el fraude electoral. Exigen un aumento inmediato del salario y de pensiones a un mínimo de 300 dólares al mes.
El salario mínimo actual no alcanza ni siquiera para comprar tres cambures (bananos) en un mercado popular, por lo que la gente se ve obligada a buscar dos o más trabajos en un restringido mercado laboral, para poder comprar solamente alimentos.
El costo de la Canasta Básica está por el orden de los 600 dólares, según cálculos del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendes-FVM), ante la falta de data oficial.
Los bonos estatales que se otorgan cada mes a cambio de aumentos salariales desde 2016, representan el 99,9% del total de la remuneración del trabajador y son insuficientes.
“Eso es antilaboral e injusto”, sostiene el economista José Guerra, que ha pedido ante el parlamento una revisión de esta materia. Explica que el trabajador, al momento de su liquidación, recibe las prestaciones sociales calculadas con base en el salario mínimo que se hace cada vez más pírrico.
La crítica situación económica la padecen desde el obrero más humilde hasta el profesor o decano universitario con trayectoria y doctorado.
“Ya uno ni siquiera puede arroparse hasta donde llegue la cobija, vamos de mal en peor”, afirma Gisela, exempleada de una institución bancaria privada y pensionada, indignada porque el régimen con el valor de un dólar “paga la pensión de cuatro abuelos como yo”.
Se vio obligada a devolver buena parte de su compra en un supermercado, porque el monto del Bono de Guerra Económica, de 48 dólares, no le alcanzó.
“No sé qué vamos a hacer, habrá que esperar para ver”, comenta resignada la mujer que aloja en su casa a la hija divorciada, quien presta servicio de limpieza en un hotel, y a un nieto de cincos años.
El régimen a cargo de Delcy Rodríguez maniobra la situación con una manida “Constituyente Laboral” con el sector obrero y sin la participación de sindicatos autónomos, pero hasta la fecha lo único que tienen los venezolanos son “solo expectativas de que la economía va a cambiar”, según consultados.
Están a la espera de que Rodríguez destine los miles de millones de recursos por concepto de la venta de petróleo, supervisada por EEUU, para la protección del poder adquisitivo del sector laboral. El futuro es incierto.
“Las personas adultas mayores, que somos las que vamos quedando en Venezuela, insistimos en estar activas por necesidad”, afirma Azalea, ingeniero, de la tercera edad y profesora contratada en una universidad privada. Comparte la vivienda con su hermana abogada, también profesora y pensionada. Y afirma que el ingreso no les da.
“La situación es agobiante”, dice tras describir la precariedad con la que subsiste cualquier trabajador honesto con el salario mínimo mensual. “A mí ni el pago que recibo al mes por dar cinco horas de clases como contratada en una universidad privada, ni la pensión y ni el Bono de Guerra Económica estatal que se ha devaluado en 48 dólares no me permiten ni medio subsistir”, advierte.
A eso, Azaela suma la condición de su hermana:
“Ella cobra a veces cuatro bolívares nada más por dar clases en la facultad de una universidad autónoma, por los descuentos. Y solo a veces recibe honorarios profesionales por asesorías jurídicas”.
Las deducciones merman los ingresos. “Casi todo el dinero se nos va en comprar medicamentos porque padecemos de enfermedades crónicas, como casi todas las personas de tercera edad, y no podemos dejar de hacerlo”, lamenta con evidente preocupación. “Con estos ingresos, tú apenas puedes comprar lo básico, no alcanzan para cubrir una alimentación balanceada, no puedes ir a un médico privado y mucho menos pensar en una intervención quirúrgica necesaria”.
Las dos hermanas han descartado gastos de entretenimiento. Y a veces les cuesta el desembolso mensual que representa la tarifa transporte público equivalente a menos de un dólar al cambio oficial.
La situación se replica en personas jubiladas de organismos del Estado.
María del Carmen, exfuncionaria de un cuerpo policial que vive sola en el oeste de Caracas, recibe la jubilación de la administración pública de 130 bolívares y un pago por sus clases en una universidad estatal, pero con ambos ingresos no puede sufragar sus gastos, señala.
“En la economía dolarizada, unos 1,000 bolívares adicionales como contadora no son nada”, subraya.
El gremio de profesores universitarios está entre los más golpeados por la falta de un justo incremento salarial.
Un catedrático con el máximo escalafón de titular y con dedicación exclusiva, es decir, que imparte clases 40 horas a la semana, con años de investigación, idiomas y doctorado tiene un salario de 525 bolívares, es decir, gana menos de 1,30 dólares al mes, según la tasa cambiaria oficial.
Es el caso del educador Tulio Ramírez, destacado profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien apunta que llevan tres años y nueve meses sin recibir un aumento,” y el dólar sube todos los días”, razón por la cual se declara “prácticamente en resistencia y en resiliencia”, como todos sus colegas.
“Estamos entrampados y a estas alturas los más vulnerables no tienen otra opción que resistir”, subraya.
Venezuela tiene los profesores peor pagados de América Latina. “Inclusive los de Cuba y de Haití ganan más que nosotros”, precisa, a pesar del conocimiento y la responsabilidad en la formación de recurso humano que es requerido para impulsar la economía del país ahora con la reactivación petrolera.
El salario que recibe es solo el 23,33% de lo que necesita para adquirir la canasta básica alimentaria.
Si bien el régimen da dos bonos a los docentes universitarios que suman 160 dólares mensuales “como parte de su política populista”, se han generado distorsiones a tal punto que “un profesor instructor gana lo mismo que un profesor titular a dedicación exclusiva con más de 20 años en la universidad”.
Pero como todo el mundo gana igual, “se ha impuesto el ideal socialista”, dice con ironía.Acota que lo mismo ocurre en la educación básica y media nacional.
Los profesores de dedicación exclusiva tienen muy pocas opciones de conseguir un trabajo similar adicional, porque se los prohíbe el reglamento, así que aún con los bonos la remuneración de los profesores “es una miseria”.
Y las consecuencias de la precariedad salarial son “muy graves” para la universidad.
Entre ellas, Ramírez destaca la renuncia masiva de profesores y el éxodo a otros países de la región, que inicio en 2012 y se acentuó en 2022 tras la pandemia. “Hoy en día se abren concursos o posiciones y quedan vacíos”, señala. Esto incide en la calidad académica y profundiza la merma en la cantidad de estudiantes. También impacta la investigación científica.
“Venezuela era en el 2010 el quinto país productor de artículos científicos en la región, y el 80% de ellos eran producidos por las universidades desde 1996. Hoy no aparecemos entre los diez primeros y el aporte no llega al 0,2%”.
Ramírez afirma que los profesores, como el resto de los venezolanos, guardan la esperanza de que la situación sea transitoria, “pero el que espera desespera”, insiste. “Esto es una tragedia. La industria petrolera puede ir reactivándose, pero para volver a recuperar las condiciones de la universidad de los años anteriores a 2010 y la formación, tendrán que pasar varios años”, sentencia.
FUENTE: Entrevista Tulio Ramírez, catedrático UCV, con información del economista José Guerra, testimosnis
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