MANAGUA.- El régimen de Nicaragua y una representación de la oposición a Daniel Ortega, con la presencia de la OEA como testigo, retomaron este jueves las negociaciones en medio de la advertencia de "sanciones específicas e individuales" del Parlamento Europeo contra funcionarios y allegados al mandatario sandinista, señalados por violaciones a los derechos humanos.

Las negociaciones, que no contaron con la presencia de la representación estudiantil que forma parte de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fueron reanudadas luego que las partes acordaran la "excarcelación de un núcleo apreciable" de manifestantes presos, que era una de las demandas de la oposición.

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Las partes llegaron a ese acuerdo tras una reunión conjunta con el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, que participan en calidad de testigos y acompañantes.

Las negociaciones, que se desarrollan en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de Managua, habían sido abandonadas por la Alianza Cívica el domingo pasado después de ocho sesiones sin que las partes se hubieran puesto de acuerdo en los temas de fondo, relacionados con la justicia y la democracia.

El jefe de los negociadores de la oposición, Carlos Tünnermann, dijo a periodistas que las partes discutirán un cronograma que permita liberar gradualmente a los detenidos por manifestarse contra el gobernante Ortega.

"Ese cronograma es uno de los puntos que vamos a ver con la delegación del Gobierno", afirmó Tünnermann, antiguo embajador nicaragüense en Estados Unidos, quien reafirmó que la liberación de todos los "presos políticos" es el punto prioritario de la Alianza.

"Hay un compromiso específico del Gobierno que el día de mañana (viernes) tiene que salir un número apreciable de presos y ese compromiso está atestiguado ante el representante del secretario general de la OEA (Rosadilla) y el nuncio apostólico", señaló.

Fuentes consultadas por Efe confirmaron que los jueces firmaron este jueves la orden de libertad de los primeros detenidos.

Por su lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a marchar el próximo sábado en las calles en demanda de la liberación "incondicional y absoluta" de los cientos de detenidos, a pesar de la prohibición emitida por la Policía Nacional para este tipo de manifestaciones.

Movimientos organizados por las víctimas de la crisis, como el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, la Asociación de Madres de Abril, la Coalición Universitaria, entre otros, anunciaron en una rueda de prensa conjunta su respaldo a la convocatoria de esa marcha, que está prevista arrancar a las dos de la tarde, hora local, de la rotonda Centroamérica y culminar en el monumento Alexis Argüello, una de las avenidas más transitadas del país.

Los organizadores, según explicaron, quieren poner a prueba a Ortega para ver si permite la movilización y si está tomando las negociaciones con seriedad.

Las marchas no oficialistas fueron prohibidas por la Policía Nacional de Nicaragua desde el pasado mes de septiembre cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan.

La reanudación de las negociaciones se dio el mismo día en que el Parlamento Europeo (PE) pidió sanciones contra el régimen de Ortega y los responsables de violaciones de los derechos humanos "hasta que cese la represión" en ese país.

En particular, los parlamentarios europeos pidieron la liberación de "todos los presos políticos" y la convocatoria de unas "elecciones libres, justas y transparentes en un futuro próximo".

El PE abogó por "un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos".

Nicaragua sufre una grave crisis que ha ocasionado 325 muertos desde abril del año pasado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

FUENTE: Con información de EFE

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