Las autoridades federales sostienen que el acusado habría coordinado el envío de documentos estadounidenses fraudulentos al sur de Florida y participado en una operación vinculada a la producción y circulación de dinero falsificado
Armando Morales Obando, de 63 años.
DEPARTAMENTO CORRECCIONAL BROWARD MIAMI. - Un ciudadano nicaragüense fue extraditado desde Costa Rica a Estados Unidos para responder ante la justicia federal por su presunta participación en una red dedicada a la fabricación de pasaportes estadounidenses fraudulentos y a una operación relacionada con moneda adulterada.
Armando Morales Obando, de 63 años, fue trasladado al país para enfrentar una acusación que incluye conspiración, falsificación de documentos de viaje, robo de identidad agravado y delitos relacionados con dinero falsificado, informó la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre enero y junio de 2020 el procesado habría actuado junto a otros implicados para elaborar y distribuir documentos de viaje apócrifos destinados a compradores en Florida.
La investigación sostiene que Morales Obando negoció la entrega de cinco pasaportes fraudulentos, coordinó pagos por aproximadamente 5.500 dólares y organizó el traslado de los documentos desde Nicaragua hasta el condado de Broward.
Los expedientes federales indican que los pasaportes contenían datos auténticos correspondientes a personas reales, pero incorporaban fotografías de terceros, una alteración que presuntamente permitía su utilización por individuos distintos a sus legítimos titulares.
Además, la pesquisa lo vincula con un esquema relacionado con la fabricación de moneda estadounidense apócrifa. De acuerdo con el reporte policial, habría formado parte de un acuerdo para producir cerca de 20.000 dólares en billetes falsos que posteriormente serían canjeados por 6.000 dólares en efectivo auténtico.
De ser hallado culpable, Morales Obando podría enfrentar hasta 20 años de prisión por los delitos relacionados con dinero falsificado. Las imputaciones vinculadas a los documentos de viaje contemplan sanciones de hasta una década de cárcel por cada una, mientras que las acusaciones por conspiración prevén penas de hasta cinco años. A ello se sumarían las condenas obligatorias consecutivas establecidas por la legislación federal para los delitos de robo de identidad agravado.
Las autoridades federales recordaron que una acusación formal contiene señalamientos que deberán ser probados en los tribunales y que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.
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