La nueva presidencia de José Jerí, señalado por denuncias de corrupción y abuso sexual, refleja “el síntoma del sistema” viciado que opera en Perú
José Jarí asumió como el octavo presidente de Perú en casi una década, tras la destitución de Dina Boluarte.
CONNIE FRANCE / AFPLIMA.- La reciente destitución de la presidenta Dina Boluarte marca un nuevo capítulo en la larga cadena de inestabilidad política que arrastra Perú desde hace casi una década, en la que se ha visto desfilar a siete mandatarios y múltiples gabinetes, sin que ninguno lograra consolidar un mínimo de solidez institucional.
Con 89 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, el Congreso peruano aprobó la destitución de Boluarte, de 63 años, tras casi tres años de gobierno. La primera mujer en ocupar la presidencia de Perú, fue acusada de “incapacidad moral permanente” en medio de una escalada de violencia y criminalidad que mantiene al país en vilo.
Sin embargo, para el historiador peruano Juan Luis Orrego su salida no se explica solo por la crisis de seguridad ni por su bajo nivel de aprobación, sino por un “deterioro institucional profundo” y la “captura del Estado por redes vinculadas a las economías ilegales”.
El académico estima que la destitución de Boluarte “responde menos a un cuestionamiento ético que a un cálculo político de fuerzas que ya no la consideraban operativa para sus intereses”. “El Perú vive, como otros países de la región, un deterioro institucional. Eso implica un deterioro de la democracia y, por supuesto, un avance de la corrupción y de las economías ilegales”, advierte en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
El historiador señala que la “precariedad institucional” que enfrenta Perú ha debilitado “enormemente al Estado en su capacidad de poner orden y aplicar correctamente la ley”. En este sentido, identifica una raíz jurídico-política en la crisis política crónica peruana: la figura de la “incapacidad moral permanente”, que permite al Congreso destituir a un presidente. Aunque la cláusula existe desde el siglo XIX, su vaguedad ha convertido esta herramienta en un arma de uso político.
“El término de incapacidad moral es muy vago, muy difuso, porque no se entiende específicamente qué cosa puede ser. Y como el Tribunal Constitucional se abstuvo de definirlo, el Parlamento puede acusar a cualquier jefe de Estado casi por cualquier motivo”, explica Orrego.
Recuerda que esta figura fue utilizada de manera irresponsable desde diciembre de 2017, cuando el Congreso amenazó con vacar en dos oportunidades al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien prefirió renunciar finalmente el 23 de marzo de 2018. Desde entonces, el mecanismo se ha vuelto una suerte de “gatillo institucional” que ha permitido derribar gobiernos sin necesidad de un golpe de Estado formal.
“Estamos en ese limbo (...) La vacancia por incapacidad moral se ha usado como arma arrojadiza, y eso explica la inestabilidad que vive el país desde hace casi una década”, sostiene.
No obstante, el historiador va más allá del aspecto jurídico. En su opinión, la raíz más profunda de la crisis actual está en la expansión de las economías ilegales, que no solo han corroído la seguridad ciudadana, sino que, asegura, han infiltrado las instituciones políticas y judiciales.
Durante décadas, Perú convivió con una economía informal vigorosa pero paralela al Estado, protagonizada por emprendedores y pequeños comerciantes. Sin embargo, Orrego señala que esa frontera se transformó, y lo informal terminó dando paso a lo abiertamente ilegal.
“El problema es que en los últimos años lo que ha crecido son las economías ilegales. Y las economías ilegales, para poder avanzar, tienen que corromper, tienen que roer las instituciones. Tienen que corromper policías, militares, jueces, notarios (…) y por supuesto, tienen que colocar políticos. Tienen presencia en el Congreso, en los ministerios, en el Poder Judicial”, precisa.
“El principal problema del Perú en este momento, aparte de la inseguridad, es el avance de las economías ilegales. No solo el narcotráfico, sino también el contrabando, la minería informal, la tala de bosques, la pesca ilegal y la extorsión”, agrega.
El académico vincula directamente la caída de Boluarte con estos intereses. “Cuando la señora ya no fue operativa a esas fuerzas, se deshicieron de ella”, señala, al recalcar que la vacancia presidencial habría respondido a un cálculo político de grupos vinculados a redes ilícitas más que a una crisis institucional legítima.
La denuncia de Orrego es lapidaria: las economías ilegales ya tienen rostro político y representación parlamentaria.
“Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Perú Libre están relacionados con las economías ilegales (...) Y esos partidos se van a presentar a las elecciones del próximo año. Ya se sabe cuáles son. Si uno lee la prensa libre, lo sabe”, asegura.
Según el historiador, la posibilidad de que estas agrupaciones alcancen la presidencia o el control del Congreso “consumaría un proceso muy peligroso para el país”. “El proyecto republicano que nació hace 200 años se estaría resquebrajando terriblemente si ganan esas fuerzas que no creen en la institucionalidad”, alerta.
La presidencia del joven abogado y político, José Jerí, (la octava en nueve años) señalado por denuncias de corrupción y abuso sexual, refleja “el síntoma del sistema” viciado que opera en el país andino. “Al margen de los nombres, ese es el síntoma que se vive. Esa es la gente que está en el poder en el Perú, ese es el perfil de los congresistas (...) La mayoría de los congresistas tienen, en su hoja de vida, denuncias, procesos o escándalos. Es muy difícil encontrar hoy a alguien probo en el Congreso”, menciona.
Orrego estima que los peruanos perciben que al menos el 90% de los congresistas tienen “no un pasado oscuro”, sino antecedentes abiertamente conocidos. “El asunto es que, siendo congresistas, están aforados, están protegidos, y muchos se quieren reelegir —ahora en el Senado— justamente para seguir con ese aforamiento, con esa protección que les da la investidura parlamentaria”, subraya Orrego.
Paradójicamente, mientras el sistema político se desmorona, la economía peruana mantiene cierta estabilidad. “Afortunadamente, la economía ha sido resiliente frente a la crisis política (...) Continuamos con un crecimiento modesto pero sostenido, baja inflación y una moneda fuerte frente al dólar”, señala.
Esa aparente normalidad macroeconómica, sin embargo, oculta un deterioro profundo del Estado. “Tenemos crecimiento, pero sin institucionalidad”, resume el historiador.
De cara a las elecciones generales de Perú, previstas para el 12 de abril de 2026, Orrego considera que el futuro dependerá de que el gobierno actual respete las reglas del juego democrático. “Debe dar señales claras de que respetará un proceso electoral transparente y medidas efectivas para combatir la inseguridad (...) También debe asegurar la independencia del Banco Central y la estabilidad macroeconómica”, indica.
No obstante, no se muestra tan optimista, pese a considerar que el nuevo gabinete que acompañará a Jarí —que fue finalmente juramentado este 14 de octubre— es “un poco mejor” que el anterior. “Este gobierno recién nombrado no las tiene todas consigo, tendrá que ser muy hábil para dar señales de tranquilidad a la población”, menciona, especialmente, en un escenario tan convulso, como el que vive actualmente el país.
Ante la coyuntura actual, el historiador observa con atención el surgimiento de una generación joven movilizada, la llamada Generación Z, que comienza a articular protestas como las vistas en otros países. “Habrá que ver si logran canalizar ese descontento hacia una alternativa política real”, señala.
Para finalizar, Orrego propone un diagnóstico sin ideologías, pero con urgencia moral. “En América Latina ya no sirve hablar de izquierda o derecha. Lo que importa es votar con conciencia y no darles mayoría a los partidos vinculados a las economías ilegales (...) El electorado peruano tendrá que saber votar para que esas fuerzas no terminen de copar el Estado”, enfatiza.
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