Flores, de 56 años, es acusado de desviar unos 15 millones de dólares provenientes de la donación de Taiwán, de los cuales 10 millones de dólares habrían pasado a cuentas del partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista, el partido del ex mandatario) y se desconoce el paradero de otros 5 millones de dólares, que se sospecha él los tomó para su patrimonio.
Los delitos por los cuales el Ministerio Público lo acusa son de de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares. Hace una semana se desarrolló una audiencia preliminar en el Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, en el que se leyó la acusación y la Fiscalía pidió elevar la causa a juicio y mantenerlo bajo arresto domiciliar.
El juez Miguel Ángel García anunciará el 3 diciembre el futuro del caso. Si lo eleva a juicio u ordena libertad del acusado al acoger los errores en la acusación presentadas por la defensa.
Vacíos de la acusación y críticas contra el Fiscal
Durante la audiencia, quedaron evidenciados una vez más los vacíos de la acusación y las críticas vuelven a enfilarse contra el Fiscal General, Luis Martínez, para que sea retirado de la "dirección de la investigación penal" por "conflicto de intereses", por la existencia previa de relaciones de "confianza" con Flores y además, por ser socio empresarial con la esposa del ex mandatario.
El abogado defensor del expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), Edgar Morales Moya. (EFE)
De ahí que en El Salvador hay quienes acusen al fiscal de incurrir en omisión de investigación e incumplimiento del deber, así como ocultamiento de información, todo lo cual ha favorecido a Francisco Flores.
Los errores han sido señalados por La Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y hasta el mismo juez, quien en su intento por salvar el caso hizo 10 correcciones e hizo 24 señalamientos de la acusación que debieron ser corregidos, lo cual no ocurrió.
El juez señaló que los hechos acusados encajaban más con el delito de lavado de dinero que con el de peculado o enriquecimiento ilícito y que por ello, eventualmente, la fiscalía debía hacer el cambio.
En la audiencia, la Fiscalía justificó que no había encontrado pruebas sobre su cometimiento (lavado de dinero) por parte de Flores, teniendo como argumento un peritaje bancario que demuestras la ruta Taiwán, Costa Rica y El Salvador de 4 cheques que fueron a parar a las cuentas de ARENA para financiar la campaña electoral 2003-2004 que llevó a la presidencia a Elías Antonio Saca.
“No basta con citar que se establece el delito de lavado, no basta con decir que aquí hay elementos suficientes para ello, hay que decir cómo, cuándo, por qué sucedió ese hecho y qué es lo que tenemos para probarlo”, dijo en la audiencia el fiscal Julio César Zamora,
La Fiscalía sigue viendo que los únicos delitos configurados seguían siendo peculado y enriquecimiento ilícito pero para la querella, el peritaje daba pistas para investigar lavado de dinero.
De hecho, este peritaje fue solicitado por FESPAD y no la fiscalía en su función entidad investigadora. Una omisión más que sospechosa en el proceso.
“Lo que vemos es que la Fiscalía presentó los mismos peritajes pedidos por nosotros, y ni siquiera han sabido citarlos de la mejor manera. La Fiscalía no nos permitió trabajar de manera coordinada con ellos”, dijo Bertha María Deleón, una de las investigadoras del FESPAD. “El papel de la Fiscalía ha sido precario, por decir lo menos”, señaló a El Faro.
El juez Miguel Ángel García Argüello (EFE)
La Fiscalía tampoco ha incluido en la acusación declaración alguna del expresidente Saca, un personaje clave por haber llegado a la presidencia gracias a estos dineros, el de Guillermo Balzaretti Kriette, el presidente de la organización sin fines de lucro que utilizó ARENA para abrir una cuenta en Costa Rica para recibir los supuestos 10 millones de dólares de Taiwán; y de otros personajes que se relacionaron en el manejo de estos recursos económicos.
El Ministerio Público apenas entrevistó a funcionarios bancarios que dijeron no conocer mayores detalles de la ruta del dinero. Otra omisión sospechosa.
La defensa del expresidente ha señalado lo que sería otro gran error del Ministerio Público. La incapacidad de vincular los cuatro cheques emitidos por el International Bank of China con el expresidente Francisco Flores. “Los proyectos de cooperación con El Salvador no fueron financiados con cheques. ¿Dónde dice que fueron financiados con cheques?”, cuestionó Edgard Morales Joya, el defensor.
Morales también recriminó que no hubiera ningún testigo, ningún documento, informe o acta que evidenciara que fue el expresidente Flores quien recibió los cheques de Taiwán y que él los hubiera depositado en una cuenta de Costa Rica para luego ser transferidos a El Salvador.
De prosperar este argumento, la causa contra Flores se caería, dado que la Fiscalía dice que él malversó 10 millones provenientes de donaciones taiwanesas como ayuda internacional para El Salvador por el Departamento de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe del ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán.
Según los errores señalados, se desconoce si esa ayuda de Taiwán de 10 millones de dólares son los mismos desviados por Flores a favor de las cuentas de ARENA.
El informe de Taiwán detallaba 9 desembolsos por un monto de 24.6 millones de dólares entre los años 2000 y 2003. Solo cuatro fueron ejecutados para los fines que el cooperante entregó el dinero, según la hipótesis de la Fiscalía. Cinco desembolsos por un total de 15 millones de dólares, no fueron reportados por el expresidente Flores, quien los recibía a su nombre en su calidad de presidente de la República. Diez millones de ellos habrían pasado por Costa Rica, según la Fiscalía.
No obstante, el órgano acusador no tiene documentos o pruebas que demuestren que esos 10 millones que finalizaron en las cuentas de Arena eran los mismos destinados a financiar los proyectos consignados en el informe del Departamento de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China Taiwán.
FESPAD ha cuestionado que la Fiscalía no quiso apoyar el peritaje sobre las cuentas, acciones y declaraciones patrimoniales del exmandatario. Otra omisión sospechosa. Estos errores fueron señalados por la defensa del ex mandatario.
Si el juez los acoge, se cae el caso y Flores quedaría libre en diciembre. Deleón recordó en la audiencia que la Fiscalía no solo había dejado de investigar si no también había ocultado información.
Se refería al Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y al informe de inteligencia financiera surgido a partir del mismo. “La Fiscalía no ha justificado el por qué está ocultándola”, dijo Deleón. “¿Qué sentido tiene que la unidad de investigación financiera recabe información y bancaria nacional e internacional si no se puede acceder a ella?”, señaló.
Cuestionados por los periodistas sobre estas supuestas obstaculizaciones, los fiscales Zamora y Thelma Flores se limitaban a responder cada vez que se trataba de diferencias de criterio con la querella.
“Nosotros hemos hecho una investigación y todo los hechos de prueba obtenidos lo hemos remitido al tribunal. No es cierto que no lo hemos hecho. A nuestro juicio solo se configuran los delitos de peculado, desobediencia y enriquecimiento por lo que pedimos que declare sin lugar esa petición (de certificar las omisiones y enviarlas a la Asamblea Legislativa)”, dijo Zamora.
Así las cosas, Jorge Velado, presidente de Arena, el partido de Flores, calculó que saldrá bien librado del juicio.
“En mi criterio saldrá libre de esto”, al explicar que la Fiscalía no tiene no tiene los convenios que demuestran que los 10 millones de dólares que terminaron en las arcas del principal partido de oposición, hayan sido destinados para proyectos de cooperación o apoyo para familias afectadas por los terremotos de enero y febrero de 2001, como lo denunció en su momento el expresidente Mauricio Funes.
“Ese dinero no venía para proyectos. ¿Dónde están los convenios entre el país donante y el receptor? Nunca los hemos visto. Los salvadoreños somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario”, comentó.
Rene Landaver, querellante por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), recordó que a inicios de año solicitaron al Juzgado 7 de Instrucción remitir un escrito a la Asamblea Legislativa en el que piden que Martínez sea "retirado de la dirección de la investigación penal" por la existencia previa de relaciones de "confianza" con Flores.
Landaverde señaló que Martínez actuó como notario de Flores en la "escrituración" de unas parcelas de tierra, sin detallar la cantidad o la ubicación de las mismas.
El documento presentado por la ISD y FESPAD para pedir la separación del Fiscal General, señala que Martínez y sus auxiliares han actuado con "negligencia" y han ignorado "principios de la legalidad e imparcialidad en sus actuaciones", según un comunicado de los tribunales de justicia. La solicitud no fue aceptada.
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