La nueva legislación argentina "niega derechos esenciales a personas que residen en el país de manera regular", aseveran las ONG
El primer año de gobierno del presidente Javier Milei en Argentina estuvo marcado por un drástico ajuste del Estado
AFPBUENOS AIRES. - La reforma migratoria anunciada por el Gobierno del presidente Javier Milei generó alerta entre ONG (Organizaciones No Gubernamentales). Destacaron que las personas migrantes sufrirán limitaciones en el acceso a la ciudadanía, a la educación superior y al sistema de salud.
El director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, dijo que han recibido distintas consultas de sectores sindicales que tienen trabajadores migrantes "sobre cuál puede ser el impacto de la participación de esos trabajadores en protestas, por ejemplo".
Este viernes 30 de mayo, Morales mostró preocupación por el hecho de que el nuevo régimen habilita la expulsión de personas extranjeras detenidas en contexto de flagrancia, lo que podría aplicarse a migrantes que participen de manifestaciones públicas.
También han recibido inquietudes de organizaciones de trabajadoras sexuales y de vendedores callejeros: dos sectores con un alto índice de población migrante en el país.
Por su parte, La Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) señaló que "el Gobierno restringe, una vez más, el derecho de las personas migrantes a defenderse de actos del Estado que afectan su libertad, integridad y proyecto de vida". La comisión señaló, en redes sociales, que la nueva legislación "niega derechos esenciales a personas que residen en el país de manera regular", vulnera el acceso a la ciudadanía, pone en riesgo el derecho a la unidad familiar y amplía las causas de inadmisión y expulsión del territorio nacional.
El Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, señala que los migrantes deberán acreditar medios económicos suficientes para obtener la residencia permanente. Además, reduce de 180 a 90 días la vigencia de la residencia precaria, instrumento que no será tomado como válido para obtener la ciudadanía.
Según los cambios aprobados por el gobierno argentino, sólo podrán acceder a la nacionalización quienes acrediten una residencia legal continua o cumplan con el perfil de "inversores". Con esto se desplaza al Poder Judicial y se concede a Migraciones la facultad de otorgar o rechazar solicitudes.
Por otra parte, el decreto limita el acceso gratuito a la educación superior y al sistema público de salud a quienes tengan residencia permanente. En el resto de los casos, se exige un seguro médico o el pago de los servicios sanitarios, y se impide el acceso a estudios terciarios o universitarios a personas con estatus migratorio irregular.
FUENTE: Con información de EFE
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