Policía antimotines camina delante de manifestantes de oposición al gobierno que marchan contra la presidenta Dina Boluarte en Lima, Perú, el lunes 23 de enero de 2023.
APLIMA.- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concedió al Gobierno de Dina Boluarte un plazo de 60 días para que entregue informes sobre la respuesta policial a las protestas antigubernamentales que se registran en Perú desde principios de diciembre y en las que han muerto en torno a 60 manifestantes.
La organización remitió un comunicado al Gobierno andino en el que reconoce haber recibido información sobre el "uso excesivo de la fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas", así como decenas de heridos.
El organismo de Naciones Unidas alertó de la presunta "utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo" en contra de los manifestantes y disidentes, "detenciones supuestamente arbitrarias", casos de "estigmatización y violación al debido proceso", e incluso un caso de desaparición forzada.
En la misma línea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos puso la lupa sobre el allanamiento a la Universidad de San Marcos, intervenciones y detenciones sin presencia de fiscales o abogados, así como el uso del "terruqueo" --acusaciones de vínculos con el terrorismo-- con acusaciones "abusivas" contra manifestantes.
En el apartado de los manifestantes fallecidos, el organismo de la ONU resaltó especialmente los enfrentamientos en Apurímca, que se saldaron con seis muertos; los de Ayacucho, donde fallecieron otras diez personas; y los de Juliaca, donde perdieron la vida cerca de una veintena de civiles.
Ante estas denuncias, el organismo solicitó al Gobierno de Boluarte una respuesta en un plazo inferior a dos meses, instando a las autoridades "a que adopte todas las medidas necesarias" para proteger los derechos y las libertades de la población.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos exigió al Ejecutivo andino "investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas".
Esta situación ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha sido recogida por medios de comunicación de todo el mundo, como el diario peruano 'El Comercio'.
La comunidad internacional hizo un llamado al Gobierno peruano para que tome medidas y garantice la seguridad de los ciudadanos, así como para que respete los derechos humanos y las libertades civiles de los ciudadanos.
La respuesta del Gobierno de Boluarte será clave en este proceso y será seguida de cerca por la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos.
FUENTE: Con información de Europa Press
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