CIUDAD DE MÉXICO — La coalición opositora de México intensificó el jueves su pugna contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar un acuerdo para impedir el avance en el Congreso de una reforma constitucional en materia electoral y militar impulsada por el gobierno y ratificó que mantendrá la alianza de cara a los comicios presidenciales de 2024.

En un intento por tomar un nuevo aire tras el revés que sufrieron en las elecciones regionales del fin de semana en las que el partido gobernante ganó cuatro de las seis gobernaciones en disputa, la coalición Va por México, que integran el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció una “moratoria constitucional” que implicará que ninguno de sus parlamentarios aprobará las iniciativas de reforma constitucional promovidas por el gobierno.

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“No permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE (Instituto Nacional Electoral), ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos”, afirmó Marko Cortés, presidente del PAN, al anunciar en conferencia de prensa el acuerdo que descarta que alguno de los más de dos centenares de congresistas opositores apoyen las iniciativas de reforma en materia electoral y para que la Guardia Nacional se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El presidente de la República y sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión han demostrado una actitud intolerante, de cerrazón y aversión a la deliberación democrática”, agregó el político.

López Obrador sufrió en abril su primer revés importante en el Congreso luego que el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados no lograron los votos suficientes para una reforma constitucional que busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y limitar la participación de las empresas privadas que se consolidó tras la apertura del sector eléctrico en 2013.

La llamada “contrarreforma” buscaba garantizar al Estado la generación de al menos 54% de la electricidad y darle ventaja a las compañías estatales, con plantas mayormente muy contaminantes, sobre las empresas privadas, que se han centrado en energías renovables y gas natural.

Luego de las victorias que lograron en los comicios del 5 de junio los candidatos a gobernadores de Morena y sus partidos aliados en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, López Obrador anunció a inicios de semana que retomaría la iniciativa de reforma electoral para disminuir de 11 a siete los consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los llamados “legisladores plurinominales”, que no son electos por la gente, sino designados de acuerdo a los votos obtenidos por su partido en una elección. El oficialismo requiere al menos 332 votos en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma constitucional y solo dispone de unos 275 votos.

A pesar de los resultados adversos del fin de semana en los que la oposición sólo ganó las gobernaciones de Aguascalientes y Durango y redujo su control a diez de 32 estados del país, los líderes del PAN, PRI y el PRD ratificaron el jueves que se mantendrán unidos para las elecciones del próximo año que se realizarán en el Estado de México y Coahuila, y las presidenciales de 2024.

“Seguimos aquí firmes y comprometidos los tres partidos políticos que integramos la coalición Va por México”, dijo el presidente del PRI, Alejandro Moreno, al descartar las versiones de prensa sobre posibles divisiones y enfrentamientos en el bloque opositor como incluso sostuvo el jueves López Obrador.

Cortés, del PAN, adelantó que los tres partidos constituirán mesas de trabajo para definir las reglas y el mecanismo que seguirán para elegir a los candidatos de la coalición para las votaciones del próximo año y las presidenciales.

Por otra parte, Moreno anunció que la oposición propondrá la creación en el Congreso de una comisión para investigar la supuesta injerencia del “crimen organizado en el Estado mexicano”.

El líder del PRI afirmó que en los pasados comicios se dio un “pacto entre Morena y el crimen organizado”. En los últimos días han surgido diversos señalamientos en México y Estados Unidos sobre supuestos vínculos entre el gobierno mexicano y el narcotráfico que López Obrador ha rechazado y ha exigido que presenten pruebas.

El gobierno de López Obrador ha permitido la fuga de narcotraficantes como el hijo de El Chapo Guzmán, y pormueve la política de "abrazos, no balazos" con el crimen organizado.

La coalición opositora informó que recurrirán a los tribunales para impugnar las elecciones de los estados de Tamaulipas e Hidalgo, donde aseguran que hubo intromisión del gobierno federal con la participación de funcionarios y el uso de recursos públicos en las campañas.

FUENTE: Con información de AP

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