El tratado contempla la extradición por delitos graves como homicidio, secuestro, fraude, malversación y falsificación, excluyendo los delitos políticos
Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
AFP Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
Fiscalía de VenezuelaMIAMI - Estados Unidos estaría exigiendo al régimen venezolano el cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre Washington y Caracas en 1922, como mecanismo judicial para lograr la entrega de al menos una veintena de operadores financieros vinculados al denominado Cartel de los Soles, pese a que la Constitución venezolana vigente prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales.
Según información publicada por el diario La Razón, la Administración del presidente Donald Trump considera que el tratado bilateral continúa plenamente vigente y representa una vía legal para procesar a figuras clave del entramado criminal que, de acuerdo con Washington, sostiene al régimen chavista.
El tratado de 1922 contempla la extradición por delitos graves como homicidio, secuestro, fraude, malversación y falsificación, excluyendo expresamente los delitos políticos. Asimismo, establece el principio de especialidad —que limita el juzgamiento a los hechos que motivaron la entrega— y aclara que ninguna de las partes está obligada a extraditar a sus propios ciudadanos, un punto central en la controversia jurídica actual.
De acuerdo con La Razón, la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sometería el tratado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, para obtener una interpretación que permita su aplicación. La eventual decisión ha generado inquietud entre juristas por el impacto que podría tener sobre la doctrina constitucional venezolana.
Constitucionalistas citados en el artículo, sostienen que la Constitución no deroga automáticamente los tratados suscritos antes de su entrada en vigencia y que estos siguen siendo válidos si no han sido formalmente denunciados. Añaden que el artículo 154 constitucional permitiría ejecutar obligaciones preexistentes sin necesidad de aprobación legislativa, siempre que no se creen nuevos compromisos internacionales.
La exigencia estadounidense presuntamente habría sido planteada en Caracas durante reuniones con altos funcionarios del régimen, en el marco de una estrategia más amplia de Washington para judicializar a los principales operadores financieros del chavismo y debilitar la estructura criminal que, según EEUU, ha sostenido al poder en Venezuela durante más de dos décadas.
El gobierno de EEUU exigió a Delcy Rodríguez la cooperación en la investigación judicial que lleva a cabo contra nueve personas del chavismo, según informó un diario español.
La petición contempla no solo la posibilidad de someter a los investigados a interrogatorios, sino también el acceso a documentación financiera indispensable para las investigaciones judiciales.
Entre los requeridos se menciona a Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador derrocado; los cuestionados empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín y Walter Jacob Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores, quien está presa junto a su esposo Maduro en EEUU por delitos federales.
Washington también pide a Rodríguez que se permitan mecanismos de entrega o de traslado de los integrantes o cercanos del régimen si así se requiriera.
FUENTE: Con información del Diario La Razón y DLA
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