miércoles 27  de  marzo 2024
Nacional

Oposición venezolana se enfoca en convocar a elecciones presidenciales para 2021 

La reforma parcial de la ley del Estatuto que rige la transición a la democracia, aprobada el 26 de diciembre aprueba que la Asamblea Nacional electa en 2015 se mantenga en funciones 

ESPECIAL/CARACAS.- Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Los puntos principales de la línea de acción trazada por la oposición en los últimos años, experimentará un cambio para 2021. La reforma parcial de la ley del Estatuto que rige la transición a la democracia, aprobada el pasado 26 de diciembre (con el voto salvado de los diputados de Acción Democrática) pone ahora el foco principal de la actuación del Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó, en la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias como principal objetivo.

Con la reforma del Estatuto se aprobó que la Asamblea Nacional electa en 2015 se mantenga en funciones -al menos durante todo 2021- aunque su período constitucional concluya, sin embargo, continuará en funciones, a través de la Comisión Delegada, instancia prevista en el artículo 194 y 195 de la Constitución, durante los periodos de receso parlamentario.

La Comisión Delegada está conformada por la junta directiva del Parlamento y los presidentes de las Comisiones Permanentes.

Adicionalmente se acordó sustituir el Centro de Gobierno (bajo control de Leopoldo López) por un Centro Político, con facultades de decisión legislativa y económica, conformado por los secretarios generales de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.

Según el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, esta reforma permitirá la continuidad constitucional del órgano legislativo, elegido legítimamente por el pueblo el 6 de diciembre del 2015, hasta el 5 de enero del año 2022.

Guanipa sostiene que esta aprobación era necesaria para mantener “el piso jurídico (de la Asamblea Nacional y del Gobierno Interino) y continuar en la lucha para lograr la democracia y la libertad de Venezuela.

El cambio en los puntos de la línea estratégica solo fue criticado por los cuatro diputados de la Fracción 16 de Julio (cercanos al liderazgo de María Corina Machado). En el caso de los 18 diputados de Acción Democrática que decidieron salvar su voto, las objeciones no se centraron en el cambio del principal punto de la estrategia.

Según el comunicado oficial de la fracción de Acción Democrática, el voto salvado a la reforma del Estatuto para la Transición es producto de que “la responsabilidad legislativa y contralora del Parlamento debe mantenerse en el cuerpo en pleno de la Asamblea Nacional, como establecen los artículos 219, 220 y 221 de la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y no simplemente en la Comisión Delegada que tiene unas funciones específicas”.

Por otra parte, AD rechazó, por considerarla innecesaria, “la creación de un Consejo Político, para ejercer funciones que perfectamente podría realizar la Asamblea Nacional o el Presidente Encargado de la República. Las atribuciones que se determinan para ese nuevo órgano son de corte parlamentario, es decir, legislativo y de control, que corresponden a la Asamblea Nacional, y reglamentario, que son competencia del Presidente Encargado de la República;

A pesar de estas discrepancias, los diputados de AD ratificaron su apoyo “al presidente encargado de Venezuela y del Parlamento, Juan Guaidó”.

Por otra parte, los diputados de Primero Justicia se mostraron satisfechos porque con la reforma “se establece claramente que el objetivo es promover interna e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, así como el restablecimiento de la democracia”.

En un comunicado conjunto, los diputados de AD resaltan que la prioridad en 2021será la de promover interna e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, así como el restablecimiento de la democracia; Defender los DDHH y procurar el rescate del sistema de garantías y libertades constitucionales, propiciar la reversión de la crisis humanitaria y procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos e intereses de los entes del Estado venezolano en el extranjero.

Este cambio en la estrategia opositora es considerado positivo por algunos analistas como Michel Camilleri, actual director del programa de Estado de Derecho de Peter D. Bell en el Inter-American Dialogue con sede en Washington.

Según Camilleri probablemente el presidente electo Joe Biden “conservará elementos del enfoque de Trump (sobre Venezuela) pero necesitará una estrategia que cambie las ilusiones por una diplomacia que aproveche de manera eficaz herramientas como las sanciones. Una coordinación más estrecha con socios de ideas afines en América Latina y Europa puede producir una respuesta humanitaria más sólida.

Camilleri, quien se desempeñó entre 2012 y 2017 como Asesor del hemisferio occidental en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, sostiene que “el continuo colapso en Venezuela también requerirá coordinación con socios latinoamericanos. La catastrófica mala gestión económica del régimen de facto de Nicolás Maduro sólo ha sido superada por el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas del país. El resultado no es solo una emergencia humanitaria dentro de Venezuela, sino la mayor crisis de refugiados en la historia de América Latina”.

Según Camilleri, el presidente Trump, acertó cuando llamó a Maduro dictador y abusador de los derechos humanos, pero no calculó bien al suponer que el estrangulamiento económico y las amenazas de uso de la fuerza harían que el régimen de Maduro colapsara o negociara su salida del poder”.

@Puzkas

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