La actuación de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia y la ley sobre el Esequibo son inapropiados en el conflicto con Guyana, según el Covri y Caricom
Vista de Kaieteur, la cascada de una sola caída más grande del mundo, ubicada en la región Potaro-Siparuni de Guyana. Las cataratas son parte del Esequibo, un área en disputa rica en petróleo de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, pero que los venezolanos votaron para reclamar como suyo en un referéndum promovido por el régimen de Nicolás Maduro.
AFPGEORGETOWN — En seis días, el régimen de Venezuela ha buscado reavivar la disputa territorial con Guyana sobre el Esequibo con una actuación en la jurisdicción internacional y una ley que responderían a “objetivos subalternos” e “inapropiados” y que no contribuyen con la justa reclamación ni con la paz regional, alertan organizaciones internacionales.
Ante los actos del Ejecutivo venezolano sobre la controversia que tuvo su etapa álgida a finales de 2023, también el gobierno de Georgetown instó a Venezuela a ajustarse a los procedimientos judiciales y a acatar las sentencias que dicte la Corte Internacional de Justicia (CIJ) donde se dirime la disputa que fue ventilada también en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad tenían previsto emitir un comunicado, informó AFP.
Este 8 de abril, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) instó al régimen “a no seguir instrumentalizando la reclamación para objetivos subalternos y fomentar la unidad nacional”, y a trazar una estrategia “orientada a hacer avanzar efectivamente nuestros intereses en torno a la reclamación de la Guayana Esequiba”.
“La retórica vacua, la impostura y el espectáculo de ocasión para disimular los errores cometidos en los últimos años, no pueden seguir siendo el sucedáneo inapropiado a la estrategia inteligente que requiere nuestra justa reclamación”, indica el comunicado de la organización integrada por internacionalistas expertos en el tema.
El 8 de abril, una representación de Venezuela presentó ante la CIJ documentos sobre la disputa para “defender la posesión sobre el Esequibo”, territorio administrado por Guyana. Pero la entrega de la documentación “no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni la decisión que pueda adoptar sobre este asunto”, según un comunicado de la Cancillería del régimen.
La posición la reafirmó Maduro al llamar al presidente guyanés, Irfaan Ali, a retomar las negociaciones. “Más temprano que tarde, Guyana tendrá que sentarse a negociar con Venezuela”.
Ante esto, el Consejo advirtió que el no reconocimiento de Venezuela de la jurisdicción de la CIJ, de lo que se infiere no volverá a comparecer, basada en la Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba, y, al mismo tiempo, haber entregado el documento que denominaron “Contra Memoria” dentro del plazo fijado por la CIJ para hacerlo, constituyen un riesgo para la reclamación.
“Alertamos que la CIJ no solo mantendrá su criterio de que la cuestión sobre su jurisdicción es “cosa juzgada”, lo que fue reconocido además por los abogados enviados en nombre de Venezuela a la CIJ durante las audiencias orales de admisibilidad celebradas en noviembre de 2022; sino que ahora la entrega del documento en el plazo fijado será valorada por la CIJ como un nuevo acto del Poder Ejecutivo que le permite deducir un consentimiento tácito de Venezuela a su jurisdicción previamente establecida, bajo el principio del forum prorogatum”.
El Consejo también expresa su preocupación con otros aspectos de comunicado de la Cancillería, “desde el intento de deslegitimación de la CIJ hasta la afirmación a priori de que no se acatará la decisión que emita, lo cual seguramente tendrá un impacto negativo en los jueces en La Haya y seguirá indisponiéndolos contra nuestra causa justa”.
A las objeciones del Covri se une la declaración oficial de la Comunidad del Caribe, Caricom, en la que los países señalan a la Ley Orgánica para la Defensa de Guyana Esequiba, que Maduro sancionó en marzo, de amenazar la paz y estabilidad regionales.
“Ha ocasionado una escalada inaceptable de tensiones entre ese país y la República Cooperativa de Guyana y ha amenazado con socavar la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe", dice el comunicado oficial de Caricom que el canciller venezolano Yván Gil calificó de “injerencista” y de contener opiniones “imprecisas y falsas” sobre la ley, en medio de denuncias por una supuesta "campaña de agresión".
La ley que anexa un nuevo estado, el número 24, al territorio venezolano, también fue centro del rechazo de Georgetown.
"Este intento de Venezuela de anexar más de dos tercios del territorio soberano de Guyana y de convertirlo en parte de Venezuela es una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional", expresó la Cancillería guyanesa en un comunicado, en el que advierten que “no tolerarán la anexión, toma u ocupación de ninguna parte" de su territorio soberano.
FUENTE: Con información del Covri, AFP, El Debate, Diario Las Américas
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