El dictador Daniel Ortega.
Prensa oficialista/19 digitalMANAGUA.- El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua canceló la personería jurídica de 17 entidades sin fines de lucro, incluyendo la Asociación de Bancos Privados (Asobanp), presuntamente por incumplimiento de leyes que exigían la presentación de informes financieros detallados.
Según una resolución emitida por la Ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, estos organismos incumplieron estas leyes por un período de 2 a 27 años. La Ley 1115, que regula a los organismos sin fines de lucro, establece que en caso de incumplimiento, el Gobierno puede privarlos de su personería y tomar el control de sus bienes.
Además de Asobanp, otras entidades afectadas incluyen la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica Nuevas Esperanzas, la Asociación de Comerciantes del Mercado Central y la Asociación Centroamericana de Criadores de Caballos de Raza Iberoamericano, entre otras. La Asobanp, que tiene personería desde 1994, no hizo comentarios inmediatos sobre la medida.
En 2021, el banquero Luis Rivas, exdirectivo de Asobanp y del Grupo Promérica que opera en América Central, fue detenido y condenado a 13 años de prisión por conspiración y tenencia ilegal de armas.
Después de las protestas de 2018, Ortega endureció las normas y controles sobre organismos de la sociedad civil y ha declarado ilegales a unos 2.000 de ellos. Además, ha enviado a prisión a unos 200 opositores políticos, incluyendo a un obispo católico.
El régimen de Ortega ha clausurado casi la mitad de las más de 7.000 ONG registradas en Nicaragua, mediante decretos que afectan a una amplia gama de asociaciones culturales, religiosas, deportivas, científicas, de prensa, desarrollo comunal, educación, salud, beneficencia y de exmilitares.
Ese detalle consta en el “Expediente ONG”, un dossier de tres informes presentado en Costa Rica por representantes del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
“En 2018 el gobierno reportaba 7.227 personerías jurídicas activas” de ONG, dijo Amaru Ruiz, director de la ecologista Fundación del Río. “A la fecha han sido canceladas 3.106”, lo que representa más del 42% del total de las asociaciones, añadió.
Ruiz dijo que la mayoría de las ONG fueron cerradas en 2022 y que muchos directivos están presos o exiliados. “Estos cierres demuestran la magnitud de las violaciones al derecho de asociación”, reconocido en la Constitución de Nicaragua y en el sistema internacional de derechos humanos, señaló.
Por su parte, el abogado Carlos Guadamuz, del colectivo Nicaragua Nunca Más, presentó los resultados de una investigación realizada con una muestra de nueve ONG clausuradas por Ortega (ocho nacionales y una internacional) con un promedio de 24 años de trabajo en el país.
De las ocho ONG nacionales, siete sufrieron “allanamientos ilegales”, de los cuales seis fueron violentos, indicó.
Estos organismos dirigían programas de acceso a derechos humanos, de beneficio a mujeres e indígenas y fortalecimiento de liderazgos territoriales, entre otros. Todos tenían documentos legales y solvencia para funcionar, acotó Guadamuz.
El propio Ortega ha acusado a las ONG de recibir financiamiento “del imperio”, en alusión a Estados Unidos, para “desestabilizar” a su régimen, especialmente durante la revuelta social de 2018. Organismos de derechos humanos, a su vez, aseguran que la estrategia sandinista es debilitar a la sociedad civil a través de la desaparición de las ONG.
FUENTE: Con información de AFP y AP
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