En una entrevista con Semana, el sicario John Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", aseguró que Pablo Escobar financió la toma con dos millones de dólares
El que fuera el líder de los sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez alias 'Popeye', ha sido denunciado por amenazar a través de las redes sociales a los seguidores del candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro.
YOUTUBE / UNIVISION NOTICIAS / Europa PressBOGOTÁ.- Cuatro décadas después de la tragedia del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia, siguen surgiendo detalles sobre los nexos entre el narcotráfico y la guerrilla del M-19.
En una entrevista concedida a Revista Semana, hace 10 años, el sicario John Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", aseguró que Pablo Escobar financió la toma con dos millones de dólares y entregó armas para su ejecución.
“El financiamiento por parte de Pablo Emilio Escobar Gaviria y el Cartel de Medellín a la toma del Palacio de Justicia es una realidad —no supuestamente, lo financió—. Dio dos millones de dólares para la toma”, dijo "Popeye" a Semana.
Según su relato, el dinero fue entregado a Iván Marino Ospina, a quien describió como “el jefe militar del M-19”. Sin embargo, Ospina falleció antes del asalto, y buena parte de esos fondos nunca fueron recuperados. “Esa plata fue perdida porque Iván Marino Ospina murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron”, añadió.
De acuerdo con "Popeye", el narcotraficante buscaba golpear al Estado colombiano para frenar la extradición a Estados Unidos, el mayor temor del Cartel de Medellín. “El patrón les decía que no se metieran al Palacio sino al Senado, porque el presidente Belisario Betancur sí iba a pelear por el Senado. El plan B era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que se realizó”, dijo Velásquez.
La Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia, citada también por Semana, documentó los vínculos entre el cartel de Escobar y el grupo subversivo. En su informe, la Comisión señaló que “desde la sanción de la Ley 27 de 1980, mediante la cual fue aprobado el Tratado de Extradición con Estados Unidos, los jefes del narcotráfico desataron una lucha brutal y sangrienta contra dicha ley”.
En ese contexto, los narcotraficantes agrupados en “Los Extraditables” amenazaron al presidente, a los magistrados y a los ministros, buscando impedir los envíos de capos a prisiones norteamericanas.
El documento judicial también reveló que Iván Marino Ospina mantenía una relación cercana con Pablo Escobar, incluso después de haber sido expulsado de la jefatura del M-19. Ambos compartían la consigna de que “por cada colombiano extraditado sería asesinado un estadounidense en Colombia”.
El testimonio de "Popeye" coincide con el del exjefe paramilitar Carlos Castaño, quien en su libro Mi confesión aseguró que presenció una reunión en 1985 entre miembros del Cartel de Medellín, Carlos Pizarro y Fidel Castaño, en la que se discutió el ataque al Palacio.
Según esa versión, Escobar afirmó: “La extradición está caminando y nos están jodiendo. Vamos a hacer una vuelta y aquí todos tenemos que colaborar. Existen unos procesos jurídicos muy fuertes contra nosotros en el Palacio de Justicia. Es necesario borrarlos y no dejar huella de nada ante la ley”.
Castaño agregó que Pizarro respondió: “Un millón de dólares para el M-19 por eliminar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y un millón adicional por destruir todos los archivos”.
"Popeye" también escribió en sus memorias que una de las reuniones clave tuvo lugar en Hacienda Nápoles, propiedad de Escobar, a la que asistieron Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina. Allí, según su relato, los jefes del M-19 presentaron el plan que denominaron Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre.
“Pretendemos tu financiamiento de toda la operación; a ti te conviene por lo de la extradición”, habría dicho Ospina. Escobar ofreció entonces dos millones de dólares y prometió cinco millones más si el operativo era exitoso.
De acuerdo con Velásquez, el capo tenía claro que “del operativo no podían salir vivos los magistrados Reyes Echandía, Medellín Forero, Medina Moyano y Patiño Roselli”.
El informe judicial y los testimonios de sobrevivientes coinciden en que el objetivo del ataque no era solo político, sino también criminal: destruir los expedientes judiciales que comprometían al Cartel de Medellín y a Los Extraditables.
El debate sobre la verdad histórica de esos hechos volvió al centro de la discusión pública tras una serie de publicaciones en redes sociales del presidente izquierdista Gustavo Petro, quien sostuvo que el magistrado Manuel Gaona Cruz fue asesinado por el Ejército.
Sin embargo, Semana recuerda que al menos cinco testigos, incluidos dos magistrados sobrevivientes, declararon que el M-19 fue responsable directo de la muerte del jurista.
“La verdad es inconveniente porque existe una narrativa muy fuerte, y es un hecho documentado y consolidado —incluso en archivos diplomáticos de otros países— que la guerrilla del M-19, Pablo Escobar y Los Extraditables mantuvieron una relación criminal antes, durante y después de la toma del Palacio de Justicia”, afirmó Mauricio Gaona, hijo del magistrado asesinado, en entrevista con Revista Semana.
FUENTE: Con información de la Revista Semana
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