Multitudes expresan descontento con la minería tras concesión a subsidiaria panameña de la global First Quantum y a pesar de moratoria declarada por ejecutivo
Una manifestante sostiene una pancarta durante una protesta en las proximidades de la Asamblea Nacional de Panamá en contra del contrato firmado por el gobierno y una minera de Canadá.
AP/ARNULFO FRANCOCIUDAD DE PANAMÁ.- Aunque este viernes 27 de octubre el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, en transmisión por cadena nacional firmó un decreto ejecutivo que prohíbe la concesión de nuevas licencias para actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional, las protestas y el caos persisten, al igual que las pérdidas económicas.
El pueblo panameño se mantiene firme en su postura "antiminera" en busca de una solución permanente que garantice, a largo plazo, la soberanía nacional sobre los recursos así como la calidad de vida y derecho a la salud. Por lo que, si bien es un aliciente que Cortizo decrete la moratoria y el rechazo a las solicitudes pendientes de explotación minera, los detractores de esta actividad económica no se conforman.
El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, una especie de paraguas de organizaciones ambientales y sociales, reiteró su rechazo al contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, que es la subsidiaria panameña de la empresa global basada en Canadá, First Quantum Minerals. En una conferencia de prensa efectuada este sábado 28 de octubre, este Movimiento declaró “insuficiente” el Decreto Ejecutivo 23 de 27 de octubre de 2023, aprobado anoche por el presidente Cortizo.
En realidad, ya han pasado dos años desde que el Movimiento presentó una propuesta para una ley de moratoria minera por tiempo indefinido. Pero lejos de acatar o tomar en cuenta las preocupaciones ciudadanas, el Gobierno dio libre albedrío a la minería a pesar de sus efectos ambientales y sanitarios.
First Quantum, en el top ten de productores de cobre, se presenta como una empresa mundial que produce cobre en forma de concentrado, cátodos y ánodos, y tiene inventarios de níquel, oro y cobalto. “Administra minas de larga vida en varios países, y emplea unas 20.000 personas en todo el mundo”, se lee en su web. Un rastreo de La Estrella de Panamá establece que la empresa estadounidense The Vanguard Group, Inc, es la mayor accionista de First Quantum Minerals, tenedora de las acciones de Minera Panamá, que es la empresa con una concesión para explotar la mina de cobre más grande de Centroamérica ubicada en Colón.
“Como panameño comparto las preocupaciones ambientales con relación a la minería metálica, sin embargo, me tocó enfrentar un problema que viene desde hace 26 años y era necesario poner en cintura a la minera”, arguyó el presidente en su mensaje al país junto al anuncio de que “serán rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están en trámite”. Sin embargo, la esencia de la crisis, generada por la aprobación y ratificación del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá que permanece vigente, no se zanjó.
Para explicar el conflicto, hay que atender, por un lado, al contrato recién firmado con Minera Panamá, que solo puede ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, las preocupaciones de la población han estado en torno al posible otorgamiento de otras concesiones mineras, pero esto ha quedado suspendido con el decreto firmado ayer.
De todas formas, este decreto no satisface del todo a los panameños, dado que, para deshacerse de la minería, todavía tendrían que esperar al menos 20 años, establecidos en el contrato de explotación. Si se ataja la minería por la vía del poder judicial, podría tardar menos, pero la experiencia dicta que estos procesos suelen ser dilatados.
“El punto es que si la Corte demora 17 años más como la última inconstitucional, nos va a destrozar la minera el país”, explicó la profesora universitaria Katia Malo a este diario.
En las últimas horas también ha trascendido la postura del maestro Carlos Bolívar Predreschi, quien a sus 90 años de edad comienza su reflexión diciendo que lleva 76 años siendo, al mismo tiempo testigo y partícipe de los sucesos históricos más importantes que ha vivido el país.
“A mi edad, con gran parte de mi vida dedicada al estudio del derecho constitucional y como profesor de derecho constitucional de generaciones de abogados de este país, todavía siento el deber y la responsabilidad ciudadana de hacer del conocimiento de la ciudadanía en general que se compone de todos los panameños”, sostuvo, y enumeró algunas observaciones que solidifican su argumento en torno a la necesidad de declarar inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, esto es, el nuevo contrato minero.
“El presidente de la República debe convocar a los calificados dirigentes de la oposición al nuevo contrato minero y concertar con ellos la forma cómo se va a encarar, de aquí en adelante, la concesión de Minera Panamá, S.A. y el problema minero (...) En declaraciones públicas anteriores, he sostenido que Minera Panamá, S.A. y First Quantum Limited no cuentan con fundamentos jurídicos para prevalecer en un arbitraje con un contrato ley declarado inconstitucional y lo reitero. Por todo lo dicho, es responsable, patriótico y urgente que la Corte Suprema de Justicia le devuelva la paz social a la ciudadanía y dicte prontamente sentencia declarando inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 donde se consigna el nuevo contrato minero”.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una segunda demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 406. Presentada por la abogada Martita Cornejo Robles esta es la segunda demanda que la Corte admite de las cuatro que se han presentado en contra del contrato ley.
Asimismo, las organizaciones del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería condenaron los actos represivos, detenciones injustificadas y violaciones a derechos humanos contra las personas que se manifiestan en todo el país y advirtieron de que la moratoria suscrita por el ejecutivo no incluye otras 15 concesiones que están en etapa de exploración.
Por su parte, Minera Panamá manifestó en un comunicado su preocupación por el intento de ingreso de un convoy de embarcaciones civiles en el Puerto Internacional de Punta Rincón, en Donoso, provincia de Colón. La empresa lo cataloga como un incidente "violento e ilegal". “Representa una amenaza significativa para nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal", destacó y pidió a las autoridades competentes "salvaguardar el bienestar de sus trabajadores, proteger sus instalaciones y preservar la integridad de sus operaciones comerciales".
En tanto, la representación de la Organización de las Naciones Unidas en Panamá solicitó una “búsqueda de soluciones pacíficas” al tema.
“Ante las recientes protestas sociales [la ONU] hace un llamado a la búsqueda de soluciones pacíficas mediante el diálogo y canales institucionales, priorizando la construcción de consensos en asuntos de prioridad nacional", señaló el organismo en un comunicado, así como expreso su “rechazo a los actos de vandalismo, acciones que ponen en peligro a otros ciudadanos y afectan la propiedad privada. Hacemos un llamado a la sociedad a repudiar cualquier forma de violencia en el ejercicio de sus derechos”.
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