Turbas sandinistas y paramilitares con el rostro cubierto provocaron el caos al ingresar por la fuerza a la Basílica San Sebastián, en Carazo, donde agredieron a obispos, sacerdotes, periodistas y defensores de derechos humanos, que viajaron en peregrinación convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), con el propósito de mediar para detener la sangrienta represión que desde el domingo ha desatado el gobierno de Daniel Ortega, en contra de manifestantes que demandan su salida del poder.

La represión gubernamental ha dejado un saldo preliminar de nueve asesinatos en el departamento de Carazo, de acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el número de víctimas mortales podría ascender a los 20, durante el fin de semana.

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El asedio en la localidad de Diriamba continuaba el lunes, donde las turbas atacaron la Basílica, donde se refugian 12 personas de los ataques paramilitares.

Hasta ahí llegaron los representantes de la Iglesia Católica, acompañados por el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, para buscar una salida a la crisis en esa localidad.

Pero las turbas respondieron con insultos y agresiones, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, resaltó con heridas en el brazo derecho, y el sacerdote Edwin Roman, tambieen resultó lesionado.

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La agresión incluyó a periodistas de medios independientes que fueron golpeados y heridos, entre ellos el periodista Jackson Orozco, de 100% Noticias. Los encapuchados arrebataron, destruyeron y robaron equipos de medios de comunicación como La Prensa, Canal 12, y 100% Noticias, cuyo director, Miguel Mora, denunció en su canal que es la tercera cámara que le roban desde que iniciaron las protestas, equipos que estan utilizando los medios en poder de la familia gobernante como el estatal Canal 6, y el 4 propiedad del Frente Sandinista.

Más de 320 personas han sido asesinadas desde que iniciaron las protestas en Nicaragua el pasado 18 de abril. La mayoría jovenes, entre ellos 25 menores de edad.

Y aunque el gobernante Daniel Ortega propuso un diálogo nacional en abril pasado, el mismo permanece estancado ante la falta de voluntad gubernamental. Ortega no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni los compromisos de detener la represión gubernamental. Tampoco ha aceptado públicamente la propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA), de adelantar elecciones para inicios del 2019.

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Ortega dejo entrever el fin de semana que pretender permanecer en el poder hasta enero del 2022.

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, denunció la masacre ocurrida el fin de semana que dejo un saldo de una veintena de muertes a manos de grupos paramilitares y de la Policía Nacional.

La legisladora federal dijo que continuará urgiendo a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designar nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre los que estarían sus hijos Laureano y Rafael Ortega Murillo.

Ros-Lehtinen publicó las fotografias del expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas; el vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco López Centeno; el jefe de facto de la Policía y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz; y el secretario político del Frente Sandinista en Managua, Fidel Moreno, los cuatro funcionarios sancionados por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Ley Global Magnitsky Act.

“Con reportes de más de 20 muertos, y mientras siga la represión, violencia y asesinatos por parte de Ortega, continuaré urgiendo a nuestra administración designar a más secuaces del régimen bajo Ley”, acotó.

En su cuenta en Twitter publicó fotografías de los candidatos pendientes de sanciones de la Ley Magnitsky, la lista la encabeza los hijos del gobernante, Laureano Ortega Murillo, asesor de inversiones; y Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial y el que maneja las finanzas de los negocios creados al amparo de la cooperación venezolana y los fondos públicos.

Los otros seis propuestos son: Bayardo Arce Castaño, asesor económico presidencial; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea nacional; Denis Moncada Colindres, Canciller del régimen de Ortega; Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista en el Parlamento; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Hernán Estrada, procurador General de la República.

Ros-Lehtinen envió el pasado 5 de junio, una carta a la administración del presidente Donald Trump, juntos a otros once congresistas y senadores, solicitando sanciones para Francisco López y Francisco Díaz, por corrupción y graves abusos a los derechos humanos, sanciones que fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro un mes más tarde.

Congreso y OEA discutirá violencia en Nicaragua

Para el próximo jueves el Congreso ha programado a una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores para discutir los esfuerzos de la Casa Blanca para promover sus intereses en el hemisferio occidental, donde se abordará la situación de Nicaragua y Venezuela.

Un grupo de nueve congresistas introdujo la semana pasada una resolución bipartidista que condena la violencia ocurrida en Nicaragua e insta al gobierno de Estados Unidos a identificar funcionarios nicaragüenses que califican para ser sancionados bajo la Ley Global Magnitsky. La resolución que se introdujo bajo el nombre de H.R. 981, ya se encuentra en el Comité de Relaciones Exteriores, para su discusión y votación.

Mientras, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se reunirá el próximo miércoles para analizar la situación actualizada de los derechos humanos en Nicaragua.

Otro de los temas a abordar en la sesión ordinaria del Consejo Permanente será las actividades que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que arribaron en las dos últimas semanas a Nicaragua con el propósito de dar seguimiento a la crisis que vive el país Centroamericano desde el pasado 18 de abril, cuando iniciaron las protestas pacíficas contra el gobierno del designado presidente Daniel Ortega.

@FloresJudith7

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