Al declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional pretende ejercer presión para rescatar el voto y lograr que se convoquen elecciones generales anticipadas. Esa es la argumentación política que el diputado y abogado constitucionalista, Juan Miguel Matheus, ofrece para explicar la última decisión adoptada por el Poder Legislativo venezolano.

Si se respetara la Carta Magna, hoy Maduro estaría fuera del palacio de Miraflores, removido por la Cámara, y en un plazo de 30 días los venezolanos deberían escoger a su sucesor en una votación universal, directa y secreta. Nada de esto ocurrirá y eso lo saben los parlamentarios. “El abandono del cargo está dentro del arsenal constitucional que la AN puede utilizar” para reabrir la vía electoral, según el análisis de Matheus.

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El acuerdo aprobado por el Parlamento este lunes incluye en su tercer punto lo siguiente: “Manifestar que la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país y de contener el desmantelamiento de las instituciones republicanas es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales”.

En su discurso de investidura, el nuevo presidente de la AN, Julio Borges, denunció que “es una decisión tomada por Nicolás Maduro que en Venezuela no haya elecciones nunca más”. La suspensión de los comicios regionales y el bloqueo del referendo revocatorio en 2016, encendieron las alarmas de la Unidad Democrática, que el 23 de octubre denunció que el régimen chavista se convirtió en una dictadura.

Mientras el oficialismo evita medirse en las urnas, tras la estrepitosa derrota sufrida en las legislativas del 6 de diciembre de 2015, la oposición demanda permanentemente que se realice una consulta general anticipada, convencida de que ese 70% que –según las encuestas – cuestiona la gestión de Maduro se expresará a favor del cambio.

Cumplido el trámite parlamentario, llega la pregunta: ¿y qué viene ahora? “Una lucha institucional, en la calle, internacional y ante la opinión pública por seguir ejerciendo todos los recursos constitucionales que la AN tiene a su mano, y todo eso tiene como único trofeo la procura del voto”, responde Matheus.

Respuesta roja

Maduro reaccionó instalando este martes el Comando Nacional Antigolpe, que será dirigido por el vicepresidente Tareck El Aissami. El Jefe de Estado no se limitó a acusar a la AN de golpista, sino que solicitó al resto de los poderes públicos –todos bajo el control del chavismo- actuar para evitar que este hecho quede impune.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ya amenazó a los legisladores de la Unidad con enjuiciarlos penalmente por “conspirar” para derrocar al régimen. “Juicio sí habrá contra todo aquel diputado de derecha que se atreva (a conspirar), será un juicio penal de acuerdo con la Constitución y las leyes”, advirtió Cabello.

En esa misma línea, el jefe de la bancada chavista, Héctor Rodríguez, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para pedir la nulidad de la sanción impuesta por la Asamblea Nacional y que, además, “juzgue el comportamiento de los diputados de la oposición e indique cuáles son las responsabilidades que en consecuencia deben asumir, las responsabilidades jurídicas, administrativas, penales y políticas”.

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