La propuesta exigiría demostrar ciudadanía estadounidense o residencia legal; el Departamento de Educación celebrará el 18 de agosto una audiencia pública sobre los nuevos requisitos
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IA D. CASTROPÉ
MIAMI.- Florida avanza hacia una nueva restricción educativa que impediría a estudiantes indocumentados matricularse en programas postsecundarios de educación profesional y técnica, conocidos como CTE, en el contexto de una política estatal más amplia dirigida a limitar su acceso a instituciones públicas.
El Departamento de Educación de Florida prepara una norma que reservaría esos cursos para ciudadanos estadounidenses y personas con presencia legal en el país. Antes de ser admitidos, los aspirantes tendrían que presentar documentación que demuestre su situación migratoria.
La propuesta establece que las pruebas deben ser “claras y convincentes”, además de creíbles, precisas y suficientes para acreditar que el solicitante es ciudadano o permanece legalmente en Estados Unidos.
La iniciativa todavía atraviesa el proceso reglamentario y no constituye una norma definitiva. El Departamento de Educación programó para el martes 18 de agosto, a las 10:00 a.m., una audiencia virtual destinada a discutir los requisitos y recibir comentarios.
La educación profesional y técnica comprende programas diseñados para preparar a los estudiantes en oficios y ocupaciones con demanda laboral. Florida los ofrece en escuelas intermedias y secundarias, institutos técnicos administrados por distritos escolares y centros pertenecientes al sistema estatal de universidades públicas de dos y cuatro años.
La restricción bajo consideración se concentraría en los cursos postsecundarios, entre los que figuran certificaciones en instalación y mantenimiento de sistemas de climatización, masoterapia, asistencia de enfermería, flebotomía, energía solar y operación de salas limpias para la industria de semiconductores.
Durante el periodo académico 2025-2026, aproximadamente 512,000 alumnos participaron en programas postsecundarios CTE en Florida, según cifras del Departamento de Educación citadas por News Service of Florida. Estas iniciativas conceden más de 137,000 títulos, certificados y credenciales profesionales cada año.
La propuesta representa otro paso en los esfuerzos de la administración estatal por excluir a personas sin estatus migratorio regular de diferentes niveles de la educación pública.
A comienzos del verano, la Junta de Educación de Florida aprobó disposiciones para impedir que estudiantes indocumentados asistan a las 28 instituciones que integran el sistema de universidades estatales.
Otra medida restringe su inscripción en programas de educación general para adultos ofrecidos en escuelas secundarias y centros universitarios, incluidos cursos de preparación para obtener el diploma de equivalencia GED.
Por separado, la Junta de Gobernadores analiza una norma que declararía inelegibles para matricularse en las 12 universidades públicas de Florida a quienes no puedan demostrar presencia legal. Esa posible prohibición comenzaría en el periodo académico 2027-2028, aunque todavía no ha recibido aprobación definitiva.
Los legisladores estatales presentaron durante la sesión de 2026 proyectos para impedir que personas sin presencia legal fueran admitidas en instituciones de educación superior y para limitar la cantidad de alumnos extranjeros sin residencia permanente.
Sin embargo, esas iniciativas no lograron avanzar y murieron en comités legislativos. Organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan ahora que restricciones similares se impulsen mediante normas administrativas y sostienen que podrían contradecir leyes estatales, garantías educativas y disposiciones federales sobre privacidad estudiantil.
La discusión del 18 de agosto marcará el siguiente paso del proceso antes de que las autoridades decidan si llevan la propuesta a una votación formal.
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