WASHINGTON.- La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a la Unión Europea (UE) que imponga sanciones contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana por "graves violaciones" de derechos humanos.
En una carta enviada al jefe de la división de sanciones del Servicio de Acción Exterior de la UE, Brice de Schiétere, la ONG aseguró que las autoridades guatemaltecas, "mediante maniobras legales", buscan intimidar al Partido Semilla y al Tribunal Supremo Electoral con el fin último de "anular los resultados electorales".
"Dado el rápido deterioro de la situación sobre el terreno y la proximidad de la fecha de la esperada toma de posesión del presidente electo (Bernardo Arévalo) instamos a la Unión Europea a utilizar medidas específicas y otras herramientas con rapidez y determinación", indicó.
HRW exigió sanciones contra Porras, quien "ha socavado investigaciones sobre corrupción y abusos de Derechos Humanos", mientras que también inició procesos "arbitrarios" contra periodistas, jueces, fiscales y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas.
La ONG sostuvo que Curruchiche -además de lo citado anteriormente- también emprendió represalias contra el exdirector del diario guatemalteco "elPeriódico" José Rubén Zamora por sus investigaciones sobre la corrupción en el país centroamericano.
Asimismo, sobre Orellana resaltó que dio "luz verde" a una investigación contra el director del Registro Ciudadano del Supremo, José Ramiro Muñoz, por negarse a acatar la suspensión del Movimiento Semilla, partido del presidente electo, Bernardo Arévalo.
HRW también pidió sanciones contra la fiscal Cinthia Monterroso por solicitar una investigación por "obstrucción a la justicia" contra nueve periodistas y columnistas que cubrieron el caso de Zamora, así como por participar "en la persecución de Semilla".
Tensiones
A principios de noviembre, el Congreso de Guatemala autorizó retirar la inmunidad a cuatro magistrados del TSE, incluida la presidenta, en el marco de una investigación sobre la presunta compra fraudulenta de un programa informático.
Según la Fiscalía, la compra se realizó por un monto de 148 millones de quetzales, a pesar de que existía una oferta menor que habría ahorrado 34 millones.
Las tensiones entre la Fiscalía y el TSE se remontan a cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad intentó cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, ganador de las elecciones, por supuestas anomalías en su inscripción. A pesar de las disputas legales, la Corte de Constitucionalidad permitió la participación de Semilla en una segunda vuelta, donde resultó victorioso.
El TSE dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión, previsiblemente, como presidente el próximo 14 de enero junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera.
FUENTE: Con información de Europa Press / AP