Presidenta de Perú, Dina Boluarte.
APLIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se abstuvo de responder a las preguntas formuladas durante un interrogatorio en la fiscalía que la investiga por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las protestas antigubernamentales.
Durante la comparecencia, uno de los abogados de la mandataria, Joseph Campos, informó a los medios locales que decidieron no responder a las 47 preguntas elaboradas tanto por la defensa de los familiares de las víctimas como por la Procuraduría General, un órgano diferente a la Fiscalía encargado de solicitar reparaciones civiles en defensa del Estado en Perú.
"Hemos dicho ya no vamos a declarar", declaró Campos.
La fiscal general Patricia Benavides y un fiscal adjunto informaron a Boluarte sobre la expansión de la investigación a otras regiones del país donde también hubo heridos y fallecidos. No se realizaron preguntas adicionales, ya que Boluarte negó cualquier imputación, indicando que había respondido en sesiones anteriores y se acogió a su derecho al silencio.
Uno de los momentos destacados del interrogatorio fue cuando Juan José Quispe, uno de los abogados de los familiares de las víctimas, preguntó si Boluarte se había reunido con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, en el palacio presidencial, en cuántas ocasiones, qué temas trataron y qué medidas tomó ella como jefa constitucional de las Fuerzas Armadas y la policía. Boluarte no respondió a esta pregunta.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Perú, las protestas dejaron un saldo de 49 civiles muertos como resultado directo de las acciones de las fuerzas de seguridad, mientras que otros 11 civiles murieron en accidentes de tránsito u otros incidentes relacionados con los bloqueos de carreteras por parte de los manifestantes. Además, siete miembros de las fuerzas del orden perdieron la vida durante las manifestaciones.
Quispe afirmó que las 47 preguntas a las que Boluarte no respondió fueron registradas en el acta de la sesión, a pesar de la inicial oposición del abogado de la presidenta. Tras deliberar en privado, Boluarte y su abogado regresaron para firmar el acta.
La presidenta peruana negó enérgicamente cualquier implicación directa en las muertes de los manifestantes. Esta fue la segunda vez que Boluarte compareció ante la fiscalía. La sesión contó con la presencia de un centenar de agentes de policía para prevenir posibles disturbios. Se colocaron vallas en las calles cercanas para restringir el acceso a la zona del centro de Lima, donde se encuentra la fiscalía. El vehículo de la mandataria, con ventanas polarizadas, ingresó a la sede del Ministerio Público sin hacer declaraciones a la prensa.
El genocidio es un delito que puede castigarse con una pena mínima de 20 años de prisión. La investigación también incluye al exprimer ministro Pedro Angulo, al actual primer ministro Alberto Otárola y otros exfuncionarios, así como al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre después de que su predecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentara disolver el Parlamento y fuera destituido. Castillo se encuentra detenido de manera preventiva por tres años mientras se le investiga por presuntos delitos de corrupción y rebelión.
Las protestas comenzaron en las zonas rurales del sur de los Andes tras el inicio del mandato de Boluarte, exigiendo su renuncia y la de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima, pero se calmaron a mediados de febrero.
A pesar de los altos índices de desaprobación, tanto el Congreso como la mandataria decidieron continuar en sus cargos hasta 2026. Durante las protestas, cuatro intentos de acortar el mandato de Boluarte y los legisladores fueron archivados por no obtener los votos necesarios en el Parlamento.
FUENTE: Con información de AFP
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