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CARACAS.- Reivindicando el principio de "no injerencia”, los países de América Latina evitaron por muchos años meterse de lleno en la crisis venezolana. Y ahora resulta que la crisis venezolana se desborda, atraviesa las fronteras y asalta los territorios vecinos, obligando a gobiernos y organismos multilaterales a tomar decisiones y aumentar la presión contra el régimen del gobernante Nicolás Maduro.

La deriva autoritaria de la revolución bolivariana y el éxodo de venezolanos que huyen de un país azotado por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, el colapso de los servicios públicos y la violencia criminal, sacó del marasmo a la comunidad internacional, que ha comenzado a elevar el tono para responder al desafío de Maduro.

Distintos hechos demuestran cómo en las últimas semanas se ha intentado apretar el cerco contra Caracas. Reunidos en Quito, 11 países de la región acordaron medidas para atender el incremento del flujo migratorio venezolano y exhortaron al régimen chavista a admitir la “apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) creó un grupo de trabajo con el fin de determinar “la escala completa de la migración venezolana y la crisis de refugiados”, y “captar recursos financieros para responder a las necesidades en el terreno”. “Esta crisis migratoria afecta las posibilidades de vida, de acceso a los servicios, y de trabajo de los ciudadanos de todos los países de la región”, declaró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras conversar en Cartagena con el presidente de Colombia, Iván Duque.

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La nueva alta comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asiste a la inauguración de la trigésimo novena sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, hoy, 10 de septiembre de 2018.
La nueva alta comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asiste a la inauguración de la trigésimo novena sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, hoy, 10 de septiembre de 2018.

En su estreno como alta comisionada de Naciones Unidas (ONU) de Derechos Humanos, Michelle Bachelet precisó que 2,3 millones de venezolanos –equivalente al 7% de la población- han emigrado por “la falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales y a atención médica, la inseguridad y la persecución política”.

Las ONG Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) alzaron sus voces para denunciar la situación que enfrenta la República Bolivariana. “Venezuela está registrando niveles de regresión en materia de derechos humanos alarmantes, donde una de las consecuencias más notables ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países, principalmente de las Américas”, alertó AI.

Reforzando la línea dura trazada por Washington, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, llevó la discusión de la crisis venezolana hasta el Consejo de Seguridad, donde acusó a Maduro y al presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, de dirigir un “narcoestado criminal que está robando al pueblo venezolano”.

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La embajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley habla al Consejo de Seguridad.
La embajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley habla al Consejo de Seguridad.

Caracas niega que exista una crisis humanitaria y minimiza el impacto del éxodo. Mientras rechaza las demandas de la comunidad internacional y de la oposición, acusa a sus detractores de inventar un “falso positivo” para justificar una intervención militar extranjera. “Se está construyendo de forma artificial, de forma artificiosa, una matriz para justificar la intervención de Venezuela, y esa matriz se llama ‘crisis humanitaria’”, respondió la vicepresidenta Delcy Rodríguez

¿Y ahora?

Hasta ahora, ha habido más palabras que acciones. EEUU ha aplicado sanciones financieras al gobierno socialista y también a altos jerarcas del régimen, incluidos Maduro y Cabello. Canadá, la Unión Europea (UE), Suiza y Panamá han seguido el ejemplo de la Casa Blanca, imponiendo castigos a miembros de la cúpula chavista.

“La presión internacional ha sido importante, sin embargo, creo que no ha sido suficiente”, observa la politóloga María Teresa Romero. "Hablamos de un régimen de delincuentes que está dispuesto a mantenerse en el poder a cualquier costo, debe haber una mayor y más contundente presión internacional”, expone la profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Romero destaca que aún “los países de América Latina no han tomado medidas como las desplegadas por EEUU y la UE. ¿Dónde están las sanciones a funcionarios del régimen venezolano y el rompimiento de relaciones diplomáticas? No ha habido medidas colectivas para ir más allá”, cuestiona.

"Puede que se tomen medidas por el éxodo masivo, pero el núcleo del problema sigue allí, que es este régimen que no quiere cambiar y destruye todo. Se necesita una mayor voluntad política de parte de los países latinoamericanos", subraya la académica.

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Venezolanos llegan a la ciudad colombiana de Cúcuta para seguir hacia Perú y Ecuador.
Venezolanos llegan a la ciudad colombiana de Cúcuta para seguir hacia Perú y Ecuador.

Punto débil

La internacionalista Elsa Cardozo señala que “las presiones internacionales han surtido algún efecto reduciendo notablemente el margen de maniobra político, económico y estratégico del gobierno”; no obstante, aclara que todavía este esfuerzo no ha logrado ninguno de los objetivos perseguidos: elecciones libres, liberación total de presos políticos, ingreso de ayuda humanitaria y respeto al Poder Legislativo

Cardozo explica que deben cumplirse tres condiciones para avanzar en esta materia. Primero, las medidas deben tener un propósito bien definido. No es lo mismo promover un cambio de gobierno que insistir en un nuevo proceso de diálogo. “Ese propósito no está claro para todos los países”, indica la experta.

En segundo plano, las acciones tienen que ser “lo más colectivas posibles”. La investigadora apunta que “hace falta más coordinación y disposición en la región para demostrarle a Maduro que no tiene carta blanca”. A su juicio, en este momento “la presión regional es desigual y no todos están dispuestos a asumir los riesgos” de enfrentar al régimen chavista, razón por la cual aplaude la propuesta de Bogotá de “fortalecer el rol que está desempeñando la OEA”.

El último punto es quizás el más importante, según Cardozo: la articulación de la presión internacional con la interna."Esa es una pieza clave, que haya una coordinación dentro del país que se articule al mismo ritmo que se adelantan las presiones internacionales con propuestas que vayan planteando un escenario distinto, y que permitan dar esperanza a la población y movilizarla a favor de ese cambio. Esa es la pieza más importante que falta en el rompecabezas”, finaliza.

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