Efectivos policiales y los llamados "boinas negras" patrullan para identificar y presionar a ciudadanos con deudas de multas estatales
Policías montan guardia en la calle El Paseo del Prado en La Habana.
YAMIL LAGE / AFP
El régimen dictatorial de Cuba inició en las calles de La Habana un despliegue policial denominado "Operación Rastrillo". Esta medida consiste en patrullajes de efectivos policiales y fuerzas especiales conocidas como "boinas negras" con el objetivo de identificar a ciudadanos que posean deudas por multas estatales.
Según información publicada por Martí Noticias, los agentes detienen a personas en la vía pública para verificar antecedentes de pagos pendientes en los registros oficiales. El procedimiento incluye presiones para que los ciudadanos liquiden las sumas exigidas por la dictadura de forma inmediata.
Los reportes indican que las autoridades instan a los individuos a vender pertenencias personales para efectuar los pagos de estas multas. La operación ocurre tras reportes de protestas en barrios habaneros debido a interrupciones en el suministro eléctrico y el desabastecimiento de productos básicos.
El periodista independiente Pablo Morales Marchant vivió en carne propia lo que califica como una "arbitraria experiencia". El pasado miércoles, mientras se encontraba en el concurrido Parque de la Fraternidad, en La Habana Vieja, fue interceptado por efectivos que procedieron a verificar su identidad en el Registro Operativo Policial.
"Me dijeron: 'espera, que te vamos a tirar por el registro a ver qué le sale a usted'", relató Morales. El resultado del sistema arrojó una deuda de 32,000 pesos cubanos, cifra que se había duplicado tras meses de impago.
La multa original fue impuesta tiempo atrás por un agente de la Seguridad del Estado bajo el cargo de "actividad económica ilícita".
Tras ser detectado como "deudor", Morales Marchant fue trasladado a pie hasta la unidad policial de la calle Dragones. Allí permaneció detenido durante 17 horas, un periodo marcado por la presión psicológica para forzar el pago de la sanción.
El régimen utiliza este método como un mecanismo de control y recaudación de ingresos en la capital. Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos afectados señalan que las multas son impuestas de forma arbitraria. La presencia militar en las zonas urbanas busca garantizar el cumplimiento de estas sanciones monetarias bajo amenaza de detención.
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