El régimen de Daniel Ortega busca ampliar su política de censura y persecución más allá de las fronteras, afectando también a la diáspora nicaragüense
El dictador sandinista Daniel Ortega y el jefe del Ejército Julio César Avilés.
Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinistaMANAGUA.- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen sandinista de Daniel Ortega, aprobó el miércoles una nueva ley de ciberdelitos que impone penas de cárcel para quienes publiquen contenidos que generen "alarma, temor o zozobra" en redes sociales, una medida con la que el sandinismo busca silenciar las críticas y sofocar la disidencia.
La nueva legislación establece penas de entre tres y cinco años de prisión para aquellos que, dentro o fuera del país, difundan información que afecte el orden público o cause temor en la población. Además, si el contenido es considerado como una amenaza a la estabilidad económica o social, o promueve la discriminación, la pena se incrementa a entre cinco y diez años de cárcel.
Esta ley endurece las sanciones ya contempladas en la Ley Especial de Ciberdelitos de 2020, utilizada en repetidas ocasiones para procesar a opositores y periodistas bajo el cargo de difundir "noticias falsas".
Grupos opositores en el exilio denunciaron que esta ley busca consolidar un "control total" sobre el acceso a la información y la libertad de expresión en las redes sociales, que han sido cruciales para la denuncia de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. "Este es un paso más hacia la consolidación de una dictadura digital", señaló el abogado nicaragüense Salvador Marenco, quien se encuentra exiliado en Costa Rica. Asimismo, advirtió que el régimen de Ortega busca ampliar su política de censura y persecución más allá de las fronteras, afectando también a la diáspora nicaragüense.
El endurecimiento del control sobre las plataformas digitales también generó preocupación en organismos internacionales. En una reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se discutió el impacto de esta nueva normativa y se advirtió sobre el peligro de que se intensifique la represión contra los nicaragüenses exiliados. El informe presentado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó que estas medidas podrían ser utilizadas para criminalizar aún más la crítica al régimen y silenciar a voces disidentes tanto dentro como fuera del país.
Desde las protestas opositoras de 2018, Ortega endureció el marco legal para consolidar su poder y sofocar cualquier intento de oposición. En los últimos años, clausuró más de 5.500 organizaciones no gubernamentales y confiscó los bienes de decenas de entidades. Esta nueva ley de ciberdelitos se suma a una serie de reformas que buscan castigar con severidad a aquellos que se manifiesten en contra de su régimen.
Solo una semana antes, se aprobó una reforma al código penal que impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes cometan "delitos contra el Estado", independientemente de su lugar de residencia. Además, el régimen ha privado de la nacionalidad a 451 opositores en lo que va de 2023, una medida que ha sido criticada por organismos de derechos humanos.
La nueva ley entrará en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, lo que marcará un nuevo capítulo en la represión que el régimen sandinista de Daniel Ortega ejerce sobre la población y los opositores en el exilio. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue debatiendo el impacto que estas normativas tendrán en la libertad de expresión y los derechos fundamentales en Nicaragua.
FUENTE: Con información de AFP
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