Honduras iba camino a convertirse en un líder mundial en materia de regulación. Ahora su nuevo gobierno está dando pasos significativos hacia atrás, tratando de deshacer gran parte de los avances positivos realizados por la anterior administración de Sosa. La legislación aprobada en 2013 fue celebrada por los partidarios del libre mercado y los libertarios, ya que el Gobierno de entonces facilitó la creación de las ZEDE, también conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. El objetivo de estas zonas era fomentar la inversión internacional en la economía hondureña, que atravesaba dificultades, proporcionando un entorno económico sin comparación en la región.
La más destacada de ellas fue la Próspera ZEDE, que consiguió atraer más de 100 millones de dólares de inversión internacional y, según los reportes, tiene otros 500 millones de dólares de inversión privada en cola. Esta inversión procedía principalmente de inversores estadounidenses, entre ellos varios pesos pesados en la industria tecnológica, como Peter Theil y Marc Andreessen. Con la infraestructura legal para el proyecto consagrada en la Constitución Hondureña, así como en la ley estatutaria, el proyecto dio a los inversores la confianza para invertir en una economía que, de otro modo, muy probablemente habrían evitado.
Ahora, el gobierno castrista en función pretende socavar esta confianza, alegando falsamente que está liderando una campaña para ayudar al país a recuperar su soberanía. Por el contrario, no sólo se está minando la confianza internacional en la economía, sino que cualquier tipo de inversión internacional futura en el país está siendo disuadida por los inversores, ahora preocupados por el respeto del Estado de Derecho y la propiedad privada en el país en general.
La lógica es que si la infraestructura para un proyecto de tal envergadura, que está anclada en la Constitución, puede verse socavada, no se sabe a dónde puede llegar el nuevo gobierno al suponer una amenaza para los ciudadanos del país, la propiedad privada y el respeto del Estado de Derecho. De hecho, ésta no es la primera legislación antidemocrática y problemática propuesta por el actual gobierno del país. El esposo y principal asesor de la Presidenta, el Ex Presidente Manuel Zelaya, ha sido un firme partidario de aprovechar la Corte Suprema del país, en cuyo nombramiento ha admitido tener influencia, para imponer la política que le parezca oportuna. Esto siguió a uno de los primeros y más polémicos actos del gobierno de Castro, que vio la aprobación casi inmediata de un grado de amnistía que borraba los cargos de malversación de fondos contra aliados del clan Zelaya, muchos de los cuales han sido nombrados ahora para puestos clave del gobierno. Todo esto, por supuesto, contraviene la promesa de la Presidenta Xiomara Castro al pueblo de un nuevo país libre de corrupción.
Las actividades del actual gobierno no sólo ponen en peligro el futuro del libre mercado y las inversiones internacionales, sino que también ponen en peligro su relación con Estados Unidos. Al menos dos senadores estadounidenses, Bill Hagerty (R-TN) y Ben Cardin (DMD), han expresado su descontento por las acciones del gobierno hondureño contra la propiedad privada y la falta de protección de las inversiones estadounidenses, pidiendo al Secretario de Estado Anthony Blinken que tome cartas en el asunto. Esto se produjo después de que el Departamento de Estado hiciera su propia declaración expresando su preocupación al respecto. Según la declaración, existe la preocupación de que la medida no sólo es antidemocrática, sino que también viola dos acuerdos comerciales, el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR) y un tratado bilateral de inversión (TBI) entre EEUU y Honduras.
Otra preocupación estadounidense es la forma en que se obstaculizan las oportunidades para tener cercanía en costas. Teniendo en cuenta el delicado estado de los asuntos mundiales frente a los principales rivales de EEUU en la arena global, China y Rusia, el nearshoring, u ofrecer a las empresas que forman parte integral de las cadenas de suministro estadounidenses la oportunidad de trasladarse estratégicamente más cerca de EEUU para garantizar la estabilidad de la cadena de suministro, es un interés al que EEUU no renunciará tan fácilmente. México ya se ha beneficiado significativamente de permitir la deslocalización dentro de sus fronteras de empresas interesadas en permanecer en el radar económico de EEUU y desempeñar un papel más amplio en las consideraciones económicas estadounidenses.
Los estadounidenses no son conocidos por quedarse quietos cuando en sus fronteras hay actores que amenazan la economía de libre mercado internacional y la propiedad privada. Sancionar a los actores responsables de amenazar el libre mercado es una herramienta que los legisladores estadounidenses han empleado en el pasado, junto con la cancelación de visados a políticos que considera que contravienen sus intereses económicos. También existen precedentes de interrupción de la ayuda como consecuencia de tales actividades contrarias al libre mercado, como se vio en la Enmienda Hickenlooper de 1962, que restringía la ayuda a los países comunistas y, más ampliamente, a cualquier país que nacionalizara la propiedad corporativa estadounidense.
Al considerar la legislación propuesta dirigida a socavar Próspera ZEDE y a sus inversores, a pesar de su garantía de estabilidad de 50 años, la ayuda internacional es una consideración que debería preocupar personalmente a la Ministra de Hacienda Roxi Moncada. La necesidad de buscar alternativas a la ayuda estadounidense supondría revelar en profundidad la deuda nacional, que actualmente se considera positiva, y en concreto, la necesidad de revelar el pasivo contingente del país, que asciende a más de 10.000 millones de dólares. Tal revelación sin duda haría que los costes de los préstamos para Honduras se disparasen y que las fuentes de financiación se secasen indudablemente.
Los precedentes históricos deberían indicar al actual gobierno de Castro que la batalla que se está librando contra el libre mercado en general y contra las ZEDE en particular es una batalla cuesta arriba y que debería prever que perjudicará los intereses nacionales de Honduras de formas que ni siquiera se habían previsto. Actuar de forma cortoplacista para obtener un beneficio económico inmediato, pero no meditado, sólo verá el deterioro de la relación con Estados Unidos, la destrucción de la inversión extranjera directa, la paralización de la ayuda internacional y el perjuicio personal de los intereses de los gobernantes.
Por: Daniel Barahona
FUENTE: REDACCIÓN
