CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, informó este jueves que se declaró procedente abrir un juicio contra el exdiputado chavista Hugbel Rafael Roa, presuntamente vinculado a hechos de corrupción en la empresa petrolera estatal PDVSA.
En un comunicado de prensa, el TSJ informó que la Sala Plena "declaró procedente el enjuiciamiento del ciudadano Hugbel Rafael Roa Caruci, de conformidad con la solicitud presentada por el Ministerio Público, en la que se evidencian elementos de convicción que comprometen su responsabilidad, por la presunta comisión de delitos tipificados en la legislación venezolana contra la corrupción".
El martes pasado, la Asamblea Nacional ilegítima, de mayoría chavista, allanó la inmunidad parlamentaria de Roa, luego que su nombre apareciera vinculado a hechos de corrupción en PDVSA y que provocaron las detenciones de varios jefes chavistas, incluido Roa, así como la renuncia de Tareck El Aissami, hombre fuerte del régimen, al cargo de ministro de Petróleo. Roa es un cercano colaborador de El Aissami. Fue detenido el domingo en horas de la tarde.
La prensa oficialista reseñó que Roa, quien también fue ministro de Educación, se le asocia con la empresa mixta Petrocedeño, que tiene participación accionaria de Francia y Noruega. "Para hablar con el presidente de Petrocedeño había que pasar por Hugbel”, comentó una fuente ligada a la industria, según el periódico de corte chavista Últimas Noticias, reseñó el portal El Carabobeño.
Además de Roa, también fueron detenidos los jueces Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; José Márquez, juez cuarto de control en materia de terrorismo y el alcalde de Las Tejerías, Pedro Hernández.
Asimismo, el jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez; el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA; el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos, gerente general de la Dirección de Seguridad Integral de cuatro ejes de la Faja Petrolífera del Orinoco; y el juez Primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho Gómez, entre otros.
El régimen de Maduro ha dicho que investigan la desaparición de más de 3.000 millones de dólares de las cuentas de PDVSA, que habrían generado por la venta de crudo entre octubre y noviembre de 2022. Estas ventas se hicieron a través de criptomonedas para evadir las sanciones internacionales que impiden a PDVSA vender el petróleo venezolano a sus socios tradicionales.
Analistas han afirmado que si bien los hechos de corrupción no son nuevos en la estatal, las detenciones y la renuncia de El Aissami son el reflejo de un reacomodo de fuerzas internas dentro del chavismo gobernante.
FUENTE: Nota de Prensa / Tribunal Supremo de Justicia