SAN JOSÉ.- El régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo ha vuelto a desplegar por diversos sitios de Nicaragua su arsenal policial para impedir que campesinos y opositores se reúnan en el interior del país, con el fin de protestar contra el proyecto del canal interoceánico. La ley que avala dicho plan representa una amenaza para los productores agrícolas que podrían perder sus tierras.
El gobierno ha desplegado desde un día antes en diversas rutas nacionales a miles de policías, incluidos antimotines, para impedir que los manifestantes se desplacen hacia la ciudad de Juigalpa, ubicada 140 kilómetros al este de Managua.
Ahí el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, integrado principalmente por campesinos, realizarían este sábado la marcha número 87 contra el proyecto canalero, aprovechando la celebración.
La policía se ha desplegado en rutas estratégicas ubicadas en departamentos como Boaco, Rivas; Managua, Carazo y otros que conectan con Juigalpa.
En Rivas, en el puesto de Ochomogo, los agentes bajaron y obligaron a regresar a viajeros que pensaban llegar a Managua para luego sumarse a la marcha en Juigalpa.
“Vengo con trece persona a la marcha y a la lucha, que nos dejen trabajar en libertad a los campesinos, no somos políticos, queremos que quiten esa ley, ¿cuál es el miedo que le tienen a los campesinos? No quieren que continuemos ni a pie, sentimos nuestros derechos violentados”, dijo al diario La Prensa Rafael Ángel Bermúdez, un campesino que no pudo continuar hacia Juigalpa porque los policías se lo impidieron.
La ley 840 sustenta el proyecto canalero, que junto a su marco jurídico, ofrece pagar a precio de catastro las tierras de los campesinos por donde pasaría el canal húmedo.
El Gobierno de Nicaragua es el principal promotor de la construcción del canal interoceánico, para el cual otorgó a HKND Group una concesión de 50 años prorrogables por otro medio siglo.
Según el diseño más reciente, el proyecto del canal consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos presas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la presa oeste.
El costo del proyecto está calculado en unos $50.000 millones de dólares, de acuerdo con HKND Group.
Nicaragua espera que su construcción abra unas 50.000 plazas de empleo y duplique el producto interno bruto (PIB) nacional.
Un 13 de junio de 2013 y sin consulta amplia previa, el parlamento nicaragüense dominado por diputados sandinistas, en sesión ordinaria aprobó la 840 “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.”
La misma entrega el proyecto, en concesión por 100 años, a la empresa HKND, del magnate chino Wang Jing.
La Ley fue aprobada en un tiempo récord. El 7 de junio de ese año la iniciativa fue remitida por el gobierno de Ortega a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional para que emitiese el dictamen favorable. En cosa de horas los diputados de esta comisión hicieron pocas consultas con la empresa privada y fue aprobada el 13 de junio también en cuestión de horas.
Aparte de omisiones de procedimientos, la ley 840 tiene errores de fondo. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, sobre todo de la costa atlántica sur de Nicaragua, se quejan por la falta de consulta previa, dado que un 40% de su territorio se vería afectado por la ruta interoceánica.
El sistema interamericano de derechos humanos obliga a los estados a informar de manera previa y libre proyectos como éste que puede alterar sus vidas y subsistencia.
La ley ordena que en la zona de construcción del canal no rijan las leyes, por lo tanto exime de cualquier responsabilidad a la empresa concesionaria y a sus trabajadores.
La tarde del sábado 22 de abril, la líder campesina Francisca Ramírez junto a unas 700 personas, que pretendían llegar hasta Juigalpa, para participar en la marcha en contra del canal Interoceánico, se mantenían retenidos en la carretera que sale de Nueva Guinea, ya que la cantidad de antimotines aumentó a más de 600 desde la mañana.
Mientras que en la carretera Panamericana Norte, en el empalme de Boaco, la Policía Nacional incrementó el número de oficiales y antimotines para impedir el avance de Ana Margarita Vijil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de Violeta Granera y Azahalea Solís, ambas del Frente Amplio por la Democracia (FAD).
Según el diario La Prensa, Ramírez, coordinadora del Consejo Nacional para Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, señaló: “Nosotros queremos evitar un baño de sangre, pero al parecer el Gobierno nos va a reprimir con la llegada de más antimotines. Eso demuestra que Daniel Ortega nos quiere robar nuestras tierras. Hay más de 600 antimotines con AK, escopetas y bombas lacrimógenas”.
El gobierno sandinista hizo un llamado, para el mismo día de la protesta campesina, a una marcha para contrarrestarlos, en la misma ciudad de Juigalpa.
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