CARACAS.- El derecho al sufragio no está garantizado para un número significativo de venezolanos. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el régimen sostiene que 20.759.809 ciudadanos están habilitados para sufragar en la convocatoria electoral fijada para el 6 de diciembre, la dinámica política y social del país impone otra realidad.

La cifra de electores registrados no guarda relación con los datos de emigración que organismos internacionales tienen sobre la diáspora venezolana.

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Según la plataforma de Coordinación para los Migrantes y Refugiados (RAV) promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA) 5.202.270 ciudadanos han abandonado el país y de éstos solo 2.663.925 tienen permisos de residencia y estancia regular concedida en otros países.

Del total de venezolanos que han emigrado se calcula que aproximadamente 4 millones (entre ciudadanos con estancia regular y refugiados) son mayores de edad y están inscritos para votar en alguno de los 14.000 centros de votación que existen en el país.

Sin embargo, ninguna de estas personas puede ejercer el voto en los comicios parlamentarios anunciados para el 6 de diciembre, aunque el CNE proclama que los considera como electores activos dentro del país.

Ni parlamentarias, ni presidenciales

Aunque todos los electores potenciales en el extranjero estuviesen inscritos en el padrón de votantes, la normativa electoral venezolana no contempla la posibilidad de votar (para cuerpos colegiados) fuera del país al no existir circunscripciones de voto nacional, esto a pesar de que el 6 de diciembre se escogerán 48 diputados de ámbito nacional.

Los ciudadanos que se encuentran fuera del país tampoco pudiesen votar en caso de que a través de las gestiones de la comunidad internacional se lograra la convocatoria de una elección presidencial o se activara un referendo revocatorio presidencial.

Para que un venezolano mayor de edad pueda inscribirse para votar fuera del país, o pueda cambiar el centro de votación que tiene asignado en alguno de los 23 estados por otro dispuestos en las misiones consulares o embajadas del país, necesita demostrar que posee residencia legal en el país en el que se encuentra. Un trámite que hasta la fecha solo han logrado cumplir 108.623 venezolanos.

Según el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales “sólo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela (…) podrán sufragar en el exterior, los funcionarios adscritos a las embajadas, consulados y oficinas comerciales”.

Aunque en varias oportunidades organizaciones de contraloría electoral han intentado exigir la nulidad de esta disposición argumentando que es ilegal que las embajadas y consulados venezolanos asuman el rol de autoridades migratorias y condicionen el derecho al voto al estatus de residencia del ciudadano, los distintos recursos presentados ante el TSJ no han prosperado.

Más que residencia permanente

No obstante, demostrar residencia permanente no es el único requisito que deben cumplir los venezolanos para poder votar desde el exterior. Venezuela tiene representaciones diplomáticas en 85 países (125 delegaciones en total). La mayoría de éstas aún bajo el control de los funcionarios designados por el régimen de Nicolás Maduro.

Aunque en teoría un venezolano en el exterior solo necesitaría de su cédula de identidad aunque esté vencida) para inscribirse en el Registro Electoral, desde el año 2010 en algunos consulados y embajadas (33 en total) se exige la presentación del pasaporte vigente, partida de nacimiento original y requisitos administrativos diversos no contemplados en la Ley, mientras en otras en 44 representaciones diplomáticas no se realizan trámites de inscripción o actualización del RE, bajo el argumento que este debe ser un proceso ordenado por la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE.

En esencia, solo 4% de las misiones consulares y diplomáticas de Venezuela realizan procesos de cambio de residencia de los electores.

Según una evaluación realizada por la Comisión Especial para la Reforma Electoral de la Asamblea Nacional, el proceso de actualización del Registro Electoral para devolver el derecho al voto a los venezolanos que emigraron puede tardar entre 3 y 6 meses.

Para que los venezolanos que se encuentran fuera del país puedan participar en una eventual elección presidencial se necesitaría a grandes rasgos las siguientes acciones:

1) Modificar el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales

2) Devolver a los migrantes venezolanos el derecho a la identidad

3) Evitar las trabas de los funcionarios diplomáticos designados por el gobierno venezolano

4) Definir un sistema de votación y de transmisión de resultados. Hasta la fecha, por la escasa cantidad de electores las actas de resultados se envían al país en valija diplomática lo que provoca que en muchas cosos los resultados lleguen después de que se ha proclamado al vencedor de las elecciones

5) Establecer la logística necesaria para garantizar la votación masiva de ciudadanos venezolanos en los países que son los principales receptores de migrantes venezolanos

Los votos que le faltaron a Capriles

Por los impedimentos para sufragar fuera del país, el voto de los venezolanos en el extranjero es anecdótico, sin capacidad de influir directamente en los resultados de una elección por todos los obstáculos que el régimen se ha encargado de implementar. No obstante, si todos los ciudadanos que se encuentran fuera del país lograrán actualizar su centro de votación, un eventual voto en el extranjero pudiese ser determinante en elecciones de ámbito nacionales, como referendos revocatorios o elecciones presidenciales.

Según los resultados oficiales de la elección presidencial del año 2013 entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles Radonski, la diferencia entre ambos apenas fue de 223.599 votos. En esa elección estaban habilitados para sufragar en el exterior 100.495 venezolanos. 60.832 de estos lograron votar y sólo 7% (4.509) lo hizo a favor de Maduro.

Sin embargo, para ese momento los cálculos de las organizaciones de contraloría electoral sugerían que la cifra de electores potenciales fuera del país alcanzaba a los 2 millones de personas.

La diferencia entre Maduro y Capriles Radonski pudo ser revertida con el voto de los ciudadanos que se encontraban fuera del país ese año. Por ejemplo, en la consulta popular realizada por la oposición en el año 2017 lograron movilizar, fuera del país, a 685.000 ciudadanos para que acudieran a votar en un evento no vinculante.

4,2 millones afectados en Venezuela

Para el evento parlamentario del 6 de diciembre el CNE (designado hace cuatro semanas por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Nicolás Maduro) estableció un lapso especial de 14 días para la actualización del padrón de votantes.

Según Francisco Castro director de la organización Súmate, “la Jornada Especial del Registro Electoral aprobada por el directorio del CNE, con el despliegue

de 551 puntos, entre el 13 y 26 de julio, no podrá garantizar la inscripción y actualización de al menos 4,2 millones de ciudadanos: 2,6 millones en edad para inscribirse y 1,6 millones por cambiar su centro de votación después del desplazamiento interno provocado por la emergencia humanitaria compleja en el país y por la crisis de servicios públicos.

Según Castro en 14 días con 551 puntos y con las medidas de confinamiento y restricciones de movilización por la pandemia del COVID-19, es matemáticamente imposible que el CNE pueda cumplir con esta obligación constitucional y legal (…) Adicionalmente, en el análisis realizado por los técnicos de Súmate se concluye que la ubicación de los puntos de actualización del Registro Electoral “refleja un claro sesgo político en su asignación geográfica. Mientras apenas el 17,7% de los puntos estaría desplegado en parroquias pertenecientes a los estratos electorales 1 y 2 (pro-opositores), el 32,8% de los puntos pertenecen a estratos electorales 6 y 7 (pro-oficialistas), a pesar de que la población objetivo es igual en todos los estratos.

Según Castro es necesario luchar por el restablecimiento de Condiciones Electorales que permitan la celebración de elecciones: 1) Justas, donde las reglas sean iguales para todos; 2) Transparentes, donde se cuenten los votos de manera exacta y se respete el principio de un elector – un voto; y 3) Libres, donde se respete el derecho a elegir, ser elegido y a votar sin intimidación ni coacción (…) También es necesario que el CNE ofrezca garantías amplias asociadas a que el resultado de la elección se traduzca en el Ejercicio

Efectivo del poder político que se les transfiere a las autoridades electas a través del voto”.

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