MIAMI – Monseñor Rolando Álvarez, obispo de las Diócesis de Matagalpa y Estelí y el padre Harvy Padilla, párroco de San Juan Bautista, en Masaya, son los rostros que ahora mismo en Nicaragua representan la persecución y asedio al que permanece sometida la Iglesia Católica por decisión del gobernante Daniel Ortega.

Patrullas de la Policía mantienen rodeadas las parroquias de Santo Cristo, en la ciudad de Managua, y la San Juan Bautista en Masaya.

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Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), rodean desde el viernes la parroquia Santo Cristo y han bloqueado la calle cerrando el acceso a la Iglesia donde el obispo permanece y desde donde inició un ayuno de oración indefinido. El domingo por la mañana impidieron el acceso a los feligreses y a dos sacerdotes que acompañarían a monseñor Álvarez a realizar la misa. Una situación similar se repitió en la parroquia San Juan Bautista.

“Desde hoy empiezo un ayuno indefinido, con agua y suero, hasta que la Policía Nacional, a través del presidente o el vicepresidente de la Conferencia Episcopal únicamente, me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar”, dijo la noche del viernes monseñor Álvarez a través de un video en el que denunció la persecución de la policía, al extremo que invadió su espacio familiar.

Mientras, el sacerdote Padilla permanece asediado desde el 14 de mayo. Agentes de la Policía de la ciudad de Masaya, paramilitares y turbas sandinistas permanentemente rodean la parroquia San Juan Baustista. Una patrulla policial bloquea el acceso al garaje de la iglesia lo que impide la salida del religioso que ha decidido permanecer en la iglesia debido a la inseguridad y la amenaza del régimen contra su persona.

Ante el escenario de agresión, la Arquidiócesis de Managua demandó el cese del asedio policial contra dos parroquias en las que se refugian estos líderes religiosos, críticos del régimen.

"Hemos llamado a la policía nacional a deponer esa actitud innecesaria e invitamos a orar (..) para crear un clima de entendimiento nacional", exhortó la Arquidiócesis, que preside el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, en una nota de prensa.

“En particular expresamos nuestra solidaridad y cercanía a los fieles y sacerdotes de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, en donde su excelencia monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador Apostólico de Estelí se encuentra recluido en oración y ayuno; así como en la parroquia San Juan Bautista en la ciudad de Masaya, y a su párroco el padre Harvy Padilla, que viven un ambiente de zozobra por su seguridad personal y la imposibilidad de ejercer su derecho a vivir y celebrar su fe en un ambiente de paz y libertad”, subraya la nota de prensa de la Arquidiócesis de Managua.

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El régimen inició una campaña de agresión frontal contra la Iglesia Católica. La dictadura ordenó la cancelación del Canal Católico de la empresa de telecomunicaciones Claro, y de la empresa de televisión TIGO, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), que dirige Nahima Díaz Flores, hija del jefe de la Policía, Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La persecución al obispo

Monseñor Álvarez denunció a través de un video la persecución de la que es objeto.

“Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, durante todos los movimientos del día. Al final de la tarde, encontrándome en la casa de mi sobrina, he ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía el por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes”.

“Les he dicho que se comunicaran con el primer comisionado [Francisco Díaz] para informarle que ya por hoy era suficiente esta persecución que esperaba después de cenar en casa de mi sobrina, que ellos también podrían estar descansando. Lejos de suceder lo que realmente creí que, con una básica, mínima voluntad o sentido común de parte de las autoridades superiores de la policía y del gobierno iba a suceder, y lo que aconteció fue lo contrario”.

“Entraron a mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa privada paternal, maternal poniendo en riesgo la seguridad de mi familia, entonces me regresé a la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, Las Colinas”, relató el obispo donde se ha visto obligado a permanecer.

Camino a la parroquia, también fue perseguido por las patrullas de la policía y se bajó de su vehículo en uno de los semáforos para preguntarles por qué continuaba la persecución.

“Me dijeron que era por seguridad y ya sabemos que la inseguridad de este país es precisamente la policía; es decir, los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes hermanos policías”, dijo el prelado.

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El dictador sandinista acusa a los obispos de “golpistas”, de refugiar en los templos a manifestantes que huían de la represión o que fueron atendidos heridos durante las protestas de abril de 2018, que dejó al menos 355 personas asesinadas con armas de alto calibre por parte de los represores.

En las últimas horas la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado en el que expresa solidaridad y cercanía con el obispo Álvarez.

Una historia que se repite

Igual como sucedió durante el primer régimen sandinista (1979-1990), la actual dictadura está persiguiendo a la Iglesia Católica. En julio de 1986, el sandinismo expulsó del país al vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Pablo Antonio Vega. Lo acusó de “actitud antipatriótica y criminal”, por defender a los campesinos de la persecución del régimen.

La agresión del sandinismo al papa Juan Pablo II, durante su visita a Nicaragua en marzo de 1983, fue otra de las agresiones más connotadas en esa época.

El régimen sandinista actual prepara las condiciones para legislar en contra de los líderes religiosos.

Un informe sobre supuestas “consultas” realizadas por la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, ha dejado en evidencia las intenciones del régimen de “legalizar” la persecución que propone judicializar a líderes religiosos.

En julio de 2020, la capilla de la Sangre de Cristo, en la Catedral de Managua, sufrió un atentado, un sujeto lanzó una bomba molotov en el lugar donde permanecía la imagen que tomó fuego y destruyó el área. La Policía dijo que fue “un accidente”. La Sangre de Cristo que tenía 300 años de antigüedad quedó totalmente destruida.

Dos años antes, el 14 julio de 2018, paramilitares y la Policía atacaron con armas de guerra durante toda la noche la parroquia Divina Misericordia donde se refugiaron varios estudiantes que huían de la represión. El acto criminal causó la muerte de un joven y dejó varios heridos. Las paredes de la iglesia quedaron perforadas por las balas.

Desde el estallido social de abril de 2018, la Iglesia Católica pidió al régimen escuchar la voz del pueblo, la respuesta de los esposos Ortega Murillo que gobiernan Nicaragua ha sido de ataques, persecución, insultos, amenazas a sacerdotes y obispos, y atentados contra sacerdotes y edificios religiosos.

Ortega ha llamado a los sacerdotes “hijos del demonio”, mientras su esposa los califica de “hijos del diablo”. Las agresiones de la dictadura contra iglesia son cada vez más frecuentes y representan una amenaza a la seguridad de obispos, sacerdotes y la feligresía.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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