Once días antes de las elecciones, el dictador venezolano Nicolás Maduro predijo un baño de sangre y una guerra civil fratricida si perdía las elecciones del mes pasado.
Ahora Maduro intenta convertir su predicción en realidad. Miles de venezolanos han sido arbitrariamente detenidos, y hasta el momento 24 han sido asesinados con testigos que han identificados a agentes gubernamentales como los perpetradores de 11 de estas ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo a Provea, organización de derechos humanos (ONG) con sede en Venezuela.
Esta semana, Amnistía Internacional denunció al régimen de Maduro por promulgar una “ley anti-ONG que castiga los esfuerzos de asistencia a las víctimas y la defensa de los derechos humanos”. Genocide Watch reporta que en vecindarios pobres están pintando una letra “X” en las casas de las personas que no apoyan a Maduro, exponiéndolos a posibles represalias.
Las cosas pueden empeorar, especialmente si Cuba continúa interfiriendo en los asuntos internos de Venezuela.
En el 2017, Maduro ordernó la creación de las FAES – el acrónimo de las Fuerzas de Acciones Especiales al servicio de la Policía Nacional Bolivariana. De acuerdo al Caracas Chronicles, “son escuadrones de la muerte en todo menos en el nombre.”
Ese mismo año, the Miami Herald reportó que tenía una grabación secreta de un general venezolano que aboga por el uso de francotiradores contra manifestantes callejeros.
Un reporte de 2019 realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU encontró que 6,856 venezolanos fueron ejecutados extrajudicialmente entre enero del 2018 y mayo del 2019 por las fuerzas de seguridad de Maduro “particularmente las fuerzas especiales (FAES).”
Andrés Oppenheimer, columnista de política exterior del the Miami Herald y El Nuevo Herald quiere saber qué está previniendo la orden de arresto de Maduro en su artículo del 17 de agosto: “Human rights leaders demand action: Why is the ICC delaying Maduro’s arrest warrant?”
La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya ha estado revisando los posibles crímenes de lesa humanidad de Maduro durante los últimos seis años.
La CPI también revisó la invasión de Vladimir Putin a Ucrania en el 2022 y en el 2023 emitió una orden de arresto contra el líder ruso en menos de un año.
Y, después de una investigación de siete meses, el fiscal de la CPI declaró a mediados de mayo que solicitará órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel y el líder de la organización terrorista Hamás por crímenes cometidos durante la guerra entre Israel y Hamás que estalló después del ataque de octubre a Israel.
¿Hará finalmente lo mismo la CPI con Maduro?
El papel que La Habana está jugando durante esta crucial crisis política dentro de Venezuela no debe ser subestimado.
Esta semana en una entrevista, la líder opositora venezolana María Corina Machado discutió la continua intervención de La Habana dentro de Venezuela.
“Hay serias denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales...muchas de las víctimas de la oposición venezolana han reportado abusos cometidos [por agentes represivos cubanos]. Hemos sabido por mucho tiempo que Cuba ha tenido un impacto terrible en multiples áreas: en métodos de repression, persecusión, espionaje, y tortura. Y hemos visto cosas realmente despiadadas en días recientes”.
Otros han señalado anteriormente la presencia significativa de La Habana en Venezuela. Empezando por las expediciones guerrilleras en la década de 1960 y culminando con el reclutamiento de Nicolas Maduro como espía de Cuba, los funcionarios del Partido Comunista reconocieron que si Venezuela, con todos sus recursos naturales cae, el resto de América Latina pronto seguirá el mismo camino.
En el 2018, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que “hay un estimado de 46,000 cubanos viviendo en Venezuela, como parte de una fuerza de ocupación que está entrenada para reprimir, realizar trabajo de inteligencia y monitoreo de las actividades de la población civil”.
El aparato de inteligencia y seguridad de La Habana "ha creado un ambiente de permisividad para que los terroristas internacionales vivan y prosperen dentro de Venezuela”, como reportó el Departamento de Estado en el 2021.
Las víctimas de tortura en Venezuela han testificado sobre cómo sus sesiones de tortura eran supervisadas por la policía política en la Agencia Nacional de Inteligencia de Venezuela con la asistencia de oficiales de inteligencia cubanos.
Mientras los venezolanos luchan por la democracia y una elección presidencial justa en su país, ahora es el momento de que las democracias del mundo envíen un mensaje claro e inequívoco a La Habana: ¡Manos fuera de Venezuela! Hace tiempo que es hora de que el aparato represivo cubano se vaya.
John Suarez es el Director Ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Suarez fue oficial de programas del Departamento Latinoamericano en Freedom House. http://www.cubacenter.org/
