miércoles 25  de  enero 2023
FRONTERA VENEZUELA-COLOMBIA

Aumentan las golpizas y desapariciones de colombianos

<p>BOGOTÁ.- Más de 200 inmigrantes colombianos han sido brutalmente pateados y apaleados, en algunos casos hasta la muerte, por parte de miembros de la Guardia Nacional de Venezuela, lo cual “es tolerado por las autoridades colombianas fronterizas, incluidos los cónsules”, denunció el diputado Nacional venezolano, Walter Márquez.</p>

BOGOTÁ.- DIANA LÓPEZ ZULETA
Especial
@dianalzuleta

Más de 200 inmigrantes colombianos han sido brutalmente pateados y apaleados, en algunos casos hasta la muerte, por parte de miembros de la Guardia Nacional de Venezuela, lo cual “es tolerado por las autoridades colombianas fronterizas, incluidos los cónsules”, denunció el diputado Nacional venezolano, Walter Márquez.

"Hay, lamentablemente, una complicidad de las autoridades colombianas que no quieren tener problema con el Gobierno venezolano porque se han dejado chantajear, han abandonado a los colombianos en Venezuela”, agregó el diputado.

En la ciudad venezolana fronteriza de Pedro María Ureña, el viernes 23 de enero, cuatro miembros de la Guardia Nacional golpearon hasta la agonía al ciudadano colombiano Cristian Villegas, quien había sido arrestado durante un operativo contra el contrabando. Villegas se encuentra en el Hospital Central de San Cristóbal, capital del estado Táchira, donde es atendido por exigencias y reclamos de personas que fueron arrestadas con él.

La denuncia

Testigos que, por seguridad, pidieron no ser identificados, contaron que Villegas fue golpeado durante horas, herido con los mangos de los revólveres y arrastrado por cuatro guardias, uno de ellos de apellido Ceballos. El parte médico indica que la golpiza le afectó un ojo, el hígado y los riñones. Hace tres días fue intervenido quirúrgicamente por los golpes que le ocasionaron en el abdomen.

Quienes lo custodian en el hospital son los mismos agresores, denunció el diputado Walter Márquez, quien visitó al colombiano Villegas y verificó su grave estado.

“El caso de Cristian Villegas es emblemático porque no es un hecho aislado. Se convirtió en una política de Estado del Gobierno venezolano. Ahí hay grave violación de derechos humanos porque hay abuso de poder y uso desproporcional de la fuerza”, aseguró Márquez.

Ante la Defensoría, la Fiscalía y el Consulado de Colombia en San Cristóbal, estado Táchira, la esposa de Villegas, Yaneidis García Monsalvo, denunció la golpiza, lo mismo que amenazas e intimidaciones de la Guardia Nacional. Sostuvo que los médicos que atienden a su esposo, amedrentados por la Guardia Nacional, se niegan a entregarle información pormenorizada sobre su estado de salud.

El Gobierno colombiano es acusado de ignorar deliberadamente la crisis humanitaria de los colombianos en Venezuela. Esta periodista llamó a la cónsul de Colombia en San Cristóbal, estado Táchira, Cecilia Palacio Torrado, quien respondió que el asunto delos derechos humanos de los colombianos no es de su competencia sino de la embajada en Caracas o de la cancillería. Son, dijo “la línea competente para el tema”.

Cecilia Palacio también me sugirió hablar con la cónsul en la ciudad de San Antonio, municipio fronterizo con Colombia, Sulman García, pero no respondió el teléfono a lo largo de cuatro días en los que la estuvimos buscando.

El consulado de Colombia en San Cristóbal está ubicado a tres cuadras de distancia del Hospital Central donde agoniza el apaleado colombiano Cristian Villegas.

La cancillería en Bogotá también se abstuvo de tocar el tema con esta periodista en diversas llamadas telefónicas hechas a diferentes dependencias encargadas de ver por los colombianos en el exterior.

Los controles impuestos por el Gobierno venezolano para tratar de combatir el contrabando en la zona de frontera con Colombia no han podido detener la escasez de productos básicos, estimada en 70 por ciento.

Los colombianos de la frontera que adquieren de esos productos son discriminados, golpeados, detenidos y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El concejal de San Cristóbal, Eduardo Delgado, explicó que si por alguna razón encuentran a un colombiano en la frontera con medicinas o artículos de primera necesidad, “son tratados como contrabandistas y se les violan todo tipo de derechos humanos”.

“Hay una persecución xenofóbica contra los colombianos, estos últimos son usados como chivos expiatorios para justificar el bloqueo económico que hay en Venezuela”, indicó el concejal Eduardo Delgado.

El concejal de San Antonio, estado Táchira, William Salinas, afirmó que el Gobierno ha satanizado esta situación porque “quiere justificar la escasez y el desabastecimiento a nivel nacional con el tema del contrabando en la zona de frontera. Además, esto sería una confesión por parte de las autoridades de que los controles no han sido efectivos”.

El mercado negro en la frontera

En contraste, los productos básicos subsidiados por el Gobierno de Venezuela son, fundamentalmente, robados y comercializados en el mercado negro por una intrincada red de funcionarios gubernamentales, militares y policías que los venden a organizaciones criminales colombianas. Estas últimas les proveen de vuelta cargamentos de cocaína que luego son exportados a los mercados internacionales por la organización conocida como Cartel de los Soles, cuya jefatura es ejercida por generales venezolanos de alto rango y funcionarios de Caracas próximos al presidente Nicolás Maduro.

El diputado Márquez ha denunciado que el gobernador del fronterizo estado Táchira, José Vielma Mora, propicia el régimen de violaciones a los derechos humanos de los colombianos y es parte de la dirección de las redes de contrabando hacia Colombia de productos subsidiados que compran organizaciones criminales para revenderlos.

Eduardo Delgado agregó que para nadie es un secreto que el gobernador dirige empresas que hace importaciones de carne y que se beneficia con las medidas y controles que ha impuesto el Gobierno.

“El gobernador del estado Táchira es un gran ‘enchufado’ que utiliza la política de controles para beneficiar su propio bolsillo mientras que el pueblo tiene que bandearse ante la escasez y las condiciones infrahumanas que estamos viviendo en Venezuela”, puntualizó Delgado.

Alejandro García, alcalde del fronterizo municipio de Pedro María Ureña, estado Táchira, es señalado de usar una finca suya que linda con Colombia para pasar por tres trochas caravanas de camiones con cargamentos de productos básicos de contrabando en coordinación con bandas criminales colombianas que por esa vía también ingresan a Venezuela cargamentos ilícitos para el comercio internacional.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, abogados y periodistas de Venezuela consultados sostienen que son cientos los colombianos, por regla general extremadamente pobres, constantemente maltratados, humillados y agredidos por la Guardia Nacional, la Policía y el Ejército en Venezuela.

El punto de control, entre coimas y palizas

Como la moneda venezolana (bolívar) es muy débil frente al peso colombiano, muchos obreros que trabajan en Venezuela pero viven en Cúcuta (ciudad colombiana de la frontera),  son arrestados y apaleados cuando llevan alimentos básicos o pañales para sus hijos.

Es el caso de un colombiano no identificado que, de acuerdo con las fuentes consultadas, intentó pasar a Colombia con dos bolsas de harina. Fue detenido por la Guardia Nacional. Hay otro preso por llevar ocho frascos de desodorante y dos potes de mayonesa. Este, intentó pasar por la frontera sin darle la debida coima al funcionario del puesto de control.

Una fuente familiarizada con el tema explicó que los “jefes” en los puestos de control exigen a los grandes contrabandistas cuotas fijas semanales.

El diputado Walter Márquez señaló que todos los días detienen a colombianos en la frontera, les, arrebatan sus pertenencias, les abren expedientes penales y los confinan en cárceles.

“Los colombianos son enviados a la cárcel pública con un consentimiento de las autoridades colombianas que han asumido una actitud muy tímida, temerosa por la respuesta de la cancillería venezolana”, dijo Márquez.

El diputado hizo un llamado al Gobierno colombiano para que exija al venezolano respeto a los derechos humanos porque no solo se está dando un trato discriminatorio sino que, incluso, hay casos de asesinatos por parte de la Policía.

De acuerdo con Márquez, en Venezuela la cultura de la represión se ha generalizado. “Como hay impunidad y encubrimiento, los guardias se sienten con derecho de hacer lo que quieran, sin que nadie los reprenda”, sentenció.

Una fuente judicial del estado Táchira, que prefirió el anonimato, precisó que no existen cifras oficiales de colombianos heridos, desaparecidos y muertos “debido a que la gente no denuncia por miedo a retaliaciones”.

“Son incontables los atropellos y violación de Derechos Humanos que sufren los colombianos en manos de la Guardia Nacional y que la mayoría no se atreve a denunciar por represalias; no solo abusan físicamente sino que los aterrorizan psicológicamente”, afirmó la fuente.

La fuente aseguró que la falta de denuncias y de cifras oficiales se debe también a que en Venezuela el ejercicio de la defensa legal cada día se ve más amenazado. Además, “la justicia, equidad y celeridad procesal brillan por su ausencia”.

La corrupción en la justicia se puede reflejar claramente en el caso de un ciudadano colombiano condenado a cinco años y seis meses de prisión. Está recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, Táchira, por transportar 60 litros de gasolina, cuyo costo en Venezuela es menos de un dólar. La juez Karina Teresa Duque, de San Antonio, estado Táchira, que lo condenó, es la misma que le otorgó libertad condicional a un narcotraficante venezolano que transportaba 70 kilos de cocaína(estimados en 700.000 dólares) en septiembre pasado. Para la fecha que sucedieron los hechos, según la ley, ningún narcotraficante podía tener beneficios legales.

Lo que constató Pastrana

En una entrevista concedida a este diario, el expresidente Andrés Pastrana instó al Gobierno a proteger los derechos de los colombianos en Venezuela. Este llamado de atención indujo al presidente del Partido Conservador (una de las colectividades más representativas de la política colombiana), David Barguil, a solicitar protección especial para los más de cinco millones de colombianos que viven en Venezuela. El pedido fue hecho por medio de una carta dirigida al propio presidente Santos.

Sin embargo, esa carta no da cuenta detallada de los constantes ataques, maltratos y violaciones a las que están siendo sometidos los colombianos en Venezuela.

En diálogo con DIARIO LAS AMÉRICAS, David Barguil afirmó que convocará a un debate en el Congreso de la República en el que la cancillería deberá dar explicaciones públicas.

“Pedí, incluso, que en la reciente cumbre del  CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], reunida en Costa Rica, el presidente le pusiera ese punto en la agenda binacional al Gobierno venezolano, y que, respetando la soberanía venezolana, se puedan plantear algunas acciones conjuntas o un plan de contingencia por parte de la cancillería de Colombia”.

Los abusos en cifras

Si bien la Defensoría del Pueblo en Colombia ha venido reportando cientos de agresiones y deportaciones de colombianos, hasta el momento no ha habido ninguna acción protectora del Gobierno colombiano.

En su último reporte, la Defensoría informó sobre la deportación de 164 colombianos en lo que va de año. Las víctimas afirmaron que fueron tratadas de manera discriminatoria y denigrante por las fuerzas armadas del vecino país.

El año pasado, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitó formalmente a la cancillería revisar las denuncias para adoptar las medidas necesarias, sin embargo, la cancillería respondió que ellos eran conscientes y están atentos de la situación de los colombianos y de la problemática que se está presentando pero, en alusión al contrabando, manifestaron que cada país tiene su propia legislación y los ciudadanos deben acogerse a ella.

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