En una vuelta de rosca más contra los derechos humanos en Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro autorizó el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como recurso para “evitar los desórdenes nes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
La medida, que parece directamente encaminada a enfrentar futuras manifestaciones callejeras contra el Gobierno chavista, fue anunciada por el Ministerio de la Defensa en la Gaceta Oficial el pasado 27 de enero.
Inti Rodríguez, coordinador de Investigación de la ONG venezolana PROVEA -Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos- consideró, en conversación exclusiva con DIARIO LAS AMÉ- RICAS, que la resolución viola la Constitución y destacó que “es una medida orientada a intimidar a la población, ante la conflictividad social en ascenso que vive el país”. Por su parte, Carlos Correa, vocero de la ONG Espacio Público, una asociación civil que tiene como objetivo la promoción y defensa de los derechos humanos, también entrevistado por DLA, coincidió en que la resolución del despacho castrense no es constitucional y que, en dado caso, debió ser aprobada por el poder legislativo.
“La Constitución establece que el único cuerpo que puede cooperar con el orden público es la Guardia Nacional, pues la responsabilidad de velar por el orden público recae en civiles. La resolución acentúa la posibilidad de actuación de la Fuerza Armada y para decidir algo de esa dimensión, se debe hacer vía parlamento”, subrayó.
“La Fuerza Armada Nacional no está preparada para asumir el control del orden público, no es su función. ¿Qué quiere decir esta resolución, que emplearán vehículos blindados, de asalto, de uso no convencional para reprimir manifestaciones? Eso es inadmisible”, destacó Correa.
En su artículo 68, la Constitución Nacional de Venezuela establece: “Los ciudadanos (…) tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.”
La medida del Gobierno de Maduro, según los expertos en derechos humanos consultados, también viola el artículo 329 de la Carta Magna: “El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley.”
Más violaciones
Según Rodríguez, el Gobierno chavista insiste en criminalizar las protestas ciudadanas, en lugar de satisfacer demandas sociales, mediante la creación de organismos y vías proclives a cometer violaciones de los derechos humanos.
Amplió que en dos años han sido creadas cinco instituciones para reprimir las manifestaciones. En mayo de 2013, el Gobierno de Maduro creó las “milicias obreras” para profundizar la “alianza cívico- militar”.
En febrero de 2014, constituyó los “comandos populares antigolpes”, compuestos por “civiles armados y efectivos de seguridad”, creados contra lo que el Ejecutivo denunció como un “golpe suave”, explicó Rodríguez.
En junio de 2014, lanzó las “brigadas especiales contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia”, las cuales, según Rodríguez, serían empleadas, básicamente, contra los manifestantes y opositores.
En la Gaceta Oficial del 17 de septiembre de 2014, como parte de la estrategia para acallar la disidencia y la manifestación de descontento, el Gobierno chavista creó la llamada “fuerza de choque”, bajo el mando del Comando Estratégico Operacional.
En la misma publicación, el pasado 16 de enero, el chavismo presentó el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), concebido como la articulación de todos los poderes del Estado, para la ejecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra cualquier amenaza interna o externa.
“Este sistema, que nace de la Ley Habilitante que le fue dada al presidente Nicolás Maduro, establece la figura del ‘patriota cooperante’, que obliga a los ciudadanos a convertirse en delatores”, señaló Rodríguez.
Todas estas medidas, incluyendo la resolución sobre el uso de armas letales en manifestaciones, buscan “criminalizar” la protesta. “Lejos de dar respuesta a las demandas sociales, el Gobierno emite esta resolución que abre espacio a que se produzcan violaciones generalizadas de derechos humanos. La Fuerza Armada no está preparada para responder con el uso proporcional de la fuerza o neutralización de la amenaza. Como Fuerza Armada, tiene el propósito de destruir la amenaza”, subrayó Rodríguez.
La Corte Interamericana
Según Rodríguez, en 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la sentencia por las víctimas del llamado Caracazo (manifestación ocurrida entre el 27 y 28 de febrero de 1989 y que dejó cientos de víctimas por la represión en la capital del país) prohibió el uso de armas de fuego a las autoridades venezolanas, como mecanismos de orden público.
La resolución “da prioridad a la participación de la Fuerza Armada Nacional, cuando lo que competería sería su acción sólo en caso de que la fuerza civil se viera rebasada”, comentó Rodríguez, para quien la resolución legitima mayores mecanismos represivos por parte del Gobierno.
Rodríguez recordó que de febrero a junio de 2014 se produjeron 3400 detenciones durante las protestas contra el Gobierno. De los apresados, 71 continúan privados de libertad y alrededor de 2.800 personas habrían recibido medidas de presentación periódica ante las autoridades
