MIAMI. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas directrices que amplían el intercambio de información entre instituciones financieras y agencias federales, una medida que forma parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para reforzar controles relacionados con inmigración, fraude y delitos financieros.
Las disposiciones, permiten a los bancos compartir determinados datos con mayor rapidez y amplían los criterios utilizados para detectar actividades que podrían estar vinculadas con conductas ilícitas.
La iniciativa surge a partir de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo que instruye a reguladores bancarios y dependencias federales a examinar con mayor atención posibles irregularidades asociadas con personas que carecen de estatus migratorio legal en EEUU.
Según la agencia, los cambios fortalecen mecanismos de cooperación ya existentes dentro del sistema financiero y amplían el alcance de herramientas utilizadas para identificar riesgos relacionados con fraude, lavado de dinero y otras actividades delictivas.
Entre las modificaciones figura la posibilidad de intercambiar información prácticamente en tiempo real y la incorporación de nuevos indicadores para evaluar operaciones consideradas inusuales o potencialmente sospechosas.
Uno de los elementos mencionados en las orientaciones es el uso de Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), utilizados por millones de personas para presentar declaraciones fiscales cuando no reúnen los requisitos para obtener un número de Seguro Social.
Durante una conferencia bancaria celebrada en Houston, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la medida al afirmar que la información disponible para las entidades financieras puede contribuir a detectar delitos económicos, desarticular redes de lavado de dinero y combatir otras actividades ilegales.
El funcionario sostuvo además que las nuevas directrices no buscan convertir a los bancos en agentes migratorios, sino reforzar procedimientos de verificación y monitoreo que ya forman parte de las obligaciones habituales del sector financiero.
La decisión ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten sobre un posible efecto disuasorio para personas que utilizan el sistema bancario para administrar ingresos, realizar pagos o cumplir responsabilidades tributarias.
Representantes de la industria bancaria también han expresado cautela frente a eventuales requerimientos relacionados con la ciudadanía de los clientes. Históricamente, las entidades financieras no recopilan esa información durante la apertura de cuentas, por lo que cualquier modificación en ese sentido supondría importantes ajustes operativos.
Las nuevas disposiciones se suman a otras acciones impulsadas por la Casa Blanca para endurecer los controles migratorios y reforzar la supervisión de programas y beneficios federales vinculados a personas sin estatus migratorio regular.