Derechos políticos para los terrorista

Por su parte la sociedad civil se ha comprometido a propiciar los escenarios que permitan que los terroristas desmovilizados puedan reincorporarse a la vida civil sin mayor contratiempo. Hasta ahí todo está perfecto, pero lo que no comparto ni entiendo es que a los terroristas se les otorgue derechos políticos, o sea, no entiendo cómo podemos pretender que un terrorista que ha matado y destruido un país, algún día pueda llegar a ser alcalde de una ciudad o presidente. 

Es claro que la lucha armada de quienes participan en las FARC y ELN dejó de ser hace mucho tiempo un tema político. La lucha dejó de ser un tema revolucionario en busca de cambios a un grupo de delincuentes narcotraficantes que matan sin piedad al pueblo por el cual dicen luchar y defender.

El asesinato de  soldados y policías de manera indiscriminada durante todo el proceso de paz hasta el 2014 dejó claro que la guerrilla de las FARC no tiene una verdadera voluntad de paz sino un plan siniestro de someter al Estado colombiano ante sus designios, y Juan Manuel Santos está dejando servido el camino para que el país caiga en manos de quienes durante mucho tiempo lo han aterrorizado.

La paz está cada vez más cerca, pero como lo he dicho en varias oportunidades, la paz no se consigue cuando una de las partes aún cree que puede ganar la guerra, como es el caso de la guerrilla de las FARC. Este grupo terrorista claramente ha montado este proceso no sólo para consolidar sus más profundos objetivos políticos, sino para lavar tanto sus crímenes como su inmensa riqueza.

Aun cuando estamos más cerca de un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, considero que otorgarles derechos políticos a los terroristas es como darle un premio a un criminal por haber cometido un crimen.

Si bien es cierto la paz es importante para Colombia, ¿por qué debemos dar derechos políticos a terroristas que han acabado con el país durante tanto años? ¿Acaso queremos que escenarios como el que vive Bogotá hoy por hoy sean más frecuentes? Total desorden, administraciones sin liderazgo, y una ciudad sumida en la inseguridad total.

Resulta aberrante ver cómo un exguerrillero por el solo hecho de haber sido un líder de un grupo terrorista llega a ocupar un cargo de elección popular mientras sus víctimas son puestas en el olvido solo por conseguir la paz.

El indulto que permite que hoy por hoy Gustavo Petro sea alcalde de Bogotá es una burla a las víctimas del palacio de justicia y al país. Ese indulto debió darse pero sin otorgar derechos políticos. ¿Qué ironía no? De guerrilleros pasan a ser alcaldes y gobernadores. Definitivamente en Colombia el delito se recompensa.

A muchos les parece aberrante ver a un paramilitar con derechos políticos, pero si los paramilitares no tienen ese beneficio, entonces tampoco los guerrilleros. Todos o ninguno. En Colombia se debe acabar esa permisividad con los terroristas de izquierda y, sobre todo, no permitir que un terrorista tenga la posibilidad de participar en política y ser algún día presidente de Colombia. ¡Eso no! ¿Qué tal sería ver a un Timochenco de presidente? ¡Qué horror!

Entonces se hace necesario convocar al pueblo en masa para que no vote en las urnas derechos políticos para los terroristas una vez los acuerdos sean firmados y sometidos a consideración de los colombianos. Mucho menos se puede permitir el absurdo de una asamblea constituyente. Con una asamblea constituyente lo único que se daría es la total rendición del Estado colombiano ante las guerrillas de izquierda. Castrochavismo al mejor estilo. Al parecer Santos no aprendió de los errores que nos dejó rendir al Estado ante los mafiosos de los ochenta y los noventa que impusieron la  constituyente de 1991 para construir un Estado a su amaño.

Ahora, si finalmente otorgan derechos políticos a los terroristas, es prudente otorgarlos con restricciones para evitar que personajes que han destruido el país, asesinado colombianos de bien y acabado con pueblos enteros, después sean líderes políticos ejerciendo cargos de elección popular.

Una restricción podría ser que ningún miembro del secretariado pudiera ejercer cargo político alguno y hasta su cuarto grado de consanguineidad. Esto de una forma u otra pone una restricción que evita una burla al país y también una sanción moral por tanto daño causado al país.

Debemos tener claro que las FARC no son víctimas, ni Piedad Córdoba, y mucho menos pueden justificar la cantidad de muertes inocentes por su lucha guerrillera. No tiene sentido ser el ejército del pueblo cuando se acaba con el mismo pueblo que se juró proteger, y en cambio la oligarquía que dicen perseguir nunca sufre por sus ataques. Curioso, ¿no?

Los derechos políticos, si son otorgados, serán el principio del fin para Colombia y la bienvenida a la gran Cuba socialista. Si yo fuera Colombia, a las FARC y ELN, les otorgaría beneficios por desmovilizarse y entregar sus armas, pero no la posibilidad de participar en política.

Los derechos políticos a las guerrillas son un gol al sistema; primero, porque se envía el mensaje de que el delito es rentable; segundo, es una burla a las familias de más 200.000 víctimas de las FARC; y tercero; es una ridiculización del sistema judicial colombiano.

Mirando al futuro, no se puede permitir que cada vez que Colombia y sus políticos pusilánimes no pueden acabar con un problema, les entregan medio país a los delincuentes para alcanzar un fin mentiroso como es la paz de Juan Manuel Santos. Después de las FARC y ELN, ¿quién seguirá?

¡No a los derechos políticos a los terroristas para lograr la paz! ¡No permitamos que rindan al país al terror!

El autor es director y fundador de Latribunacolus  y de  United Languages Mediagroup.