Maduro desangra la Amazonia ante indiferencia de la izquierda

El dictador venezolano da rienda suelta para que se destroce la naturaleza a cambio de obtener una fuente de ingresos que le facilite su permanencia en el poder. Tanto Maduro como sus amigos, con lineamiento político similar, en el consabido discurso ambientalista, han dejado en evidencia su doble moral.

Diversas denuncias en los últimos años detallan cómo Maduro ha permitido la minería ilegal, en la que incluso participan grupos extranjeros como las guerrillas colombianas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que controlan parte del negocio en la zona, según denuncias de Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones.

Los ambientalistas manifiestan preocupación por la presión extractiva del llamado Arco Minero, una zona de explotación anunciada en 2012, con 43.000 millas cuadradas de superficie al sur del río Orinoco, en la región de Guayana, equivalente a 12% de la superficie del país, que ha generado un fuerte impacto en la Amazonía venezolana en cuanto a deforestación, contaminación por mercurio y violencia criminal.

Ahora, según investigaciones satelitales, la minería ilegal en Venezuela que ha permitido el dictador Maduro llegó a la cima de un Tepuy [montaña en forma de meseta localizada en Suramérica, especialmente en Venezuela].

En la cúspide del tepuy Yapacana, en el estado Amazonas, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, están las huellas de la minería ilegal, que parece incontrolable.

La tecnología es permitida por el narcogobierno venezolano, pues según un reportaje del El País, de España, hay unas 3.800 piezas de maquinaria en el parque nacional, lo que evidencia un proceso bien tecnificado, a pesar de estar al margen de la ley. Y en la cima del tepuy han identificado 86 piezas de maquinaria.

La investigación de Finer encontró una nueva deforestación de más de 750 hectáreas dentro el Parque Nacional Yapacana entre 2021 y 2022. 17 de esas hectáreas arrasadas están en la cima del tepuy. Otro dato que no se puede dejar de señalar cuando se denuncia la minería ilegal en Venezuela es que el estado Amazonas tiene la tasa más alta de homicidios (18 por cada 100.000 habitantes) de todo el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

“Muy lamentable el ecocidio que se ejecuta al sur del Orinoco en pleno Parque Nacional Yapacana, donde la minería ilegal avanza a escasos kilómetros del Monumento Natural Salto Angel (la caída de agua más alta del mundo), todo con la complicidad de Nicolás Maduro”, denunció en Twitter Venezuela Sin Ecocidio @VE_SinEcocidio.

Sin embargo, esto a la hora de hacer política no parece tener importancia para los izquierdistas de la región.

En la pasada cumbre de la ONU sobre el cambio climático, el presidente de Colombia Gustavo Petro centró su discurso en salvar la Amazonía, pidiendo a los países del “norte” apoyo. Pero no fue capaz de denunciar lo que pasa en su país vecino. Lo que ha provocado Maduro, un aliado político y comercial de Petro.

“La selva, el pilar climático del mundo se quema. La selva desaparece con toda con toda su vida. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias”, dijo el mandatario colombiano en la ONU, donde tampoco se atrevió a decir la verdad. “(...) la lucha contra la crisis climática ha fracasado. Ayúdenos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta”.

“Les invito a detener el desastre ecológico, los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y les convoco en América Latina para ello”, añadió Petro.

Tras la llegada de la izquierda a Colombia con Petro, las relaciones binacionales con Venezuela se han vuelto a establecer después de que Caracas y Bogotá cancelaran sus contactos desde 2019, cuando Maduro tomó ilegítimamente el poder y el expresidente colombiano Iván Duque decidió no reconocer al tirano como máxima autoridad.

El plan de protección de la Amazonía del presidente colombiano Gustavo Petro es una continuación de esfuerzos anteriores, pero invitar a Venezuela es un error.

Petro y Maduro presentaron este proyecto durante la conferencia del clima de Sharm el Sheij, que incluye el pago a campesinos e indígenas por preservar la selva, junto al mandatario de Surinam, Chan Santokhi.

"El presidente Santokhi es una persona que ha trabajado mucho por estos temas, lo respeto mucho", declaró Duque en entrevista con la AFP.

"Quien no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para hablar de la protección del medio ambiente es Maduro. Basta con ver lo que ha ocurrido en el arco minero venezolano", añadió. "Colombia hace parte de esta agenda, pero yo creo que Maduro está tratando de lavarse la cara en este momento y obviamente se quiere valer de amigos. Y él es un dictador, es un ecocida y un genocida".

Además del valor ecológico que se está quebrantando por la dictadura, hay que denunciar el patrimonio étnico y cultural, con más de veinticinco comunidades indígenas asentadas a lo largo de su cauce, la Orinoquía venezolana se ha convertido en los últimos años una de las áreas naturales más amenazadas del planeta, tal y como vienen denunciando con sus informes organizaciones internacionales como WWF, Embajadores del Orinoco, Fundaredes o S.O.S Orinoco.

Recientemente, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela presentó su tercer informe sobre el país en el que expresó su "creciente preocupación" por la situación de los derechos humanos en el Arco Minero.

Lula también callado ante la atrocidad

A inicios de este año, tras el regreso al poder de Luis Inácio Lula da Silva, el gobernante brasileño recibió a Petro y hablaron sobre detener la minería ilegal en la zona de la Amazonía en sus países. Sin embargo, no dijeron nada sobre lo que ocurre en Venezuela.

Lula declaró el estado de emergencia sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami. Poco después viajó al estado amazónico de Roraima, fronterizo con Venezuela y el escenario que encontró fue desalentador.

“Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado con los Yanomami”, escribió Lula.

La reserva es hogar para más de 30.000 indígenas yanomami. Está ubicada en el estado de Roraima, al noroeste de Brasil, fronterizo con Venezuela y tiene una extensión de más 96.000 kilómetros cuadrados.

Sin embargo, aunque la minería ilegal permitida por su aliado político Nicolás Maduro podría afectar también a su país, el mandatario de Brasil se mantiene callado ante la atrocidad que se padece en la Amazonía venezolana.