El objetivo principal del gobierno de Joe Biden-Obama ha sido crear el caos migratorio para presionar al Congreso a que apruebe una reforma general de inmigración, según los preceptos demócratas; algo prácticamente improbable
Oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Centro) entrega comida a inmigrantes que esperan ser procesados en un centro de tránsito de la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera desde México en Eagle Pass, Texas, el 22 de diciembre de 2023.
AFP Los migrantes que cruzan a Estados Unidos desde México son auxiliados a pasar debajo de alambre de púas en una de las márgenes del río Bravo, el jueves 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas.
AP/Eric Gay
Una familia de migrantes camina se traslada cerca del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
AP /Eugene GarciaLos nuevos demócratas al parecer no recuerdan que la victoria electoral de Trump en las elecciones presidenciales de 2016 fue precisamente por su plataforma sobre el control de la frontera entre México y EEUU, el aumento de la seguridad nacional y el cumplimiento la Ley.
Más de 2,4 millones de migrantes fueron interceptados por vía terrestre entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, un flujo también superior respecto a años anteriores. Pero esa es sólo la cifra que ofrece el gobierno de Biden sobre los detenidos por agentes de inmigración en EEUU, sin incluir las decenas de miles que no son detectados.
El gobierno federal abrió el viernes los dos cruces ferroviarios cerrados, después de severas presiones de las empresas privadas encargadas y legisladores republicanos.
Desde el martes último, las vías del ferrocarril en los puentes Eagle Pass y El Paso, en Texas, estuvieron cerradas debido a un "resurgimiento" de ingresos ilegales de migrantes en trenes de carga, según el gobierno, pero las compañias ferroviarias estadounidenses no respaldaron esa aseveración.
Union Pacific y BNSF son las dos empresas transportistas afectadas por los cierres ferroviarios en Texas. Entre las dos, unos 24 trenes utilizan por lo general los sistemas ferroviarios cada día para mover productos agrícolas, autopartes, vehículos terminados, productos químicos y otros bienes de consumo, de acuerdo con la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses.
Union Pacific estimó que sus pérdidas —en mercancías, salarios y costos de transporte— superarían los 200 millones de dólares diarios si los cruces en ambas ciudades permanecen cerrados.
La empresa dijo que los dos cruces representan el 45% de sus operaciones transfronterizas y que no puede modificar la ruta de los trenes para que se dirijan a otras vías de acceso.
Union Pacific y BNSF recurren a la policía, a convenios con organismos federales y a la tecnología para disuadir y detectar el contrabando y a personas que entran en el país ilegalmente. Union Pacific dispone de un sistema que emplea rayos gamma para detectar pasajeros no deseados.
Union Pacific dijo que, en las últimas cinco semanas, sólo encontró a cinco migrantes que estaban intentando entrar a Estados Unidos ilegalmente a bordo de sus trenes.
“A través de nuestras iniciativas, en ambos puertos de entrada hemos encontrado a muy pocas personas que tratan de cruzar la frontera en tren”, dijo BNSF en un comunicado.
El cierre parece más una medida de apariencia de la Casa Blanca para contentar a los republicanos con el propósito de que le aprueben el nuevo paquete de 106.000 millones de dólares en el que se incluyen más de 60.000 millones de dólares para Ucrania.
También la intención por parte del gobierno de Biden puede ser demostrar que la contención del flujo migratorio causa un impacto económico importante, cuando en realidad es todo lo contrario como lo demostró el presidente Donald Trump durante su mandato.
En Eagle Pass, los cruces de vehículos han sido nuevamente suspendidos desde principios de mes, igual que en un punto de cruce en Arizona y otro en California. La policía fronteriza asegura que está teniendo que redistribuir su personal para concentrarlo en la interceptación y el registro de migrantes.
Tras acusar al presidente Biden de "inacción deliberada" frente a la situación, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó una ley de seguridad y protección de sus ciudadanos que penaliza los ingresos ilegales en su estado.
Frente a la falta de liderazgo de Biden por casi tres años, la ley crea un "delito penal al ingresar ilegalmente a Texas desde un país extranjero", con sentencias de entre seis meses y 20 años de prisión en caso de reincidencia.
La legislación, que entra en vigor en marzo, otorga a las autoridades estatales el poder de arrestar a inmigrantes y deportarlos a México, prerrogativas que en principio recaen en las autoridades federales.
Texas ha sido en los últimos 33 meses posiblemente el estado fronterizo más afectado por la irresponsable política de Puertas Abiertas del gobierno de Biden, una continuidad de la plataforma de la administración Obama (2008-2016)
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, a pesar de ser demócrata, también acusó a la administración Biden de "negarse a hacer su trabajo", responsabilizándola en particular del cierre de un paso fronterizo en su estado. Hobbs anunció el 15 de diciembre el envío de fuerzas de la Guardia Nacional a la frontera.
Las razones urgentes de esta reciente afluencia no son tan claras.
La policía fronteriza culpa a la "desinformación destilada por los traficantes de personas hacia gente vulnerable".
Varios inmigrantes entrevistados en Texas por la agencia de noticias AFP hablaron de rumores sobre un cierre inminente de la frontera. "Corrían rumores de que a partir del día 20 ya no dejarían entrar a nadie", explicó Yurianlis Alexmar Camacho, de 32 años, quien llegó desde Venezuela junto a su marido y sus cuatro hijos.
Washington ordenó enviar a México a su secretario de Estado, Antony Blinken, y a su ministro de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para analizar junto al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, formas de frenar este flujo masivo, anunció el jueves la Casa Blanca.
"El presidente comprende la necesidad de reparar el sistema de inmigración, que no funciona desde hace décadas", insistió su portavoz Karine Jean-Pierre.
Los republicanos están de acuerdo que hay que hacer cambios al sistema de inmigración del país, pero no de la forma en que lo exigen los demócratas, sino sobre la base de regulaciones más estrictas para una inmigración ordenada, planificada y bajo el cumplimiento de las leyes federales de seguridad nacional.
El 6 de diciembre, Biden dijo que estaba dispuesto a hacer "compromisos importantes" con los republicanos, que exigen control y responabilidad en la política de inmigración de la Casa Blanca a cambio de levantar su bloqueo en el Congreso a más fondos para Ucrania.
Biden también se encuentra contra la pared para responder a su electorado "progresista" (socialista), que espera que el mandatario rompa con la política de Donald Trump desde todos los ángulos, una postura radical que lo ha puesto en picada en todas las encuestas nacionales, incluso las de marcada tendencia de izquierda.
En cualquier caso, el flujo no parece estar cerca de revertirse.
Panamá señaló el 6 de diciembre que desde principios de año, medio millón de personas habían cruzado la peligrosa selva del Darién, que separa a este país de Colombia, para llegar a Estados Unidos, el doble que en 2022.
Mientras, el presidente 45 de Estados Unidos Donald trump sigue al frente de todos los sondeos, tanto para las elecciones primarias republicanas como para las presidenciales en noviembre de 2024. El ex mandatario mantiene una ventaja de más de 50 puntos para los comicios primarios y entre 6 y 8 puntos sobre Biden en las intenciones de voto para la Presidencia.
FUENTE: Con información de AFP, AP y otras fuentes.
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