La recién lanzada iniciativa “Shield of the Americas” refleja un reconocimiento creciente de que los desafíos de seguridad en el hemisferio requieren respuestas colectivas y no esfuerzos nacionales aislados
El presidente argentino Javier Milei y el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, señalan desde un balcón durante la visita de Bukele a la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el lunes 30 de septiembre de 2024.
AP Foto/Natacha PisarenkoDurante generaciones, los estadounidenses han visto a América Latina a través del lente de la geografía, la economía o la inmigración. Hoy, sin embargo, lo que está en juego es mucho mayor. La estabilidad de América Latina ya no es simplemente una preocupación regional: es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos y una condición necesaria para la prosperidad en todo el hemisferio occidental.
Los desafíos que enfrentan las Américas son cada vez más transnacionales. Las redes de narcotráfico, las operaciones de tráfico de personas, las organizaciones criminales, el ciberdelito y los flujos financieros ilícitos no reconocen fronteras nacionales. Lo que comienza en un país suele terminar en otro, afectando a comunidades ubicadas a miles de kilómetros de distancia.
En ningún lugar esta realidad es más evidente que en la lucha continua contra el narcotráfico. La crisis del fentanilo ha demostrado cómo las organizaciones criminales pueden aprovechar las cadenas de suministro globales, redes logísticas sofisticadas y debilidades en la gobernanza para trasladar sustancias mortales a través de múltiples países antes de que lleguen a las comunidades estadounidenses.
Si bien las muertes por sobredosis en Estados Unidos han disminuido desde sus niveles máximos recientes, el fentanilo sigue representando una amenaza significativa y los traficantes continúan adaptando sus métodos para evadir a las fuerzas del orden. La lección es clara: ninguna nación puede derrotar estas redes por sí sola. La cooperación regional es esencial para desmantelar los ecosistemas criminales que las sostienen.
El mismo principio se aplica al tráfico de personas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas sigue siendo una de las actividades criminales más lucrativas del mundo, generando miles de millones de dólares al año mientras explota a hombres, mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Prácticamente todos los países del mundo funcionan como origen, tránsito o destino de víctimas de trata. Las Américas no son la excepción. Los grupos criminales organizados se benefician de las rutas migratorias, las instituciones débiles y la inestabilidad económica, convirtiendo a los seres humanos en mercancías para obtener ganancias financieras.
Las consecuencias van mucho más allá de los países donde se originan estos delitos. Las organizaciones criminales socavan las instituciones democráticas, fomentan la corrupción, desalientan la inversión y debilitan la confianza pública en los gobiernos.
En América Central y partes del Caribe, las redes criminales transnacionales han contribuido a niveles de violencia que han puesto bajo presión a las instituciones públicas y han obstaculizado el desarrollo económico durante décadas. La inestabilidad resultante impulsa presiones migratorias, altera el comercio y genera desafíos de seguridad que finalmente llegan a las fronteras de Estados Unidos.
Por eso, las iniciativas enfocadas en la cooperación regional merecen una atención privilegiada.
La recién lanzada iniciativa “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) refleja un reconocimiento creciente de que los desafíos de seguridad en el hemisferio requieren respuestas colectivas y no esfuerzos nacionales aislados. Aunque los responsables de las políticas públicas puedan debatir los detalles de cualquier programa en particular, la premisa fundamental es difícil de cuestionar: las redes criminales cooperan a través de las fronteras y los gobiernos deben hacer lo mismo si esperan seguir siendo efectivos. El intercambio de inteligencia, las operaciones coordinadas de aplicación de la ley, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y los esfuerzos conjuntos contra el lavado de dinero son herramientas cada vez más necesarias para combatir las amenazas transnacionales.
La importancia de un liderazgo sólido dentro de este marco no debe pasarse por alto. Como enviada especial de “Shield of the Americas”, Kristi Noem se ha convertido en una destacada defensora de una mayor cooperación hemisférica para combatir a las organizaciones criminales que amenazan tanto la estabilidad regional como la seguridad estadounidense. Su función refleja un reconocimiento cada vez mayor de que la soberanía de Estados Unidos no puede protegerse únicamente en las fronteras físicas del país. Los cárteles de la droga, las redes de tráfico de personas y las pandillas transnacionales explotan las vulnerabilidades existentes en todo el hemisferio, estableciendo con frecuencia rutas y centros operativos lejos de Estados Unidos antes de que sus actividades terminen afectando a las comunidades estadounidenses. Al fortalecer las alianzas entre gobiernos, mejorar el intercambio de inteligencia y coordinar los esfuerzos de aplicación de la ley contra estas redes, “Shield of the Americas” busca abordar las amenazas de seguridad más cerca de su origen. Sus partidarios consideran esta estrategia como una extensión práctica de la propia soberanía, al reconocer que la protección de las comunidades estadounidenses requiere cada vez más la cooperación con los países vecinos para evitar que las amenazas lleguen al territorio estadounidense.
Las consideraciones económicas refuerzan aún más la necesidad de estabilidad. Estados Unidos mantiene intercambios comerciales por cientos de miles de millones de dólares al año con los países de América Latina. Las cadenas de suministro de energía, agricultura, manufactura y minerales estratégicos dependen cada vez más de socios regionales confiables. Cuando el crimen organizado debilita la gobernanza o amenaza infraestructuras críticas, las oportunidades económicas se ven afectadas a ambos lados de la frontera.
El costo de la inseguridad es considerable. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la delincuencia y la violencia generan costos económicos equivalentes a aproximadamente el 3,4% del PIB en América Latina y el Caribe. Estas pérdidas representan inversiones que no se realizan, menor productividad y menos oportunidades para millones de personas. Por el contrario, las comunidades más seguras atraen capital, generan empleo y favorecen el crecimiento a largo plazo.
Las Naciones Unidas han enfatizado repetidamente que el crimen organizado transnacional es un fenómeno global que requiere cooperación internacional. Los grupos criminales se adaptan constantemente al aprovechar las brechas entre jurisdicciones, al tiempo que utilizan nuevas tecnologías para ampliar su alcance. Las democracias deben ser igual de adaptables si pretenden prevalecer.
El futuro de las Américas no estará determinado únicamente por la fortaleza militar o el desempeño económico. Dependerá de la capacidad de las naciones del hemisferio para trabajar juntas frente a amenazas comunes, mientras promueven una prosperidad compartida.
Para Estados Unidos, apoyar una América Latina estable, segura y próspera no es simplemente un acto de diplomacia o solidaridad. Es una necesidad estratégica. La seguridad del hemisferio está cada vez más interconectada y el éxito de una nación se vuelve cada vez más inseparable del éxito de sus vecinos.
En el siglo XXI, el vecindario del sur de Estados Unidos no es una preocupación distante. Es una parte fundamental del futuro de Estados Unidos.
Duggan Flanakin, analista de políticas de CFACT (Committee For A Constructive Tomorrow)
Duggan Flanakin es analista de políticas públicas y asesor principal de políticas en CFACT (Committee For A Constructive Tomorrow). Escribe sobre seguridad hemisférica, crimen transnacional y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Sus artículos y comentarios han sido publicados en diversos medios estadounidenses especializados en políticas públicas y asuntos internacionales.
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