WASHINGTON — La ley de infraestructuras que firma este lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, supone un logro opaco en el centro de un alud de críticas que enfrenta la actual administración por su inficiente gestión y una inflación galopante.

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Biden, alineado a una agenda de extrema izquierda impulsada por Bernie Sanders, se enfrenta además a un sector moderado dentro de su partido que lo obligó a reducir a 1,87 billones de dólares la propuesta social de 3,5 billones y a 1,2 la de infraestructura, que inicialmente era de 2,3 billones.

Ambas propuestas han enfrentado durante meses la oposición republicana y las pugnas internas dentro del Partido Demócrata le retuvo durante meses el de infraestructura junto a más exigencias del ala radical.

En el caso del proyecto de ley de infraestructura y su financiación no logra ser transformadora como lo prometió Biden.

El Presidente, que ha perdido notablemente apoyos mientras el país sigue bajo la pandemia (una promesa no resuelta de Biden) y una creciente inflación, ha presentado el plan de infraestructuras como una demostración de que el gobierno puede "volver a funcionar". Sin embargo, la economía estadounidense dejó su exitosa recuperación, que comenzó desde julio del 2020 con la administración de Donald Trump, para entrar en un proceso de desaceleración debido a medidas contraproducentes mediantes órdenes ejecutivas destinadas a programas sociales y cambio climático y no al desarrollo económico tras la pandemia de COVID-19.

La crisis de la frontera sur de EEUU creada por el gobierno de Joe Biden y la desastrosa salida de las tropas de Afganistán han disparado el gasto presupuestario federal con una deuda pública de más de 29 billones de dólares y un déficit comercial de 80.000 millones de dólares.

El ataque directo contra la industria de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón, entre otros) y su prioridad sobre las llamadas energía limpias, condujo nuevamente a EEUU a la dependencia energética del exterior y de la producción y políticas mediáticas de la Organización Mundial de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP y OPEP+). Esta es la causa principal de que los estadounidenses paguen hoy en varios estados el galón de gasolina a más de 5 dólares y el de petróleo por encima de los 6 dólares, lo que ha desencadenado a su vez un caos en las cadenas de distribución por la estrepitosa caída de los salarios de los camioneros y su altísimo costo por trayectos junto a la cifra récord de 10,4 millones de puestos de trabajo vacantes que las empresas no han podido cubrir desde hace meses.

Antes de la ceremonia de firma del lunes, Biden dio instrucciones el viernes de que supervisaran de forma exhaustiva las próximas inversiones en carreteras, puentes, sistemas de agua, banda ancha, puertos, vehículos eléctricos y red eléctrica, para asegurarse de que se amortizan. Expertos consideran que no existen garantías de que el dinero regrese a las arcas federales y mucho menos con la dependencia de supervisiones eficaces.

“Es difícil, pero aún podemos ponernos de acuerdo para hacer algo grande para el pueblo estadounidense”, dijo un Biden, cuyo respaldo a su gestión se encuentra en un 35% y un 38%, el más bajo para un mandatario en su primer año.

"Creará millones de nuevos empleos. Hará crecer la economía. Y ganaremos la competición económica mundial en la que estamos inmersos en el segundo cuarto del siglo XXI con China y muchos otros países del mundo", agregó Biden. Su enfoque, distante de la realidad, se centra en una demagogia tradicional de la izquierda sobre la creación de empleos cuando lo que necesitan las empresas estadounidenses es llenar las millones de posiciones disponibles que permiten reiniciar la sólida recuperación que experimentaba la economía desde el tercer trimestre del 2020.

El domingo por la noche, antes de la firma, la Casa Blanca anunció que el exalcalde de Nueva Orleans Mitch Landrieu supervisaría la implementación del presupuesto de infraestructuras.

El presidente comenzó la campaña para vender el plan al público con una visita la semana pasada al Puerto de Baltimore. El martes irá a Nueva Hampshire para ver un puente en la lista prioritaria de reparaciones, y el miércoles a Detroit para un acto en la planta de ensamblaje de vehículos eléctricos de General Motors.

La propuesta que se convertirá en ley el lunes incluye unos 550.000 millones de dólares en nuevos gastos durante 10 años, ya que algunos de los proyectos ya estaban previstos.

“Tenemos que ser fríos sobre cuál es nuestra brecha de infraestructuras en cuanto a nivel de inversión y abordar esto con los ojos abiertos, que no va a resolver nuestros problemas de infraestructuras en todo el país”, dijo David Van Slyke, decano de la Facultad Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos en la Universidad de Syracuse.

Biden también intentó sin éxito asociar el paquete de infraestructuras a la aprobación de un plan más amplio de 1,85 billones de únicamente gastos sociales y una transición hacia energías renovables que ayudaría a combatir el cambio climático.

Esa medida aún no ha conseguido apoyo suficiente de las ajustadas mayorías demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes, cuando la banca republicada se encuentra prácticamente marginada en el Congreso y lejos de alguna intención de Biden en buscar consenso bipartidista y mucho menos unidad, otra de sus promesas de campaña.

Biden trabaja para convencer moderados como el senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin al frente de un grupo de 25 legisladores y senadores que le han puesto un freno a los irresponsables planes de gastos de la actual administración para satisfacer las exigencia del ala radical, llamados "progresistas".

“Sí, la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura es importante", dijo Peter Norton, profesor de historia del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Virginia. “Pero la ley no es transformacional, porque en su mayoría es más de lo mismo”.

FUENTE: AP

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