Alocado, absurdo e inoportuno: así es el plan de Joe Biden para reducir préstamos estudiantiles entre personas de bajos y medios ingresos.
Alocado, absurdo e inoportuno: así es el plan de Joe Biden para reducir préstamos estudiantiles entre personas de bajos y medios ingresos.
El proyecto por un lado, les costará unos 2.500 dólares a los contribuyentes y por el otro, podría atizar la alta inflación y obstaculizar aún más el camino hacia la recuperación económica.
Justo en medio de una recesión incentivada por la inflación más grande de los últimos casi 50 años, a la actual Administración se le ocurre perdonar deudas relativas a préstamos estudiantiles que, según la Casa Blanca, rebasan los 1,6 billones de dólares repartidos entre más de 45 millones de prestatarios.
Algo que llama poderosamente la atención es que casi un tercio de los prestatarios tienen deudas, pero no un título, según un análisis realizado por el propio ED. Quiere decir que muchos de estos estudiantes recibieron el crédito, no terminaron sus carreras y, aun así, ahora son eximidos de pagar el préstamo o una buena parte de este.
¿Cómo asumir semejante decisión en estos momentos? La nación no puede estar peor económicamente. Evidentemente, el interés es ganar simpatizantes de cara a las próximas elecciones intermedias.
Tan polémico es el plan de Joe Biden que ya se está hablando de su posible impugnación en los tribunales. Es que para muchos no está clara la autoridad del presidente para darle luz verde a un perdón de pago de esta índole bajo las actuales circunstancias económicas.
Un reporte de The Wall Street Journal (WSJ) sobre el particular destacó que el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden podría ser la última prueba legal de los poderes ejecutivos de emergencia de la actual Administración durante la pandemia.
"Si el plan de la Casa Blanca es impugnado en los tribunales, su legalidad podría depender de los poderes del secretario de educación en virtud de un estatuto federal de 2003, que otorga al director del Departamento de Educación la capacidad de renunciar o modificar las disposiciones federales de préstamos para estudiantes durante la guerra o una emergencia nacional", explicó la fuente.
En opinión de la consejera general del ED, Lisa Brown, "la autoridad del secretario se puede ejercer categóricamente para abordar la situación actual, [por tanto], no necesita ejercerse 'caso por caso'". Según The Wall Street Journal, "esa interpretación del estatuto podría generar preguntas en la corte, ya que representa un cambio respecto a la Administración Trump, que creía que el Congreso nunca le dio al poder ejecutivo una autoridad tan amplia".
Aunque todo indica que el inquilino de la Casa Blanca revocó esa interpretación, esta misma fuente confirmó que sí indagó primero sobre su autoridad para tomar medidas sobre los préstamos estudiantiles a gran escala, algo que tiene dividido a sus propios asesores. Mientras unos están preocupados por el avance del plan, otros aseguran que el mandatario tiene una base legal para seguir adelante.
Ahora, de ser imputable, la pregunta es quién podría demandar al Presidente para impugnar la condonación de la deuda, si es que existe ese alguien. "Según los requisitos de legitimación establecidos por la Constitución, los demandantes que buscan impugnar el plan de condonación de préstamos tendrían que demostrar que han sufrido un daño concreto a causa de las acciones de la Administración", explicó el WSJ.
Como eco de un reporte de Virginia Law Review, el Journal destacó que "los comentaristas y los formuladores de políticas no deben asumir que los tribunales federales tendrían algo que decir sobre la legalidad de la cancelación de la deuda federal, ya que es probable que ninguna de las partes tenga capacidad para impugnar la acción ejecutiva".
Entre los litigantes abiertamente contrarios al plan de Biden figuran los siguientes: Job Creators Network, grupo de defensa de pequeñas empresas; Andrew M. Grossman, del bufete de abogados BakerHostetler, de Washington D. C., y Eugene Kontorovich, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia, de la Universidad George Mason, ubicada en Virginia.
Aparte de estos posibles demandantes, "observadores legales han sugerido que las empresas de servicios de préstamos y los inversores que poseen valores respaldados por préstamos estudiantiles, podrían estar en condiciones de demandar a la Administración", añadió el WSJ.
Charlie Rose, quien fungió como principal abogado del ED durante la presidencia de Barack Obama, dijo que el uso de la acción ejecutiva para cancelar las deudas de los prestatarios estudiantiles, sin vincular el alivio a sus necesidades individuales y el uso de procedimientos regulatorios, pondría a la Administración Biden en riesgo de que su plan sea anulado en los tribunales.
"Si el tema se litiga, los análisis más persuasivos tienden a respaldar la conclusión de que es probable que el poder ejecutivo no tenga la autoridad unilateral para participar en la cancelación masiva de la deuda estudiantil", puntualizó Rose en un memorando citado por el Journal.
La primera reacción que han tenido muchos expertos acerca del plan de Joe Biden, tiene que ver con la actual inflación, cuyo nivel alcanzó un 8,5 % en julio, según datos suministrados por la Oficina de Estadísticas Laborales.
Para muchos economistas, entre los que me incluyo, el perdón de la deuda a más de 45 millones de prestatarios no solo podría acrecentar la inflación, sino también el déficit federal. Para el senador Mitt Romney (R-Utah), por su parte, el plan podría "hacerle ganar algunos votos a los demócratas, pero alimenta la inflación, carga a los contribuyentes con las obligaciones financieras de otras personas [y] es injusto para aquellos que pagaron sus propios gastos".
Otro que se ha pronunciado en contra del plan es el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien argumentó que el programa es una "forma más de empeorar la inflación, recompensar a los activistas de extrema izquierda y no lograr nada para millones de familias estadounidenses trabajadoras que apenas pueden mantenerse a flote".
El senador Ted Cruz, entretanto, subrayó que "no hay forma de ‘cancelar’ la deuda estudiantil, [que] esto le costará a cada contribuyente un promedio de 2.100 dólares [y que Biden] está cargando ilegalmente a los estadounidenses trabajadores con deudas que no asumieron ellos".
Paralelamente, el senador John Cornyn lo calificó como una "política desastrosa" que aumentará la inflación y facilitará que las universidades aumenten la matrícula de los estudiantes, cuya carga de deuda se ha reducido repentinamente. Según PanAm Post, este punto de vista es compartido por el demócrata Larry Summers, quien fuera secretario del Tesoro en la Administración Clinton y presidente de la Universidad de Harvard.
Pero ahí no termina este revuelo. La propuesta de Biden es tan descabellada como sus otros proyectos que hasta el mismísimo economista de la Administración Obama, Jason Furman, dijo que el alivio de la deuda aumentaría "el riesgo de arrojar aproximadamente medio billón de dólares en gasolina al fuego inflacionario".
Por supuesto, los demócratas se prepararon para estas reacciones, insistiendo en que el efecto sobre la inflación sería neutral o deflacionario, al combinar la condonación de ciertas deudas con la reanudación de pagos de los préstamos restantes a partir del año que viene.
Aun así, no contaron con el análisis de ciertos críticos, como Mark Goldwein, director principal de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés), quien dijo que "ese argumento es falso y matemáticamente incorrecto".
Goldwein remarcó que, incluso, "los 23 millones de prestatarios con saldos restantes obtendrán el beneficio de cuatro meses más de pagos diferidos y pagarán menos por sus préstamos en el futuro, lo que probablemente impulsará su consumo y contribuirá a la inflación".
Examinando el asunto con luz larga, cabe mencionar que el plan de Biden probablemente eliminará algún beneficio en torno a la disminución del déficit de la Ley de Reducción de la Inflación, de 2022, recientemente aprobada por los demócratas. "Con el tiempo, a medida que los préstamos no se devuelvan, el Gobierno federal perderá dinero que, de otro modo, podría haberse devuelto", alertó el CRFB.
Aparte de atizar la inflación, así como el sentir nacional contrario a seguir perdiendo dinero en un momento como este, la condonación de los préstamos estudiantiles surtirá un efecto negativo en el bolsillo de los contribuyentes estadounidenses.
De acuerdo con Wall Street Journal, el Comité para un Presupuesto Federal descubrió que "el costo total del alivio de los préstamos estudiantiles sería de alrededor de 500.000 millones de dólares durante 10 años, incluidos $360.000 millones en deuda cancelada, $120.000 millones por cambios en los planes de pago y $20.000 millones por otra extensión de cuatro meses a la pausa de pago".
Para el director de política federal de la Unión Nacional de Contribuyentes, Andrew Lautz, entretanto, la cancelación de deudas estudiantiles traerá consigo "una transferencia de riqueza de la sociedad en general a las personas que pidieron prestado para ir a la universidad", hecho que tendrá "consecuencias para los consumidores, [ya que] aumentará los costos o el impacto presupuestario de la política en general".
De acuerdo con estimaciones de la entidad antes mencionada, la carga promedio sobre el contribuyente estadounidense será superior a los 2.500 dólares, monto que aumentará con los 10.000 dólares adicionales otorgados a los prestatarios de la Beca Pell.
Según el anuncio oficial de la Casa Blanca, el controvertido plan de alivio del presidente demócrata cumple con sus promesas de campaña cuando dijo que ayudaría a los estudiantes de familias con menos recursos, cancelándoles miles de dólares de sus deudas luego de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con el propio comunicado, a fin de ser elegibles para esta ayuda, los prestatarios que la soliciten deben tener un ingreso inferior a 125.000 dólares, en el caso individual, y a 250.000, en el caso de parejas casadas. En este sentido, el límite de ingresos se tomará a partir de las ganancias brutas ajustadas de 2021 o 2020.
Básicamente, el Departamento de Educación (ED, por sus siglas en inglés) proporcionará hasta 20.000 dólares en cancelación de deuda a los beneficiarios de la Beca Pell con préstamos del ED y hasta $10.000 en cancelación de deuda al resto de los beneficiarios.
Por lo que ha trascendido, casi todos los favorecidos con dicha beca provienen de una familia que ganaba menos de 60.000 dólares al año, razón por la cual "suelen experimentar más desafíos para pagar su deuda que otros prestatarios", puntualizó el informe.
Como dato adicional, el texto resaltó que estos beneficiarios concretamente suelen representar a más del 60% de los elegibles para la condonación, por lo que el Departamento de Educación estima que unos 27 millones de estudiantes obtendrán el perdón de hasta 20.000 dólares.
Cabe mencionar, que estos prestatarios tienen unos 4.500 dólares más en deuda que otros graduados, según un análisis de datos federales de 2020 realizado por el Instituto para el Acceso a la Universidad y Success, un grupo de defensa.
Por otro lado, aquellos que cumplan con los citados estándares de ingresos, pero que no recibieron una Beca Pell, podrán recibir hasta 10.000 dólares en alivio, de acuerdo con el anuncio de la Casa Blanca.
Quienes deban menos de 10.000 dólares (o 20 000, en el caso de la Beca Pell), entretanto, quedarán libres de toda deuda. Se estima que en esta situación hay alrededor de 15 millones de prestatarios.
En el caso de los préstamos de pregrado, habrá una reducción de los pagos mensuales a la mitad. Es decir, el ED propuso un nuevo plan de pago basado en los sueldos que limita los reembolsos mensuales de préstamos universitarios al 5% de los salarios discrecionales del prestatario.
Este porcentaje representa la mitad de la tasa que deben abonar ahora bajo la mayoría de los planes existentes, y significa que el pago promedio anual de préstamos para estos estudiantes se reducirá en más de 1.000 dólares para prestatarios actuales y futuros, según aclaró el texto.
Reparar el programa de Perdón de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés), es otro de los objetivos del plan. Se trata de que "los prestatarios que han trabajado en una organización sin fines de lucro, el Ejército, o el Gobierno federal, estatal, tribal o local, reciban el crédito apropiado para la condonación de sus préstamos".
Si todos los prestatarios reclaman el alivio al que tienen derecho, el plan de Biden ayudará a unos 43 millones de beneficiarios, incluyendo la cancelación del saldo total restante para aproximadamente 20 millones. Asimismo, aliviará a personas de todas las edades (entre las elegibles, el 21% tiene 25 años o menos; el 44%, entre 26 y 39 años, y más de un tercio, 40 años o más, rango que incluye al 5% de prestatarios que son adultos mayores).
La actual Administración asegura que el Departamento de Educación trabajará rápida y eficientemente para hacer que la solicitud sea simple y esté disponible, "a más tardar, cuando finalice la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles federales, al final del presente año".
Según el comunicado oficial, «para garantizar una transición fluida y evitar incumplimientos innecesarios, la pausa en el pago de préstamos estudiantiles federales se extenderá por última vez hasta el 31 de diciembre de 2022, [lo que significa que] los prestatarios deben esperar reanudar el pago en enero de 2023».
El texto también remarcó que casi ocho millones de prestatarios podrán ser elegibles para recibir el alivio automáticamente, pues sus datos de ingresos ya están disponibles en el Departamento de Educación. Igualmente trascendió que, gracias al American Rescue Plan, esta ayuda no será contemplada como ingreso sujeto al impuesto federal.
Aparte de eso, el ED facilitará la permanencia de los prestatarios que se inscriban en el plan. Es decir, a partir del verano de 2023, los beneficiarios podrán permitirle a dicha entidad que obtenga automáticamente su información de ingresos año tras año, evitando así la molestia de tener que volver a certificar sus ingresos anualmente.
Está clarísimo que una de las intenciones del plan de alivio del señor Biden, es ganarse la simpatía del grupo poblacional mayormente beneficiado con la condonación de las deudas: los jóvenes.
Como le está yendo tan mal con los niveles de aceptación de sus políticas, y ya casi están aquí las elecciones intermedias de noviembre, es de suponer que la presente Administración está motivada a realizar movimientos como estos para intentar salvarse.
Para Isabel Brown, colaboradora de Turning Point USA y votante de la generación Z, condonar préstamos estudiantiles es una técnica electoral. «Los progresistas miran las encuestas y se dan cuenta de que ya no tienen el monopolio de los votantes jóvenes en los Estados Unidos, [de hecho], la generación Z representa la mayor caída en el apoyo a esta Administración».
En declaraciones ofrecidas a Fox citadas por PanAm Post, Brown dijo que "perdonar los préstamos estudiantiles es un intento transparente y desesperado de recomprar los votos de un grupo que se ha desencantado con la izquierda".
Por supuesto, esta graduada universitaria no es la única con esa opinión. De acuerdo con la última fuente, ya son varios referentes conservadores los que sostienen que el propósito de condonar préstamos estudiantiles es atraer votantes jóvenes, sobre todo, aquellos que están en el rango de edad universitaria.
Desde el punto de vista del Gobernador de Florida, Ron DeSantis, la orden de Biden tampoco es constitucional, porque "los contribuyentes no deberían pagar la factura del alivio de los préstamos estudiantiles. En todo caso, las universidades que entregan títulos sin valor [son las que] deberían estar en el anzuelo".
Según el reporte de PanAm Post, "más allá del tema político y económico, condonar préstamos estudiantiles deja un precedente cultural e, incluso, histórico, [pues] le da una lección a esta generación: que no son responsables de sus actos, que otros pagarán por sus decisiones y que, si eligen carreras que no dan rédito, otro se encargará de acortarles gastos".
Básicamente, "en lugar de forjar adultos en la universidad, se les mantiene en una adolescencia prolongada: no asumen sus responsabilidades [y] forman parte de un Estado que fomenta la dependencia», remarcó la fuente, sin dejar de mencionar que, al concebir este plan, los demócratas "sepultan el sueño americano, pues matan la cultura del esfuerzo".
Desafortunadamente, esa es la cruda realidad acerca del plan de alivio de préstamos estudiantiles de Biden. Por más que se intente, no hay por dónde sostenerlo. Es cualquier cosa, menos objetivo, bien pensado y oportuno. Otro escollo para la economía. Otra medida alocada. En suma, una muestra más del desgobierno demócrata instalado en la Casa Blanca.
Sobre el Dr. Rafael Marrero
Multipremiado economista, empresario, comentarista de noticias y autor Bestseller. Su nuevo libro “América 2.0: La Guerra de Independencia de EE.UU. Contra China” está disponible en Amazon. https://bravozulupublishers.com